Inma Évora intervino este jueves en Radio San Borondón, donde explicó el proceso que ha llevado a la Plataforma de Denuncia y Protección Animal en Canarias a denunciar a una granja en la isla de El Hierro, donde, a pesar de que se ha demostrado y denunciado el maltrato a un conjunto de cerdos, la explotación ganadera continúa funcionando sin que haya sido sancionada.
Évora explicó como se llevó a cabo la toma de pruebas de manera presencial, con la asistencia de un veterinario y con la colaboración de diferentes asociaciones, de la que fueron rescatados diez cerdos desnutridos y gravemente enfermos que estaban esperando morir lentamente, “porque eso es lo que supone morir de hambre: una agonía lenta, cargada de desesperación, sufrimiento y dolor”.
Aunque se denuncia que los propietarios de estas explotaciones ganaderas son los responsables directos del maltrato infringido a esos animales, Inma Évora considera que se debe poner el foco en otros responsables indirectos en estos casos, ya que nos encontramos con una regulación que, lejos de velar por su bienestar, los cosifica y determina su sacrificio como su destino primero y último, bien para su consumo, bien para su desecho. Afirma que las Administraciones Públicas deben ejercer sus funciones, no sólo de cara a la vigilancia de estas explotaciones ganaderas, sino también velando por el cumplimiento de las condiciones mínimas de salubridad, higiene y alimentación de los animales, sin olvidar el trato digno que merecen y su bienestar. Actuando de forma más contundente contra los delitos de maltrato animal que se producen en este o cualquier otro ámbito.
Lamenta también que día de hoy, y al contrario de lo sucedido en la isla de La Gomera, donde el Juzgado de Primera Instancia e instrucción N° 1 de San Sebastián de La Gomera, ordenó su clausura, este lugar todavía alberga animales, y ha continuado con su actividad a pesar de tener varios informes negativos del Seprona, fruto de diferentes denuncias recibidas.
Más allá del debate y la decisión personal sobre lo adecuado o no del consumo de carne, Inma Évora destaca que la administración pública no debe obviar cómo se maltrata a día de hoy a los animales «de consumo». Alerta de que la ciudadanía no puede ser ajena a las condiciones en las que viven y son explotados estos animales, nacidos y criados para su consumo “mueren para dar de comer a millones de personas, razón por la que el ser humano debería tener mayor conciencia, respeto y empatía”, afirma.
Consideran desde la Plataforma que no puede seguir consintiéndose que delitos como este queden impunes y que la única respuesta de las administraciones, sea acabar con la vida de los animales, su sacrificio, mientras los maltratadores continúan ejerciendo una actividad para la que deberían ser inhabilitados.
Para Évora no es de recibo que -tal como ocurrió la semana pasada en La Gomera donde se clausuró una granja similares condiciones- , la solución planteada ante un problema de salud pública sea el sacrificio de 60 animales “por razones de humanidad”. Y considera que es una excusa más, una solución rápida y poco compleja que implica mucho menos trabajo que educar, controlar, fiscalizar y regular mejor, para evitar que los animales sean los que sufran siempre las consecuencias de la irresponsabilidad del ser humano.
Recuerda que en general los casos de maltrato son escondidos o enmascarados para evitar su cuestionamiento social y el debate de la ética en el consumo de la carne: un mercado en el que se desechan toneladas de “productos» al año, que suponen el sacrificio injusto e inútil, de millones de animales. Y advierte de que tras estos casos se esconden presuntos delitos contra la salud pública, por la cantidad de irregularidades que esconden: cría y venta ilegal, falta de identificación de los animales criados, no censados, duplicidad y venta ilegal a terceros para destinar su carne al consumo humano, provocándoles la muerte sin asistencia veterinaria, lo que implica métodos que infringen sufrimiento, no son indoloros y son una forma más de maltrato, añadido al ya recibido; falta de control sanitario, instalaciones poco adecuadas y que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad e higiene que se le presuponen a este tipo de instalaciones ganaderas, con las consecuencias que conllevan para la salud pública.
Por tanto, en nombre de la Plataforma, exige a las Administraciones Públicas una mayor vigilancia que garantice una intervención rápida y adecuada ante la denuncia o conocimiento de que esto puede estar sucediendo en cualquier otra explotación ganadera y que no vuelva a pasar por alto su obligación de poner en conocimiento de la justicia la comisión de cualquier tipo de delito.
“No podemos dejar de recordar que abandonar animales en granjas y permitir que mueran de hambre, también es maltrato, que no deja de ser un delito, aunque los animales que estén siendo maltratados sean de especies destinadas al consumo o cualquier otra actividad a la que el ser humano los destine”, concluye.