PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos (Cs) han presentado este viernes un recurso contencioso administrativo al entender que en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se celebró el pasado 13 de julio, y que devolvió el gobierno municipal a Coalición Canaria (CC) con el apoyo del PP y de la concejal no adscrita Evelyn Alonso, no se respetaron los derechos fundamentales tanto de los ediles como de los ciudadanos.
En este sentido, tanto la concejal de Cs Matilde Zambudio como el de Podemos Ramón Trujillo y del PSOE José Ángel Martín han defendido en declaraciones a los medios que se coartó los derechos fundamentales de los ciudadanos al votar los concejales en urna secreta.
Al respecto, el socialista Martín ha subrayado que se «han incumplido los procedimientos legales que tienen que cumplirse escrupulosamente a la hora de llevarse una moción de censura», agregando que el procedimiento está para «dar garantía tanto a los participantes como a la ciudadanía de que las cosas se están haciendo conforme a derecho».
Por ello, defiende que en este caso se trata de un procedimiento que «no está acorde a derecho, que sería de nulidad», puesto que incide en que el voto que tenía que «haberse producido por llamamiento» pero se produjo en urna, «fue un voto secreto y, por lo tanto, coartaba el derecho de los ciudadanos».
Si bien, Martín admite que se trata de un procedimiento que viene reglado y que es el secretario del Ayuntamiento «quien decidió el voto secreto», algo que cuestionan los tres partidos que defienden que se debería haber hecho una votación por llamamiento.
Por su parte, la concejal de Cs Matilde Zambudio justificó este recurso en que mientras han gobernado en Santa Cruz de Tenerife han hecho una «defensa a ultranza en todos y cada uno de los trámites» que se han llevado a cabo. Además, cuestiona que la moción de censura coincidiera en el tiempo con la «primera tránsfuga» del Ayuntamiento en relación a Evelyn Alonso –que pertenecía al partido naranja–.
Finalmente, el edil de Unidas Podemos Ramón Trujillo, en línea con lo dicho por sus compañeros, apuntó que el apoyo que dan a este recurso «tiene que ver con un déficit de legitimidad legal y con un déficit de legitimidad democrática derivada de lo que significa el transfuguismo».