Entrevista en Radio San Borondón a Santiago Pérez
SB-Noticias.- El periódico El Día, publicaba este sábado que el edil de Ordenación del Territorio en La Laguna Santiago Pérez avaló con su voto en el Pleno del pasado jueves, modificaciones presupuestarias que antes había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.
En particular esta información se refiere a la prórroga del servicio de vigilancia en el litoral lagunero, con la misma empresa concesionaria a la que se le reconoce ahora el pago de su labor entre agosto de 2019 y febrero de 2020. Una empresa que está incluida desde la primera denuncia que presentó Santiago Pérez ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en enero de 2018, y que se investiga en el caso Reparos.
Santiago Pérez responde con contundecia a esta noticia que califica de falsa, y se dirige a José Alberto Díaz, autor de dichas declaraciones, afirmando que no cree que las haga por maldad sino por ignorancia: “Él debió pasar por la Facultad Derecho pero ésta no pasó por él”.
El actual concejal de Ordenación del Territorio del ayuntamiento de La Laguna explica que lo que se aprobó en el último pleno no es la autorización ni el reconocimiento de ningún gasto, como dice Díaz, sino una modificación presupuestaria, que es el paso previo para luego estudiar uno a uno los gastos comprometidos – precisamente – por el anterior grupo de gobierno municipal y no por el actual. Destaca además el hecho grave de que el gobierno anterior de CC con Díaz a la cabeza, autorizó estos gastos sin crédito presupuestario y sin seguir el procedimiento legalmente establecido, pero finalmente esos servicios se prestaron. Por ello, el actual gobierno municipal lo que ha hecho es dotar, a través de una modificación presupuestaria, de los correspondientes créditos para después examinar caso por caso cuáles deben ser reconocidos y pagados y cuáles no.
“Este es el meollo del Caso Reparos”, explica Santiago Pérez y añade que hay otra diferencia importante entre Coalición Canaria y el actual gobierno municipal, pues quien autorizó al margen de la ley y con los informes en contra de la Intervención estos compromisos fue José Alberto Díaz, frente al actual gobierno municipal que lo que ha hecho y seguirá haciendo es aprobarlo todo con los informes favorables de la intervención.
Por todo ello se muestra muy crítico: “esta es la realidad, pero estos personajillos lo que buscan son titulares y la verdad les importa poco”.
Recuerda asimismo que en el Caso Reparos se denuncian 140 decretos porque Díaz y su antecesor Clavijo autorizaron a las mismas empresas a seguir prestando su servicio sin título jurídico. Este conjunto de decretos ilegales alcanzó la cifra de más de 60 millones de dinero público en un municipio en medio de un duro plan de ajuste, “por la herecia de Oramas y Clavijo que dejaron una Hacienda arruinada, y se mandaron a mudar”.
Para Pérez : “Estos individuos no tienen más afición que el poder y desde que dejan de tenerlo quedan reducidos a su mediocridad”. Asimismo se refiere a CC como un régimen que acaba promoviendo a los peores: “los intereses a los que representan lo que necesitan es tener en las instituciones a los más mediocres, los más machanguitos, Clavijo es uno de ellos y José Alberto Díaz también”.
Y añade que en Canarias ha existido un régimen político donde – bajo las siglas de CC – algunos poderes económicos se hicieron, en las grande decisiones, con las riendas del Gobierno.
Entrevista a Santiago Pérez el 23 de julio donde, entre otros temas analiza la entrevista a Fernando Clavijo publicada en El Día el domingo 19 de julio. En la misma, el Senador y ex presidente del Gobierno acusa a la Fiscal Anticorrupción María Farnés de imputarlo en el Caso Grúas cumpliendo ódenes políticas, para perjudicar la continuidad de CC en el Gobierno autonómico, a cambio de ser elegida esta semana Fiscal Jefa de Santa Cruz de Tenerife.
Santiago Pérez considera a este respecto que «A Clavijo se le ha ido la mano, lo que afirma es muy grave y puede ser constitutivo de delito, puesto que las acusaciones vertidas podrían ser calumniosas contra la Fiscal».
Por otra parte también el concejal de La Laguna, Santiago Pérez, considera un “alarde de desvergüenza infinito” que Fernando Clavijo, el ex alcalde del municipio, “pretenda que los laguneros paguemos 55.000 euros de los honorarios que pactó con su abogado Choclán como ciudadano”, con partidas absolutamente grotescas como el concepto de “35 horas de consulta” a razón de 350 euros la hora: 12.550 euros.
Más allá de que los honorarios que ahora solicita Clavijo los haya pactado solo él con su abogado, incluyendo pagos específicos “a éxito” que aún está por ver; la jurisprudencia ha dejado claro que los requisitos para que un ayuntamiento indemnice los gastos de defensa jurídica es que se haya actuado dentro de la legalidad y en defensa del interés general.
