Adjuntamos a continuación el escrito que Santiago Pérez remitió al periódico El Día, en respuesta a una serie de informaciones publicadas por el rotativo, especialmente el domingo día 17 de enero, que considera son falsas e injuriosas. A pesar de que a Santiago Pérez le asiste el derecho de rectificación, el periódico ha vetado esta respuesta que reproducimos a continuación.
Don Joaquín Catalán Ramos, director del periódico “El Día”.
Avda. Buenos Aires 71 Bajo, CP 38005, Santa Cruz de Tenerife
1.- En las ediciones del periódico El Día de los días 17 y 21 del mes corriente, intensificando una estrategia dirigida a lesionar mis derechos fundamentales, se vuelven a difundir informaciones inexactas y falsas, de las que algunas tienen naturaleza injuriosa y calumniosa.
En algunas de dichas informaciones, siguiendo la estela inaugurada por Francisco Pomares en el artículo “Un triángulo que se repite” y por declaraciones periodísticas de Fernando Clavijo, que disfruta de la condición de aforado, se atribuyen a representantes del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y, más recientemente, al Interventor General del Ayuntamiento de La Laguna, así como a mí mismo, conductas que de ser ciertas serían constitutivas de graves delitos perseguibles de oficio.
[Entre otras las siguientes:
-Francisco Pomares:
“…La reunión entre la Farnés y el concejal Pérez se produjo a mediados de julio del pasado año, pocos días después de que se supiera que Clavijo sería propuesto por el grupo parlamentario de Coalición Canaria como senador por la Comunidad Autónoma….” …”…lo que queda es la sospecha de una creciente connivencia de intereses entre políticos, fiscales y jueces, una voladura de la separación de poderes, imprescindible para que la libertad y la democracia pervivan…”. El Día 14/06/2020.
-Fernando Clavijo:
Pregunta.-Por cierto, se acabó el caso Grúas…Y apenas un par de días después saltó el Caso Reparos.
Respuesta.- “Considero que tal actuación corresponde a un mandato concreto, un mandato por un grupo político, donde se le encomendó a la señora Farnés Martínez-Frigola lograr que para las pasadas elecciones autonómicas tuviera la condición de investigado, consiguiendo de esta manera perjudicar la continuidad de Coalición Canaria en el Gobierno autonómico y logrando la señora fiscal el fin propuesto.”
Pregunta.- ¿Pero cuál es el beneficio? ¿Qué provecho obtiene?
Respuesta.- “Tal pregunta tendrá su respuesta por sí sola en las próximas semanas, cuando en el próximo Consejo de la Fiscalía General del Estado se nombre a doña Farnés, fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife; esa es la contraprestación….”. El Día, 19/07/2020.”]
2.- En la misma línea de manipulación informativa, en la ediciones impresa y digital del pasado 17 de enero, domingo, firmada por Daniel Millet, se afirma textualmente “Abreu, ex teniente de alcalde retirado de la política y antiguo socio de Santiago Pérez, no solo acusa a éste y a su abogada de presionarlo para condicionar su declaración, sino que culpa a Pérez de conspirar con el interventor de La Laguna para preparar la denuncia e ir contra Clavijo aún a sabiendas de que eran acusaciones infundadas.”
Dichas afirmaciones no las ha realizado el aludido Javier Abreu en su declaración como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, en el llamado Caso Reparos, sino que las hace Daniel Millet en un alarde más de manipulación periodística e informativa. De ser cierta, dicha conspiración sería constitutiva de diversos delitos perseguibles de oficio.
Es imprescindible subrayar, para conocimiento de la opinión pública, que el Sr. Abreu declaraba como investigado y en ejercicio de sus derechos de defensa. Y, por tanto, sin estar sometido a juramento de decir la verdad: por lo que sus afirmaciones no tienen la naturaleza jurídica de denuncia ni de declaración testifical, ni están sujetas a las consecuencias derivadas de la realización de una denuncia falsa o de prestar un falso testimonio.
3.-En las citadas ediciones del periódico que Vd. dirige, se utilizan titulares –con la visible intención manipuladora de la opinión pública y de dañar mis derechos constitucionales– que no corresponden a la realidad ni al contenido de las propias “informaciones”:
“La Laguna contrata a dedo a la abogada del PSOE defensora de Santiago Pérez”(El Día 17/01/2021) o “Pamparacuatro investiga la denuncia a Santiago Pérez por obstrucción a la justicia.” (El Día 21/01/2021).
