En Canarias más del 96% de los abortos son practicados en clínicas privadas.
Con motivo del Día Internacional de la lucha por el Derecho al Aborto y por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Plataforma por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito celebró una rueda de prensa para seguir “defendiendo los derechos para todas” y extender el grito que desde hace décadas “sale de millones de gargantas envueltas en pañuelos verdes”.
Entienden que el contexto internacional sobre la legislación del aborto continúa siendo desfavorable para las mujeres. En algunos países como Estados Unidos y Polonia, donde la ultraderecha utiliza las instituciones para restringir derechos de las mujeres, se han dado importantes retrocesos. Otras naciones, como Malta y Andorra, continúan sufriendo un bloqueo que sigue provocando detenciones, juicios y encarcelamientos a quienes abortan. También en países como España, Italia, Argentina o Colombia, los sectores reaccionarios están suponiendo un freno importante al avance legislativo en materia de derechos para las mujeres y, en concreto, el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Denuncian desde la Plataforma, que en Canarias más del 96% de los abortos son practicados en clínicas privadas, lo cual achacan a una voluntad de “destruir la sanidad pública en beneficio de la privada a costa de dinero público, al mismo tiempo que aplican criterios morales para restringir el derecho a abortar en los hospitales públicos”.
Anuncian que se encuentran a la expectativa para observar el desarrollo de la nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que durante los próximos meses será discutida en el Parlamento español. La Plataforma por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito avisa que desde el movimiento feminista no apoyarán dicha ley no contener avances significativos para garantizar este derecho.
Esperan de la futura legislación que elimine las restricciones existentes para practicar una IVE en lo referente a la edad, consentimientos paternos o excesivos trámites burocráticos, así como “una regulación específica de la objeción de conciencia en los centros públicos canarios que no menoscabe el derecho a la IVE” y no anteponga las creencias políticas o religiosas del personal sanitario en estas circunstancias. Asimismo, piden desarrollar desde lo público una Educación Sexual y Afectiva con perspectiva de género, facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos dentro de la Sanidad Pública y dotar de más recursos humanos y materiales a la red sanitaria para atender lo referido a la salud sexual.
En definitiva, la Plataforma ha vuelto a reivindicar este 28 de septiembre, que “el derecho al acceso al aborto en una cuestión de salud pública que se debe garantizar por los Estados en condiciones de igualdad, legalidad, seguridad y gratuidad”.