Telde, a lo largo de su historia, ha contado con experiencias innovadoras en el ámbito de lo social y lo comunitario.
Un buen ejemplo de ello es el proyecto de desarrollo comunitario Las Remudas-La Pardilla, que obtuvo el Premio Reina Sofía contra las drogas a la Labor Social, en 2008. En mi caso, aunque ya tenía experiencia en proyectos sociales y comunitarios, mis vivencias como docente, como concejal y, en estos cuatro últimos años, como alcaldesa me han permitido conocer muy de cerca la realidad que sufren muchas familias que atraviesan serias dificultades para desarrollar una vida digna. Esa ha sido la parte más dura de este mandato.
Creo firmemente en el proyecto que hemos desarrollado, uno de cuyos principales objetivos es devolver a la comunidad parte de lo que nos ha dado como individuos y transformar la realidad para mejorarla, removiendo todos los obstáculos para que la igualdad de oportunidades llegue a aquellos que por diferentes circunstancias no han podido disfrutarla. En 2015 dijimos que las personas iban a ocupar el centro de nuestras políticas y que íbamos a pelear sin descanso para cambiar la realidad social que vivía Telde, y así lo estamos haciendo.
Partimos de la premisa de que debíamos innovar en política social, porque está muy claro que en Canarias se ha fracasado en esta área. Los datos indican que, cuando nuestra economía crecía por encima de la media estatal, ya nuestros indicadores tanto de pobreza y exclusión social como en los ámbitos de salud comunitaria y educativo estaban por debajo de los del resto del país. Por tanto, creer que este problema surgió durante la crisis de 2007 es una falacia. Es más cierto que existen razones estructurales que han provocado que Canarias sea un territorio donde la pobreza y la exclusión han crecido sin ningún paliativo.
Está claro que es esencial innovar en política social. No podemos pretender cambiar la realidad repitiendo errores. Por eso, nuestro concepto implica atender a la persona de manera integral, en su dimensión más plena. Trabajar en lo urgente y cubrir las necesidades básicas y, paralelamente, repensar las políticas para acabar con esas causas estructurales que han propiciado que la pobreza y la exclusión se perpetúen.
Con esa base, planteamos una forma de trabajar en comunidad, implicando a la sociedad organizada, a las instituciones y a las entidades sin ánimo de lucro que ya actúan por el bien comunitario. Una red en la que se incluyen los centros de salud y los educativos, el tejido asociativo y todas las administraciones que de manera directa influyen en la vida de la gente. Porque quienes controlan las instituciones son quienes toman las decisiones que afectan al día a día de la ciudadanía. Por eso, nadie puede eludir la política, porque la política no les va a eludir a ellos y va a decidir sobre cuestiones que son fundamentales para la vida de todos.
Hay que acabar con la concepción de que la política social se materializa únicamente a través de los servicios sociales. También hablamos de política social cuando hablamos de educación, sanidad, cultura, empleo o deporte. Los servicios sociales son una herramienta de apoyo a las familias que atraviesan situaciones difíciles y es preciso desestigmatizarlos, porque cualquier persona, en un momento de su vida, puede necesitar el respaldo de las instituciones.
Este es otro punto relevante para comprender que se hacen necesarias nuevas formas de actuar. Las administraciones deben apoyar a las familias que carecen de medios para cubrir sus necesidades básicas o cualquier otra realidad que les impide tener unas condiciones de vida dignas. Nadie puede sentir que su comunidad le da la espalda. Pero hay que ir más allá. La actividad de las instituciones públicas tiene que alejarse del asistencialismo. Acompañar sí, pero no para cronificar la pobreza y hacer a la ciudadanía dependiente de las administraciones, sino para dotarla de herramientas que le permitan recuperar el control de su vida y el orgullo y la autoestima de ser independientes.
Y afrontar estos retos precisa del concurso de todas las administraciones. Los ayuntamientos somos las instituciones más cercanas y las que ponemos rostro a esa realidad, pero cambiarla depende de decisiones que se enmarcan en Europa, en el Estado y en la Comunidad Autónoma.
