Quien se tropiece con el titular de este artículo pensará, a bote pronto, que es disparatado. Si soy capaz de explicar lo que quiero y alguien tiene la paciencia de leerlo, tal vez pueda reconsiderar esa primera impresión.
Cuando era niño nos obligaban a cantar himnos patrióticos en el patio del colegio al empezar la jornada. La letra de uno de cánticos, que comenzaba invocando a Isabel y Fernando, enaltecía a España, “la Nación poderosa que jamás dejó de vencer”.
Al oír anoche al líder de Vox hablar de las “Autonomías liberticidas” pensé cuánta ignorancia histórica nutre su nacionalismo. En realidad al nacionalismo no le hace falta conocer los hechos históricos, porque podrían echarle abajo un buen mito.
Ni tampoco le hace falta al nacionalismo catalán, cuyo relato presenta a Cataluña como una comunidad fraternal que se ha ido desenvolviendo a lo largo de siglos, silenciando la heterogeneidad de intereses y los conflictos sociales y políticos que han aflorado –a veces violentamente– en los episodios más sobresalientes de la historia de Cataluña. Empezando por la violenta irrupción de els segadors en la Revuelta de 1640 que, como casi todas europeas durante la Edad Moderna, arrancó como un conflicto de poder entre los sectores sociales dominantes y cambió de signo al entrar en acción la plebe rural y urbana, cuestionando el orden social y obligando a entenderse a la monarquía, clases nobiliarias y nuevas oligarquía urbanas para sofocar el des-orden.
Debe ignorar Abascal, como lo ignoraba oficialmente la mitilogía franquista, que la “Nación poderosa que jamás dejó de vencer” era en realidad un enjambre de reinos y de diversos señoríos territoriales que sólo estaban unidos en la figura lejana –y casi siempre ausente– de un monarca que reunía en sus manos legitimidades dinásticas diversas; que todos esos territorios conservaban instituciones, libertades y ordenamientos jurídicos particulares; que el mismísimo Felipe IV no derogó en 1652, cuando la dirigencia catalana se rindió después de haber entregado Cataluña a la monarquía francesa durante los 12 años que duró el conflicto.
Debe ignorar igualmente que la gobernación efectiva del gran Imperio de Ultramar se sustentaba en lo que J. Lynch, entre otros historiadores, denominaron el “consenso colonial” mediante el que las nuevas oligarquías criollas asumían el vacío de un poder monárquico remoto. Y que un desencadenante principal de la Independencia de los países hispanoamericanos fue la instauración del centralismo borbónico en la Península y en los territorios de ultramar.
Si pudiéramos establecer algún paralelismo entre aquella época “gloriosa” y la España actual, tendríamos que concluir que la España autonómica y los principios de gobierno en que se sustenta se corresponden más con los de Aquélla que la versión autoritaria y centralista, que llegó a su cénit con el franquismo y que para la ultraderecha de hoy y de siempre condensa las más puras esencias de España.
Luego de “Autonomías liberticidas”, nada.
La crisis España-Cataluña se fue gestando durante más de una década: primero como un conflicto de baja intensidad, alentado interesadamente por los gobiernos de España y de la Generalitat como tapadera de recortes y corrupciones mutuas, aprovechando la Crisis económica y sus secuelas sociales. Hasta que se salió de madre. Entonces entraron en acción los más radicales de cada bando, como ocurre casi siempre. Y de ahí a aquí.
Las tres derechas han maniobrado sin descanso para forzar un pacto entre PSOE y Podemos necesitado, como en la Moción de Censura que desbancó a Rajoy, del apoyo de los independentistas. Le han negado a Sánchez y al PSOE cualquier aritmética gubernativa y legislativa que no fuera de nuevo ésta, para endosarle de nuevo al Gobierno la misma falta de legitimidad de origen que al primer gobierno Sánchez, por mucho que fuera el fruto de un mecanismo esencial regulado por esa Constitución que tanto manosean.
En mi opinión, como ha ocurrido en los últimos siglos de la historia española, el dilema Unidad/Separatismo ha vuelto a polarizar a la sociedad española y la campaña electoral. Y, como siempre, lo han rentabilizado los sectores ultraconservadores.
Ese dilema lo resolvió sabiamente la Constitución estableciendo los principios y las reglas de lo que luego se convirtió en el Estado autonómico.
Por todo eso no entiendo –o sí– por qué Pablo Iglesias, al ofrecer de nuevo una coalición gubernamental al PSOE se refirió exclusivamente a los derechos sociales, volviendo a dejar en la penumbra la cuestión territorial.
Cuestión que no se encauzará, y continuará obstaculizando un acuerdo de gobierno progresista, mientras una parte de la izquierda siga hablando en abstracto del derecho de autodeterminación y no de la defensa del orden constitucional que consagra una idea de España, la España de las Autonomías, basada en los principios de unidad, autonomías territoriales y solidaridad, bien diferente de la que esgrimen las tres derechas. El mismo orden jurídico y la misma Constitución, por cierto, que reconocen y protegen los valores de igualdad y justicia y los derechos sociales, que el líder de Unidos Podemos propone como fundamento de un gobierno progresista.