Porque no he necesitado ninguna abogada defensora, ya que mi participación en los asuntos judiciales conocidos como “Caso Reparos” o “Caso Grúas” lo ha sido en calidad de denunciante y de acusador popular, en cumplimiento del deber legal que impone a los cargos públicos el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y porque, según se reconoce en el propio texto publicado el 21/01/2021, “…el juez Pamparacuatro tendrá que iniciar ahora las diligencias, extremo que aún no se ha producido…”
Para el citado articulista, involucrado hasta el fondo en una actitud difamatoria, tampoco es irrelevante que no se me mencione personalmente en la Providencia de la Magistrada-Juez Serrano-Jover, dictada a raíz de las declaraciones de Javier Abreu. Como tampoco debe serlo que en dicha Resolución, haciéndose eco de las palabras del Sr. Abreu, se aluda al Sr. Clavijo Batlle como la “estrella” (y no como “el objetivo” de las denuncias que han dado lugar al Caso Reparos). Entre los años 2011 y 2015, Fernando Clavijo ha dictado 85 Decretos en materia de contratación, desoyendo las constantes advertencias de ilegalidad. Es uno de los dos grandes protagonistas de todo este modus operandi de ilegalidad, que ha sido objeto de sucesivas denuncias.
4.-En la misma “información” del 17/01/2021, Daniel Millet, refiriéndose de nuevo a las declaraciones de Javier Abreu, afirma que “Recordó que Santiago Pérez anunció que iba a añadir el caso de Urbaser en su denuncia. Ni lo hizo, ni el contrato ha salido de nuevo a concurso”
Esas afirmaciones que el articulista podría haber contrastado si tuviera alguna estima por la veracidad de la información -que es el fundamento de su protección constitucional- son falsas.
En primer lugar, porque con fecha de 4 de febrero de 2019, presenté denuncia ante la jurisdicción penal en relación al Decreto de la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna nº 432/2018, de 31 de octubre, levantando el Reparo formulado por la Intervención General, en su Informe de 29 de octubre de 2018, advirtiendo de la ilegalidad de la propuesta de “autorización de continuidad” (auténtico contrato “a dedo”, sin haber tramitado el concurso, que es el práctica generalizada que constituye el Caso Reparos ) a la empresa Urbaser para que siguiera prestando el Servicio de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria, una vez se extinguiera el contrato el 31 de octubre del mismo mes, contraviniendo flagrantemente la legislación de contratos del sector público.
En segundo lugar, el contrato con dicha empresa fue modificado mediante Decreto del Sr. Clavijo nº 600/2012, de 9 de abril, liberando a la empresa Urbaser, de cumplir la obligación legal y contractual, en 2011, de renovar 34 de los 46 vehículos adscritos al Servicio. Dicha liberación de una obligación contractual de cuantía millonaria, obligación que la Intervención general consideró “absolutamente necesaria y obligatoria para el contratista” (Informe de 3 de abril de 2012) formulando Reparos de ilegalidad que fueron desoídos por el entonces alcalde, Fernando Clavijo. Dicha exoneración ilegal tendría como consecuencia, además, a juicio de la Intervención, que el Ayuntamiento recibiera al finalizar el contrato (31 de octubre de 2018) una “flota depreciada y/o obsoleta al finalizar el contrato, con más de 15 años de antigüedad y, por tanto, de dudosa funcionalidad”, con el consiguiente perjuicio para los intereses municipales.
Este Decreto ha sido incluido igualmente en la denuncia que he presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, con fecha de 11 de diciembre de 2020.
De forma que las relaciones entre el Ayuntamiento de La Laguna, en las etapas presididas por Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, y la empresa Urbaser han sido por mi parte objeto no sólo de una denuncia, sino de dos, con antelación a las “informaciones” no contrastadas firmadas por el referido articulista.
A efectos del contraste que no se molestaron en realizar ni el articulista ni el periódico que Vd. dirige, estoy en condiciones de acreditar documentalmente desde que se me solicite la presentación de ambas denuncias.
No está de más añadir que, desde que se constituyó el actual Gobierno municipal, las decisiones relativas tanto al Servicio de recogida de residuos -que ha seguido gestionando Urbaser en virtud de la ejecutividad de la autorización de continuidad concedida por el anterior Gobierno municipal desatendiendo los reparos de Intervención- como al Servicio de gestión de los Centros Ciudadanos municipales, han contado en todo momento con los Informes favorables de los órganos del Ayuntamiento que ejercen la función de asesoramiento y control previo de legalidad, incluida la Intervención.
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En consecuencia, invocando la L.O. 2/1984, sobre derecho de rectificación, le REQUIERO formalmente para que publique “sin comentarios ni apostillas”, en el tiempo y forma legalmente establecidos, el texto contenido en los párrafos 1 a 4 de este escrito, ambos inclusive y bajo el título “UNA ESTRATEGIA CALUMNIOSA”. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que procedan en defensa de mis derechos constitucionales (artículo 6º, último párrafo de la L.O.2/1984, de 26 de marzo).
Atte. Santiago Pérez García
La Laguna, a 21 de enero de 2021.