Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocan un paro indefinido ante la falta de respuestas por parte del Gobierno de España. Apuntan hacia la ministra de Justicia, Pilar LLop, cuya acción consideran “lamentable” por incumplir “de manera sistemática la Ley y las obligaciones que tiene con los Letrados de la Administración de Justicia y sus asociaciones”.
En una entrevista para Radio San Borondón, la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Esperanza Torregrosa, asegura que los LAJ no quieren huelga indefinida, “pero el ministerio no nos ha dejado otra opción”. Acusa al área dirigida por Pilar Llop de no querer reunirse con ellos, “ni siquiera nos escuchan”, lamenta.
En abril de 2022, los Letrados de Justicia desconvocaron la huelga que tenían prevista tras haber alcanzado un acuerdo con el ministerio. Si bien desde Justicia indican que solo falta cumplir uno de los puntos de los once firmados entre las partes, Torregrosa asegura que “el ministerio falta a la verdad cuando dice que se ha cumplido el acuerdo”.
“Pedimos perdón a la ciudadanía -que va a ser la principal afectada-, a los abogados y procuradores, al personal funcionario de la administración de justicia, jueces, fiscales y demás, el único culpable de esta situación es el ministerio”, manifestó la portavoz.
Después de los paros convocados de forma puntual a lo largo del año pasado, el último en diciembre, del que informó este medio de comunicación, los Letrados de la Administración de Justicia van ahora a la huelga indefinida. El Colegio Nacional del Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia son las tres asociaciones que convocan el paro.
Esperan que funcione como última medida de presión para forzar una respuesta del gobierno que atienda el incremento salarial que vienen reclamando desde que en 2009 aumentaran sus competencias sin que lo hiciera su retribución.
Con el objetivo de negociar con el ministerio de Justicia la atención de las demandas de este colectivo, han mostrado su voluntad de nombrar a cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial como mediadores en el proceso. Los nombres de los magistrados propuestos son: María Concepción Sáez Rodríguez, nombrada por IU; María Ángeles Carmona Vergara y Gerardo Martínez Tristán, nombrados por el PP; y Álvaro Cuesta Martínes, propuesto por el PSOE.
Foto: César Ortiz / EUROPA PRESS