Escucha la intervención de Koldobi Velasco, profesora de Trabajo Social en la ULPGC
El pasado martes, 13 de diciembre, el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, una herramienta que sustituirá a la anterior Prestación Canaria de Inserción (PCI) y ha sido valorada por la consejera de Derechos Sociales del gobierno, Noemí Santana, como “un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales”.
Sin embargo, desde la Red Canaria en Defensa de los Servicios Sociales Públicos (Redesscan) manifiestan que esta renta de ciudadanía es insuficiente en su cobertura y su intensidad protectora. Señala una de sus portavoces y destacada activista, Koldobi Velasco, que las 40.000 personas a las que aspira a llegar esta herramienta suponen tan solo un 5% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social registrada en el último informe AROPE de 2021, que eleva a más de 800.000 personas las que se encuentran en esta situación en el Archipiélago.
De igual forma, señala Velasco que esta renta ciudadana no llegaría siquiera a dar cobertura a las más de 365.000 personas que atraviesan una situación de pobreza severa. Un desarrollo pleno de la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias aprobada en el Parlamento apenas lograría a alcanzar a alrededor del 10% del citado colectivo.
“Estas rentas mínimas no suponen cambios realmente en el estado del bienestar ni ningún esfuerzo presupuestario, mantiene las trampas de las desigualdades, la situación del empleo como única alternativa, es un esquema meritocrático y no acaba con las situaciones de injusticia, de explotación y de precariedad”, explicó Koldobi Velasco para Radio San Borondón.
Argumenta esta reconocida profesora de Trabajo Social de la ULPGC que desde Redesscan apuestan por una “renta básica de las iguales”, que entienden como una alternativa capaz de generar cambios en la estructura económica y una redistribución de la riqueza más efectiva. Esta herramienta alternativa se plantea con carácter “universal, incondicional, individual y suficiente”, explica Velasco, puesto que llegaría a todas las personas en situación de pobreza y exclusión social y eliminaría el “control y sometimiento que se hace con este tipo de rentas mínimas”, resalta, refiriéndose a los requisitos establecidos para acceder a prestaciones como esta renta de ciudadanía.
“Por la insuficiente cobertura y la intensidad protectora que puede dejar todavía personas bajo el umbral de la pobreza, porque solo va a llegar a un 10% de la población en pobreza severa en su máximo desarrollo o a un 5% de la población canaria en riesgo de pobreza y exclusión nos parece insuficiente esta renta ciudadana canaria”, finaliza Koldobi Velasco.