La Asociación Salvar La Tejita responde a las declaraciones aparecidos estos días en algunos medios de comunicación en relación al macroproyecto del Puertito de Adeje.
«Nos vemos en la obligación de tener que reaccionar y responder – con razones más que suficientes- para desmontar esta opinión de los constructores tinerfeños, con titulares como: «Los constructores tinerfeños opinan que Transición Ecológica «es un peligro» por paralizar Cuna del Alma» (Cadena SER), «Transición Ecológica ahuyenta a los inversores al paralizar Cuna del Alma» (El Día), o «Los empresarios alertan del daño a Tenerife por el freno a Cuna del Alma» (El Día).
La Asociación aclarara que no considera a todos los inversores, tinerfeños o foráneos, unos especuladores, expoliadores, ni depredadores de espacios naturales de gran valor ecológico. Y aclara que los constructores honrados jamás ponen trampas en sus informes de impacto medioambiental, ni mienten asegurando tenerlo todo en orden, ni actúan con violencia contra defensores de la naturaleza y activistas pacíficos. «Éstos son bienvenidos como inversores en función de cubrir las necesidades de las islas y no tienen nada que temer ni de las instituciones ni de los ecologistas ni de la ciudadanía en general», indican.
Salvar La Tejita califica de espectáculo grotesco el hecho de que en un estado de derecho se diga que el cumplimiento de la ley pone en riesgo y resulta incompatible con ciertos modelos de negocio de los sectores de la construcción y del turístico que operan en el archipiélago. Porque de ser así, no cabe duda de que hay que revisar urgentemente dichos modelos.
Aclaran que el Gobierno de Canarias finalmente no ha hecho otra cosa que cumplir la ley con la paralización de las obras de Cuna del Alma, tras 5 meses de incansable presión social y un sólido argumentario técnico. «Debió entender que es mejor actuar dentro de la ley que exponerse a las consecuencias de proceder al margen de ella», puntualizan.
La Asociación entiende que lo razonable es que los poderes públicos actúen de oficio para proteger el medio ambiente en cumplimiento de sus funciones, sin depender de denuncias de colectivos ecologistas o de la presión social. Y que en el caso de Cuna del Alma la administración está haciendo lo que debe, que no es otra cosa que aplicar la ley.
Señalan asimismo que la clase político-empresarial que opera en Canarias, y sus medios de comunicación afines, frecuentemente recurren a lamentarse sobre la ‘inseguridad jurídica’ que genera la exigencia social del cumplimiento de las leyes medioambientales y ahora, también, patrimoniales. Y se remiten a las palabras del catedrático de economía de la ULL Federico Aguilera Klink, quien asegura que esta estrategia forma parte del “modelo económico victimista” de Canarias.
Para Salvar La Tejita, si hay una conclusión a la que claramente debe llegarse tras lo ocurrido con el hotel de La Tejita, paralizado ya por varios años a la espera de una decisión judicial, y ahora con el Puertito de Adeje, es que aniquilar parajes naturales y su biodiversidad o destrozar el patrimonio arqueológico genera, y debe generar, una total y absoluta inseguridad en los inversores del cemento. «Esa es la idea, al fin entienden el mensaje: Seguir destruyendo el ecosistema que nos da de comer no es viable. Es suicida. Y no es un buen negocio. Sino una actividad de alto riesgo económico. Toda un aviso a navegantes de los mares de hormigón».
La emergencia climática es una situación crítica que – advierten – no desaparecerá ni cerrando lo ojos ni mirando hacia otro lado, hacia el lado del dinero rápido de los pelotazos urbanísticos. Y la ciudadanía es muy consciente de ello. La preocupación y la lucha por preservar el medio ambiente no deja de crecer, y lo seguirá haciendo en tanto siga aumentando el riesgo al que se enfrenta la vida en el planeta.
Sobre el argumento de quienes defienden ‘Cuna del Alma’ porque es un proyecto que se gestó hace muchas décadas’ la Asociación responde que esa es, precisamente, su principal debilidad. Proviene de una mundo caduco, una mentalidad en vías de extinción. Propia de un pasado que nunca volverá. Un modelo desarrollista basado en el crecimiento infinito que nos ha traído hasta aquí: una isla con carreteras colapsadas y costas repletas de vertidos incontrolados de aguas fecales que se saldan con frecuentes cierres de playas y multas millonarias. Se acabaron los años dorados de la especulación en los que el territorio era el bien menos preciado.
«Ya no hay lugar para especuladores tramposos y violentos que crean tener derecho a pasarse las leyes por el forro en Canarias. Quienes actúan así, lo hacen porque se creen intocables, como, de hecho, lo han sido en ese pasado que tanto añoran. De hecho, hay muchos políticos, alcaldes entre ellos, e instituciones fáciles de ‘convencer’. Desconocemos el método de persuasión, pero huele a podrido. Con cierta frecuencia, los trámites y permisos se agilizan con demasiada ligereza, y con mucha opacidad. Las autorizaciones se mueven mucho más rápido que el necesario trabajo de comprobar exhaustivamente el cumplimiento de todas las normativas. Y como resultado, cuando la sociedad pone la lupa en tales trapicheos, frecuentemente surgen las inconsistencias insalvables», afirman.
Es por ello que proliferan por la costa de toda Canarias hoteles inacabados o con órdenes de demolición. Y tal como señala el colectivo empieza a ser cada vez mayor el número de políticos que acaban pasando sus días en prisión por consentir deliberadamente el incumplimiento de las leyes y ser cómplices de empresarios marrulleros.
«De aquí en adelante, no puede seguir consintiéndose ni normalizándose que tenga que ser la ciudadanía, a través de su vocación ecologista o activista, la que, de forma voluntaria y altruista, haga el trabajo de políticos y funcionarios que cobran sueldos de fondos públicos, y que tienen la competencia y obligación de asegurar que no existan engaños y falsos informes en los expedientes urbanísticos», concluyen.