Estamos viviendo la situación de mayor impacto en nuestras vidas desde la guerra civil española de 1936.
Ningún país previó o estaba preparado para una catástrofe como la que estamos sufriendo. La pandemia originada por el COVID-19 está llevando al límite la capacidad de nuestro sistema sanitario y en general, de nuestros sistemas de protección social. Además ya estamos preparándonos para la gestión de la difícil situación social y económica que vendrá tras la emergencia sanitaria. Pero el momento actual también ha puesto de manifiesto las consecuencias de las políticas neoliberales de recorte de lo público y la necesidad de implementar políticas más centradas en el bienestar de las personas.
Una situación especialmente dolorosa es la de las residencias de mayores en toda España. Cuando escribo este artículo son al menos 352 personas las que han muerto como consecuencia del coronavirus en estos centros, aunque no hay una cifra oficial, y las que se publican son la suma de las cifras de las comunidades autónomas y no son exactas. Los contagios superan los 2.500 en estos lugares pero en el momento en el que ustedes lean este artículo las cifras serán tristemente superiores. El problema es de tal calibre que el ejército tuvo que intervenir, encontrándose incluso centros en los que los residentes estaban conviviendo con los cadáveres de personas fallecidas. Hemos presenciado también el testimonio desesperado de trabajadoras y trabajadores de estas residencias, que están haciendo jornadas maratonianas sin protección y que se están contagiando en gran número.
Esta es la consecuencia de una escasez estructural de centros públicos para atender a una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Según los datos del IMSERSO el 75% de las residencias de mayores que hay en España son privadas. Muchas de ellas están en manos de fondos buitres. Hay más de 4.000 centros privados, frente a unos 1.400 públicos. Además es un negocio bastante lucrativo ya que se calcula que la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y su ritmo de crecimiento es de casi un 4% anual. Sin ánimo en ningún caso de estigmatizar a las empresas privadas que prestan estos servicios (muchas son serias y responsables) parece evidente que hay un déficit de recursos públicos que se está traduciendo en ocasiones en una mala atención a las personas mayores. Esto es lo que ha conducido al horror vivido estos días.
Es solo una muestra de que una salida justa a la actual situación pasa necesariamente por un aumento de la inversión pública en servicios sociales y en investigación. También en sanidad. Es imprescindible que los planes de reactivación económica que empezarán a implementarse cuando termine el estado de alarma vayan dirigidos a construir un modelo más sostenible, a la lucha contra el cambio climático y a combatir otra de las pandemias de nuestro tiempo, la desigualdad, tanto entre las personas de un mismo Estado como entre los países. A hacer posible un Estado del Bienestar que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que el sistema neoliberal lo ha ido destruyendo a pasos agigantados.
No obstante, las primeras noticias que llegan desde la Unión Europea no son nada halagüeñas. En lugar de dar una respuesta global y eficiente a un problema sobrevenido que no es responsabilidad de ningún Estado, Holanda y Alemania se han erigido como portavoces de la Europa más insolidaria y neoconservadora, negándose a mutualizar la deuda pública y a sacar eurobonos que permitirían a los países obtener financiación para paliar las consecuencias de la crisis a un coste muy bajo. Y no solo eso, sino que han recuperado la narrativa ultraderechista y racista que ya utilizaron en 2008 con los países del sur. El conservador ministro de finanzas de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, llegó a asegurar que las instituciones comunitarias deberían investigar a países como España por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus, en unas palabras que el primer ministro portugués, Antonio Costa, calificó como repugnantes. Si la Unión no es capaz de ofrecer soluciones equitativas en una crisis de esta magnitud, su crédito y su utilidad quedarán muy en entredicho entre buena parte de la ciudadanía europea. Voy más allá, no tendría sentido. Es la hora de volver a la filosofía con la que nació y a dejar de lado las políticas de austeridad que han destrozado a las clases medias, empobrecido a una parte de la población y alentado a las extremas derechas y los populismos. Es la hora de romper con las privatizaciones a ultranza y devolver los servicios esenciales al control público. De garantizar una verdadera equidad y justicia social. Una Gobernanza pública, en manos de las instituciones públicas y no de los poderes salvajes de un capitalismo sin alma. Es el momento de que los poderes públicos dejen de estar sometidos a los mercados, de que las grandes decisiones las tomen los parlamentos, las instituciones y no los poderes económicos. Porque una cosa son los mercados y otra los servicios universales. De recuperar el afecto a la democracia y a las instituciones, de quebrar el mal de la indiferencia en tiempos de “normalidad”. De hacer posible liderazgos sólidos que nazcan de la ciudadanía, creíbles, confiables, independientes a la hora de tomar decisiones para proteger el bien común.
Cuando acabe el confinamiento, vamos a ser las instituciones locales, insulares y autonómicas las que tengamos que hacer frente a buena parte de las medidas necesarias para paliar la crisis social. Es más, ya lo estamos siendo, habilitando ayudas de emergencia y otro tipo de actuaciones urgentes. Sin embargo el pasado fin de semana leíamos en la prensa que el Gobierno de España se estaba planteando “confiscar” los remanentes y el superávit de los ayuntamientos y cabildos. Como pasó el 2008, cada vez que hay una crisis el Gobierno central pretende salir de ella a costa de las administraciones locales, lo que además supondría un ataque contra el autogobierno.
Durante muchos años hemos reclamado que el superávit de las corporaciones locales e insulares se libere para hacer frente a las altas cotas de paro y de pobreza de esta tierra. Hasta ahora solo ha servido para paliar el déficit del Estado ante Europa y sostener al sistema bancario que además ahora quiere cobrarnos comisiones por tener ese dinero en sus cuentas. Por eso es inaceptable que el Estado quiera ahora apropiarse de ese superávit. Son recursos de los grancanarios y de las grancanarias, se deben quedar en esta isla y se tiene que permitir que los utilicemos para atender a nuestros parados, a nuestras familias empobrecidas y a reactivar la economía insular. Esos deben ser los criterios para la utilización del superávit.
Como se ha hecho público, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos aprobado una primera serie de medidas para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía insular por valor de más de 135 millones de euros. Pero es evidente que tendremos que adoptar nuevas medidas complementarias a las ya incluidas en el plan y que muchas de las contempladas necesitarán de fondos adicionales. Y eso solo puede hacerse si contamos con el dinero del superávit, sobre todo si tenemos en cuenta que los ingresos de las administraciones públicas se van a ver seriamente mermados por la caída de las recaudación resultante del parón económico.
La pandemia del coronavirus no puede dar lugar, una vez concluya, a una pandemia que puede ser aún más nociva, la de la insolidaridad. La sociedad civil está dando estos días ejemplo de conciencia cívica, respetando las medidas de confinamiento, aplaudiendo y apoyando a quiénes trabajan para protegernos y organizándose para ofrecer actividades que hagan más llevadera la permanencia en nuestras casas. Las administraciones públicas y organizaciones internacionales tienen también que estar a la altura para que esta crisis no la paguen nuevamente los que menos tienen. Tenemos una oportunidad para corregir lo que se ha hecho mal en la última década y no podemos desaprovecharla. La mejor solución frente a la pandemia es la solidaridad. La mejor solución para el planeta es la sostenibilidad social y medioambiental.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria