Ya está bien. El viernes pasado comparecí ante los medios de comunicación para hacer llegar a los gobiernos de España y de la Unión Europea el mensaje del hartazgo de Gran Canaria ante sus políticas migratorias en la isla.
Ya está bien de ningunear a Canarias y a su Gobierno e instituciones insulares y locales, de maltratar a esta tierra y de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes. Ya está bien de seguir insistiendo en convertir a nuestra isla en una cárcel, reproduciendo el modelo experimentado en Moria o Lampedusa. Ya está bien de ignorar las consecuencias de la pobreza, el hambre, la desigualdad, la pandemia (a los países empobrecidos apenas han llegado 25 vacunas), la violencia, las guerras, las persecuciones y la deuda histórica de Europa con el continente africano.
Durante todos estos últimos meses me han escuchado en repetidas ocasiones insistir en la denuncia del tratamiento de la crisis migratoria por parte de los Gobiernos de España y Europa. Es más, el pasado mes de septiembre escribí un artículo en este medio titulado “Políticas migratorias que generan odio” en el que alertaba de las peligrosas consecuencias que podían acarrear las nefastas políticas llevadas a cabo por ambas instituciones en Canarias. En aquel entonces ya denunciaba el hacinamiento en condiciones infrahumanas en el muelle de Arguineguín de unas 400 personas. Arguineguín llegó a albergar más tarde a 2.600 personas hasta convertirse en “el muelle de la vergüenza” cuyas imágenes dieron la vuelta por toda Europa.
Hoy ese campamento ha sido desmantelado, pero desgraciadamente la situación no sólo no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado. Varios cientos de personas malviven en la actualidad en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, sin agua, sin electricidad, y entre basuras. Hay algunos que han pasado allí más de 13 días, cuando el límite legal son 72 horas y entre ellos se han detectado incluso menores. Tal es la situación que el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias va a presentar una queja sobre este centro al Defensor del Pueblo. No descarto que el Cabildo analice en profundidad la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Además, los migrantes que son puestos en libertad, tras pasar las 72 horas retenidos, son abandonados en la calle a su suerte, sin recursos, tan solo dependiendo de la atención de unas ONG que están desbordadas. Por si fuera poco, la policía, evidentemente cumpliendo órdenes del Ministerio del Interior, está realizando controles en el Aeropuerto de Gran Canaria para retener durante horas a africanos con papeles e impedir que viajen a la península al encuentro de sus familiares, amigos o conocidos. Se está incumpliendo la ley y se están violando los derechos humanos persistentemente, tal y como denuncian distintas organizaciones sociales.
Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de varios incidentes violentos en los que al parecer (siempre siendo muy cautelosos) se han visto implicadas algunas de estas personas migrantes en situación irregular. Aunque son hechos puntuales, era algo previsible que se pudiera producir. No se puede concentrar a miles de personas sin recursos en un territorio, sin atención y sin medios, y dejarlas desamparadas y menos en una situación de crisis como la actual. Las personas luchan por sobrevivir y se generan conflictos entre ellos e incluso con la población local. Además, la falta de control y la pésima gestión hace que sea imposible detectar a las que tienen un perfil conflictivo o que pudieran tener antecedentes en sus países de origen, lo que es un riesgo incluso para el resto de migrantes con los que conviven o han convivido en estos centros. Primero han convertido a Gran Canaria en una cárcel y ahora en una cárcel sin medios ni vigilancia. Esto tiene que parar ya o las consecuencias pueden ser muy graves.
Estos hechos han generado alarma y miedo. También estamos asistiendo al surgimiento de todo tipo de iniciativas y mensajes xenófobos y racistas, hasta el punto de que se ha creado un grupo de Whatsapp para ir a agredir a migrantes en el Sur y se han compartidos vídeos amenazando de muerte a un joven migrante. Esta persona afortunadamente ya ha sido detenida. Por las redes se están convocando “quedadas” para ir a por el “moro”. El partido ultraderechista, de cuyo nombre no quiero acordarme, no para de azuzar el odio y de subir en las encuestas.
Estoy muy sorprendido por la irresponsabilidad y el desastre del Gobierno de España en la gestión de los flujos migratorios en Canarias. Está generando un peligroso caldo de cultivo y un escenario idóneo para el auge de los discursos de odio y la intolerancia, en una tierra que se caracteriza por todo lo contrario. Para poner fin a este sinsentido es necesaria la activación inmediata de derivaciones a la Península, ya que mientras esta situación se produce en Canarias, allí hay miles de plazas de acogida idóneas que están vacías y lo van a seguir estando ya que la ruta marítima que está activa es la de Canarias y el COVID ha frenado las entradas por los aeropuertos. Echo de menos la solidaridad de las comunidades autónomas peninsulares y la voluntad del Gobierno por pactar con ellas acciones que favorezcan el acogimiento transitorio de los hombres y mujeres que han arribado a nuestra tierra a través de esta peligrosa ruta atlántica que tantas muertes está dejando en el camino.
Hay que habilitar más recursos estructurales para la gestión de las migraciones y para la puesta en marcha de centros de acogida dignos para estas personas, ya que vamos a seguir siendo uno de los territorios receptores de migrantes. Es imprescindible una mayor celeridad en las pruebas óseas para detectar la edad, porque se está dejando a menores en una situación de desamparo y porque muchos adultos se pasan meses conviviendo con menores. Por supuesto hay que implementar políticas activas de integración y sensibilización y de lucha contra el racismo y la xenofobia. Y a largo plazo es imprescindible un cambio radical en las políticas de migración, apostando por vías migratorias legales y seguras y por la migración como un factor de desarrollo para todas las partes implicadas.
Desde Gran Canaria me manifiesto, con toda la fuerza que supone representar a una población sensible y comprometida con los valores democráticos, pero a la vez exigente, ante las instituciones responsables de que este estado de cosas termine inmediatamente. Ya está bien.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria