Estamos ante la más grave crisis institucional y política de la democracia desde la Constitución de 1978, originada por los errores del PP y del PSOE.
El primer error del PP, del que dimanan todos los posteriores, es su pertinaz oposición a la renovación del CGPJ, lo que no tiene justificación alguna ya que el sistema vigente para el nombramiento de los Vocales del CGPJ fue establecido por el mismo, cuando tenía mayoría parlamentaria para hacerlo, mediante la Ley 4/2013, 28 de junio, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, en la que introdujo una modificación para que las Asociaciones Judiciales puedan proponer al Congreso para su nombramiento candidatos a los 12 Vocales Judiciales. Menos se entiende que el pretexto para que los llamados Vocales Conservadores se nieguen a renovar el COGPJ es exigir que para ello se modifique la LOPJ con el objeto de que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces, ignorando que el primer CGPJ, elegido por los jueces y Magistrados, que en realidad eran criptomilitantes conservadores, fue el más político de todos los CGPJ posteriores, como lo prueba la carga ideológica de los documentos y resoluciones que dimanaron del mismo. No se sostiene que este modelo sea el que ha establecido la Constitución ya que el artículo 122.3 de la Constitución lo que dice es que los doce Vocales Judiciales son elegidos “entre Jueces y Magistrados”, pero no “por jueces y Magistrados”. Tampoco se sostiene que Europa exige este sistema, ignorando que en Francia el Consejo Superior de la Magistratura lo preside el Presidente de la República, y el ministro de Justicia es su Vicepresidente; y en Italia el Consejo lo preside el Presidente de la República y el Procurador de la Corte de Casación, aparte de que tanto la Justicia como todos los poderes del Estado, dimanan del pueblo español ( artículos 1.1 y 117.1 de la C.E.). El otro error que viene cometiendo el PP en los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, es designar como Magistrados, algunos, notoriamente incompetentes, o vinculados descaradamente al P.P., por haber ocupado cargos públicos nombrados por dicho partido o realizado actividades profesionales o políticas para el mismo.
A estos errores se añaden otros errores reaccionales del PSOE. El primero, es designar como Magistrados del Tribunal Constitucional a un ex ministro y a una ex directora general, con lo cual pierde legitimidad moral para criticar al PP por hacer lo mismo y por no renovar el CGPJ. Para afirmar esto creo que estoy legitimado moralmente, por ser, probablemente, el único Magistrado español que no regresó a la Carrera Judicial tras haber ocupado altos cargos como militante del PSOE, motivado por la tradicional ética profesional y socialista. Creo que los jueces que han ocupado cargos políticos como militantes de un partido, no debieran volver a la Carrera Judicial, al haber perdido la imparcialidad ya que ser imparcial no consiste en serlo sino en parecerlo. ¿Cómo puede confiar un justiciable en un juez que ha ocupado cargos políticos como militante de un partido político?.
El segundo error del PSOE es haber aprobado en el Congreso tres leyes orgánicas: La de reforma del C.Penal para derogar el delito de sedición y rebajar las penas del delito de malversación de fondos públicos, la LOTC y la LOPJ, mediante un procedimiento legislativo tramitado con carácter de urgencia, iniciado por una Proposición de Ley con enmiendas, como la reforma de la LOTC, que nada tienen que ver con el Tribunal Constitucional, lo que vulnera el artículo 23 de la Constitución, aparte de que son reformas “ad hominen”, para favorecer a los socios independentistas catalanes del gobierno, lo que, Alfonso Guerra, con acierto, ha calificado como una forma de corrupción.
Y ya, para el colmo, se echa leña al fuego por el PP, reaccionando contra los anteriores errores del PSOE, con un recurso de amparo, en el que se ha adoptado la media cautelar de suspender el procedimiento legislativo para la aprobación de las mencionadas leyes en el Senado, lo que aparte del conflicto de poderes, crisis institucional y política, sin precedentes, y desconfianza en la Justicia, que ocasiona, nada impide que el Gobierno, renuncie o retire del Senado la tramitación de las mencionadas Leyes, y reinicie, de nuevo, un procedimiento legislativo mediante un Proyecto de Ley, previos los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal, o mediante una Proposición de Ley, esta vez sin enmiendas, con lo que aprobarían de nuevo las misma leyes, al tener mayoría parlamentaria, contra las que sólo se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad ante un TC con mayoría de Magistrados llamados progresistas.
Conclusión, todas las fuerzas políticas, e, incluso los Vocales del CGPJ y los Magistrados del TC, dicen defender el Estado de Derecho y la Independencia Judicial, y todos se han concitado para destruirla.