El imperio de la ley no existe en España.
La Justicia no es independiente porque está controlada por los partidos políticos. Lo que sí existe es el imperio de la Banca y el poder fáctico de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), bendecidos por el Opus Dei y la Conferencia Episcopal Española.
La politización de la Justifica nace en los aparatos de los partidos políticos que son los que proponen a sus jueces y magistrados (“amigos”), según convenga al PSOE y al PP y otros partidos. Lo que evidencia que, el poder judicial y la columna democrática de la judicatura, carece de independencia.
¿En qué coño país de la Unión Europea (UE) se ha visto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, haya permanecido en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, bloqueado por el Partido Popular (PP) en defensa de sus “intereses” y ciertos asuntos judiciales pendientes que afectan a la derecha corrupta que lidera Núñez Feijóo?
Sus señorías se han apoltronado en sus cargos durante cuatro años ocupando ilegalmente sillones caducados y muy bien remunerados en clara desobediencia a la propia Constitución Española (CE).
¿Qué respeto y acatamiento a sus decisiones judiciales le podemos tener a un CGPJ que no respeta, no acata y se rebela contra el mismísimo imperio de la ley que dicen representar? Esos señores y señoras que dictan sentencias de cárcel, se pasan la Constitución por el “arco del triunfo” y por la Puerta de Alcalá.
Ante una situación tan controvertida que estaba enquistada por intereses políticos y personales, Europa activó sus alarmas. Para poner orden nos enviaron al Comisario Reynders. El representante europeo comprobó in situ las desavenencias e intereses políticos en pública y encendida contienda entre PSOE, PP, jueces, magistrados y fiscales. Su intervención fue determinante para desmontar el oscuro entramado de una “dictadura” encubierta comandada por Carlos Lesmes y ciertos miembros de la judicatura y sus mandarines antidemocráticos. Este golpe a la democracia del Poder Judicial dirigido, presuntamente, por el ya expresidente, Lesmes y sus acólitos, provoca vergüenza y bochorno. Todo muy grotesco, ridículo y extravagante. Un despropósito impropio de un país y un Gobierno que va pregonando democracia, libertad, justicia, igualdad y progreso.
Como les decía anteriormente, la “rebelión” del Poder Judicial en España, obligó a desplazarse urgentemente a Madrid al Comisario europeo de Justicia. La situación en el epicentro de la judicatura se hacía insostenible. Un panorama alarmante y agónico seguido con preocupación desde la Casa Real. El rey, Felipe VI, no ocultaba su perplejidad el pasado 7 de septiembre con motivo de la inauguración del año judicial 2022-2023 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS). El año judicial más convulso de los últimos tiempos. La tensión se cortaba con un cuchillo.
El Comisario Didier Reynders, llegó a Madrid con una misión determinante: poner de acuerdo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que el Partido Popular acabara con su bloqueo. Obligando, además, a Carlos Lesmes a presentar su dimisión tal y como ha ocurrido recientemente. Más que una dimisión, ha sido un empujón para que abandonara el cargo por la puerta de atrás. A las buenas o a las malas. Por fin, ya lo tumbaron.
Había que apagar el fuego que arrasaba el tabladillo y sus coplas interpretadas por el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ. Era urgente restablecer el orden donde reinaba el desorden en un asirocado “imperio de la ley”, presidido por un “cardenal de la codicia” donde la anarquía, la deslealtad a la Constitución y la chulería de ciertos de sus miembros, convirtieron el CGPJ y el TS en un casino de togas. Unos señores y señoras que cobraban sin trabajar durante cuatro años. (¡A vivir que son dos días!)
Conviene recordar a los Jueces y Magistrados que la independencia judicial es el principio de que la judicatura y fiscalía debe ser inmune de las injerencias de los poderes políticos o extra políticos. Algunos se mueven en aguas turbulentas…
Como nota distintiva de la Jurisdicción como función estatal autónoma, recogida en el artículo 117.1 CE, supone la plena soberanía de los Jueces y Magistrados al ejercer su función de tutela y realización del Derecho objetivo, sin subordinación ni sumisión a otra cosa que la Ley y el Derecho.
A estas alturas de la película, ¿el Partido Popular cumplirá con la Constitución de 1978 o se negará a renovar la cúpula judicial continuando con su bloqueo y actitud antidemocrática? ¿Qué “golpe” preparan VOX y el PP? Al Poder Judicial, claro…