Radio San Borondón entrevista a David Rodríguez Espino, portavoz de REDESSCAN
Solo “1 euro de cada 100 del crecimiento del presupuesto va a Servicios Sociales”. Así lo denuncian la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), la Asamblea Canaria por el reparto de la Riqueza y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas en un comunicado conjunto. Reclaman el proyecto de presupuestos del ejecutivo autonómico para 2021 “mantiene al Sistema Público de Servicios Sociales en la cola de los sistemas de protección, garantía y respeto a los Derechos”.
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud, encabezada por Noemí Santana, es la segunda que menos porcentaje del crecimiento de la financiación recibe. Dichas organizaciones entienden que “a pesar del discurso que repiten los portavoces gubernamentales, que hablan de un aumento del 75% en gasto social, los números no engañan y el dato objetivo es que el área más directamente relacionado con la protección social no está siendo reforzada en su financiación, ya que sólo aumenta su presupuesto en un 0,8%”.
El portavoz de Redesscan, David Rodríguez Espino, afirmaba en una entrevista para Radio San Borondón este miércoles que “la conclusión es que las políticas y los servicios sociales en Canarias no son una prioridad, no solo para los gobiernos que llevaban treinta años, sino tampoco para los actuales”. Rodríguez Espino observa con preocupación los pronósticos del Gobierno de Canarias, que considera “exageradamente optimistas”, para afrontar una crisis económica que terminará convirtiéndose en una crisis social.
Para Redesscan el proyecto de presupuestos autonómico “supone un claro incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, que se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos el pasado año, en el que acordaron un aumento de la financiación mínima anual del sistema público de SS.SS. a razón de 55 millones al año”. Este incremento no se dotó para el 2020, ni tampoco aparece reflejado en las cantidades acordadas para el 2021.
Denuncian además un mantenimiento de la tendencia privatizadora del ejecutivo canario que se ha llevado a cabo durante las últimas décadas por los diferentes gobiernos, resaltando la gravedad de que “mientras la partida para la contratación pública de personal sólo sube un 2%, la partida destinada a la externalización de servicios lo hace casi en un 20%”.
El comunicado conjunto concluye criticando que “no financiar de manera suficiente el Sistema Público de Servicios Sociales es dejar en la estacada a decenas de miles de personas y familias” y destacando la importancia de valorar la importante tarea de los y las trabajadores del sector.