Y estamos ante una desviación de poder con la que Clavijo ayudó a unos amigos suyos, a los que primero metió en la empresa de las grúas y luego ayudó a convertirse en dueños. Es un asunto que está más que probado, informado en contra por la Intervención General, y reconocido por los propios amigos de Clavijo en el Juzgado. “Es un asunto que vamos a tener que discutir aquí, para el que no hay aforamiento, se va a discutir en esta tierra y no en la Corte de Marchena”, añade Pérez.
El concejal se pregunta si “¿no hay un abogado ni una abogada en estas islas de dios capaces y competentes para defender al señor Clavijo, que tiene que recurrir al abogado peninsular de las estrellas, para que interceda por él, San Choclán, ante la Corte de Marchena? ¿Clavijo dice que el caso Grúas no era nada, y el caso Reparos tampoco, pero contrata al abogado de las estrellas? Entonces, si hubieran sido algo, ¿habría contratado a Perry Mason?”.
Por otra parte, “si el señor Choclán ha tenido que dedicar 35 horas de consulta y confesión con el señor Clavijo para el caso Grúas, y consiste en dos decretos, ¿cómo será en el caso Reparos que consta de 46 decretos ilegales dictados por el señor Clavijo, como ilegales fueron los dictados por él en el caso Grúas? ¿Cuánto nos va a costar a los laguneros a razón de 350 euros la hora? Simplemente hay que hacer las cuentas de la tienda de la esquina”.
Santiago Pérez se pregunta también si “¿este señor Clavijo no es el mismo que en los primeros tiempos de su etapa como alcalde se mostraba partidario del Estado Libre Asociado? ¿Y ahora se convierte, forzando la máquina, en senador, simplemente para acogerse al fuero y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso nos juzgan a los canarios de a pie?”.
Se acoge el señor Clavijo “a lo peor de la peor herencia del Estado español: aquél en el que había una aristocracia que tenía el privilegio de disponer de jueces para ellos y luego había otros para el pueblo. Pero además lo hace abusando del fuero. Porque el fuero de diputados, senadores y miembros del Gobierno tiene sentido cuando los cargos aforados están siendo investigados por actos que realizaron en el ejercicio del cargo por el que están aforados”.
Sin embargo, “es ya tradicional, y ahí juega la picaresca española incluso para estos nacionalistas de chochos y moscas, que algunos individuos que han cometido andanzas delictivas a lo largo y ancho de la geografía institucional española se conviertan en senadores para aforarse y no tener que rendir cuentas en los tribunales ordinarios de sus respectivos territorios. ¿Este Clavijo no es el mismo, o es otra persona la que defendía el Estado Libre Asociado hace no tanto tiempo, cuando era alcalde de La Laguna?”.
Santiago Pérez añade que Coalición Canaria (CC) “está entrando en una espiral disparatada con su desconfianza absoluta en las instituciones de nuestra tierra, los órganos judiciales naturales que investigan y juzgan a los canarios. Se los puede criticar, como al Ministerio Fiscal, claro que sí, en democracia, con argumentos jurídicos, y no con las teorías conspiratorias que es la única forma que tiene Clavijo de balbucear algo en la vida política”.
La teoría conspiratoria, “porque Clavijo, igual que mucha gente de CC, creen que todos somos como ellos, que cuando hay poder se abusa del poder para intentar controlar o presionar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal; se utiliza el dinero público para comprar a los medios informativos e instaurar la censura como han hecho en esta Isla durante años, y puedo atestiguarlo en primera persona con medios como Radio Club, emisora de la cadena SER en la que su código de estilo periodístico resulta irreconocible, bajo la batuta de la gran aliada de Clavijo, la señora Lourdes Santana. Y no digamos El Día, la antigua Opinión e incluso la COPE”.
Pérez termina diciendo que “Clavijo no ha tenido la valentía ni la seriedad de quedarse en el Parlamento de Canarias a ejercer la jefatura de la oposición, dejando al Grupo de CC absolutamente descabezado. Se mandó a mudar al Senado para aforarse y utilizar el fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario, estamental y precontemporáneo, para refugiarse en ese tribunal de aforamiento de sus andanzas al frente de la alcaldía de La Laguna”.
Abusar del fuero “a pesar de que el Consejo de Estado ha dicho que si tiene alguna razón de ser en la actualidad es solo para la investigación y el enjuiciamiento que el cargo aforado haya realizado en ese cargo por el que está aforado, y no en una vida pasada al frente de alcaldías a lo largo y ancho de la geografía española”.