Tras conocerse el jueves que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide su imputación por el caso Reparos, Fernando Clavijo aseguraba en los medios que renunciará al aforamiento si resulta imputado.
El denunciante del caso Reparos, senador por la Comunidad y concejal de Ordenación del Territorio en el Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez, recuerda que Clavijo no puede renunciar al aforamiento y ser senador. “Es un prófugo del Parlamento que tenía que haberse quedado a hacer oposición, que es el lugar donde le pusieron los electores, pero salió corriendo desde que se derogó el aforamiento en Canarias”, y añade que “Aforarse es huir del juez predeterminado por Ley, del juez natural, quebrar el principio de igualdad ante la ley para elegir el tribunal”.
“Intentó un amaño para seguir siendo presidente, a pesar de perder las elecciones, pero no lo consiguió y se marchó porque esta camada de líderes de Coalición Canaria (CC) está acostumbrada a ejercer el poder. Y cuando lo pierden parecen pollitos desplumados política, intelectual y socialmente hablando”, señaló.
Pérez recuerda que Clavijo salió corriendo desde que se derogó el aforamiento para los diputados al Parlamento de Canarias y los miembros del Gobierno canario, y se fue al Senado a utilizar la Cámara que dice que hay que cerrar, para aforarse.
Aforarse –añade—“significa elegir el tribunal que te va a investigar, incluso a juzgar; huir del juez predeterminado por la Ley, del juez natural, quebrar el principio de igualdad ante la ley, que es fundamental en nuestro orden constitucional, para elegir tribunal. El Tribunal Supremo, que todo el mundo sabe es más históricamente influenciable políticamente, hasta por la forma de designación de algunos de sus magistrados”.
“Como Clavijo cree que el aforamiento es un privilegio se ha permitido decir que va a renunciar. Pero el aforamiento no es un derecho de los parlamentarios, es una prerrogativa de la Cámara, de modo que no puede seguir siendo senador y renunciar al aforamiento, que es lo que buscó como un privilegio huyendo desesperadamente del Parlamento de Canarias y del juez natural predeterminado por la Ley”.
Esa Cámara, que dice no sirve para nada y hay que cerrar, “a él le ha servido al menos para tres cosas: elegir el tribunal, cobrar y para no asistir a votaciones muy importantes. Y cuando lo hace suele votar junto a PP y Vox, la representación por excelencia del centralismo de Estado, no digo del autoritarismo, del centralismo de Estado. Se están gestando cosas en un espacio muy sombrío y la ciudadanía tiene derecho a saberlo”.
Santiago Pérez recuerda que se vio obligado a llevar el Caso Reparos a los tribunales en cumplimiento de un deber legal, después de haberlo advertido durante más de un año en seis plenos municipales distintos. Frente a la exigencia de que había que terminar con aquellas prácticas sólo hubo desdén, desprecio y continuidad de prácticas delictivas.
Unas prácticas que “no inventó Clavijo sino su mentora, Ana Oramas. Lo que pasa es que cuando tuvimos conocimiento del origen de estas prácticas el periodo de Oramas ya estaba prescrito desde el punto de vista del derecho penal”.
Se acostumbraron “al abuso de poder –sigue diciendo—, a la desviación de poder en un tema tan delicado como la contratación pública, cuyas normas no son un capricho del legislador, sino que están pensadas para garantizar la buena administración del dinero de los contribuyentes, la selección de las mejores ofertas, la libertad de concurrencia y el principio de igualdad de todas las empresas”.
Corrupción y limpieza del juego democrático
La experiencia nos enseña que la corrupción entra en el edificio de las instituciones públicas a través de dos vías preferentes: la de la contratación pública y el urbanismo.
“Y cuando formulé estas denuncias lo hice también para defender la limpieza del juego democrático. Porque a veces he tenido la sensación de que CC disponía de un fondo de financiación electoral inagotable. Era apabullante. Y me preguntaba siempre de dónde sale ese dinero”.
La experiencia –comenta—“le obliga a uno a preguntarse: cuando la Administración autoriza una empresa sin concurso público a continuar con la gestión de servicios municipales una vez terminado el contrato ¿a cambio de qué es? Porque se le está haciendo el favor de continuar con una línea de negocio que les proporciona beneficios. Si no, simplemente se negarían a continuar gestionando esos servicios”.
Conceptualmente es a cambio de financiación electoral, a cambio de prebendas para los cargos públicos que hacen esos favores o a cambio de que en muchas de esas empresas se contrate a las personas señaladas por el Gobierno municipal, práctica en la que Clavijo, está acreditado, es un consumado especialista.
Y cuando llenas las plantillas de empresas con cientos de trabajadores, muchos de ellos sin gran cualificación, puedes estar colocando a los primos, hermanos, hijos y demás familiares de muchos personajes del municipio que se dejan la piel en las campañas a favor de Coalición Canaria. Porque creen, o así se les hace creer, que si cambia el Gobierno todos sus familiares y allegados, o ellos mismos incluso, van a perder el empleo que se les consiguió de favor”.