Las administraciones supramunicipales, nacionales e internacionales, tienen un poder de decisión definitivo sobre estas cuestiones, tanto en legislación como en financiación. Cuando nos referimos a bienes y servicios básicos, relacionados en muchas ocasiones con las normas legales de más alto rango y con los derechos humanos, debemos huir de las políticas ultraliberales que, junto con el capitalismo más deshumanizado, rompen la cohesión social.
Hace cuatro años, afrontamos esta tarea sabiendo que había que ocuparse de lo urgente pero también de lo importante. Lo urgente era colocarnos al lado de los más vulnerables, de los golpeados por la crisis y olvidados por el anterior Gobierno local. Y nuestra primera decisión fue firmar un convenio con Endesa para evitar los cortes de suministro eléctrico a quienes acreditaran que no podían pagar los recibos. Fuimos el primer municipio de Canarias en rubricar este acuerdo que, después, la Fecam trasladó al resto del Archipiélago. Además, duplicamos el fondo social para evitar cortes de agua, que pasó de 30.000 a 60.000 euros.
En materia de prestaciones de emergencia, durante el mandato 2011-2015 se concedieron muy pocas y su plazo de entrega era de 6 meses, por lo que perdían todo su sentido. Actualmente, esas prestaciones se han triplicado en número y la ciudadanía las recibe en menos de un mes.
Otro de los proyectos que compensa los sinsabores de la política es ‘Telde, abriendo puertas, dando oportunidades’, que acometimos de la mano de la Asociación Te acompañamos. Se trata de un piso de acompañamiento con el que se resuelve la emergencia habitacional de mujeres con menores a su cargo y, además, nos permite mantenernos a su lado en su proceso para mejorar su empleabilidad y ofrecerles apoyo psicopedagógico.
Y es que vivienda y servicios sociales se dan inexcusablemente la mano en el día a día y, por esa razón, hemos reorientado la actividad de la empresa pública de vivienda, Fomentas, hacia la rehabilitación y el fomento del alquiler social, y hemos impulsado una Mesa Antidesahucios, para evitar lanzamientos. Asimismo, se ha elaborado un protocolo para, de manera ágil y justa, proponer al Gobierno de Canarias adjudicaciones de viviendas por la vía de la excepcionalidad.
Asumir la obligación de repensar la política social e implementar un cambio de modelo también ha sido el germen del primer Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Telde, un documento participativo -ciudadanos, trabajadores, formaciones políticas, ONG, asociaciones- que establece la nueva línea de trabajo en este ámbito.
Y necesitábamos un marco legal para englobar todas estas cuestiones, por lo que hace pocos días presentamos el proyecto de la nueva Ordenanza de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales, que está abierto a la aportación de propuestas, y que pretende consolidar la atención integral a las familias, y reforzar la autodeterminación y la potenciación de los recursos de cada individuo y los de su entorno familiar y comunitario.
Con este nuevo recurso llegaremos a más personas y elevaremos las cuantías, gracias a la ampliación del límite económico para acceder a las prestaciones y a la utilización del SMI como referencia. Además, una nueva medida permitirá a algunas familias disponer de esas prestaciones durante seis meses sin necesidad de gestionarlas cada mes, como sucede hoy.
Esta ordenanza, que contempla, entre otras, nuevas prestaciones para el alquiler y la formación o la promoción de la salud, deberá reflejarse en el próximo presupuesto. Algo que será factible, porque la reducción del 85% de la deuda municipal en este mandato -de 153 a 22 millones- permitirá destinar a la ciudadanía el dinero que antes se empleaba en pagar los créditos bancarios suscritos en el pasado.
Telde ha sido siempre un pueblo solidario que mantiene en pie a aquellos que necesitan apoyo. Ahora se trata de unir esa humanidad con una gestión moderna y eficiente de unos servicios sociales que no solo les concedan prestaciones sino que les empoderen para recuperar el control y el rumbo de un proyecto de vida cargado de dignidad.
Carmen Hernández. Alcaldesa de Telde y presidenta local de Nueva Canarias. @CarmenHdezNC