Charla-coloquio en la Sala San Borondón
SB-Noticias.- Para los abogados de la acusación particular del Caso Las Teresitas, no se ha escrito el capítulo final de este Caso, mientras no se devuelva el dinero al pueblo de Santa Cruz.
“Vamos a analizar todos los movimientos societarios y patrimoniales de las personas físicas y jurídicas condenadas y si vemos que se ha podido cometer delitos de alzamiento de bienes ejerceremos las acciones oportunas», afirman. En este sentido recuerdan que ya José Tomás Martín, ex gerente de Urbanismo que fue condenado porque traspasó una propiedad a su esposa e hijos un año antes de la sentencia condenatoria.
Duro reproche a José Manuel Bermúdez
Los abogados Pérez Ventura y Antonio Espinosa dedican especial atención a la conducta del alcalde José Manuel Bermúdez de total dejación a la hora de tomar decisiones para recuperar el dinero de Las Teresitas. Afirman que Bermúdez ha estado de brazos cruzados dos años negándose a ejecutar la sentencia, y lo que es peor, haciendo responsables a los servicios jurídicos, cuando se trata de una decisión exclusivamente suya. Por ello califican de reprochable su conducta dilatoria que ha permitido darle un “balón de oxígeno” a los condenados, con el riesgo de que en estos momentos no se puedan localizar activos suficientes para que el dinero sea devuelto al Ayuntamiento. De ser así, no dudan en afirmar que el actual alcalde de Santa Cruz tendrá parte de la culpa.
Recuerdan los abogados de la Asociación Justicia y Sociedad que ya ellos solicitaron en 2017 que fuera embargado el edificio de Cabo Llanos, que el Cabildo de Tenerife quiso adquirir recientemente para ubicar servicios del IASS.
José Pérez Ventura afirmó que en pocos casos como este podemos encontrarnos tantas irregularidades tan depredatorias para el patrimonio público como en este caso: “han sido muy eficaces a la hora de saquear las arcas públicas”, añadió.
Los juristas destacan asimismo que las consecuencias de los delitos cometidos las sufren aún los ciudadanos de Santa Cruz, pues el gobierno municipal – para tapar el gran agujero económico sufrido con esta operación- procedió a privatizar Emmasa, que incrementó las tarifas que pagaban los vecinos de la capital.
El antecedente del Caso Hermanos García Cabrera
Para los abogados es muy importante destacar que en el proceso judicial de Las Teresitas jugó un papel clave el hecho de que Miguel Zerolo se sentara en el banquillo si estar ocupando ningún cargo público y ya condenado por la justicia. Se trata del caso García Cabrera, tras una denuncia de Justicia y Sociedad de la que en 2014 se dictó sentencia condenatoria por la que Zerolo quedó inhabilitado para ejercer cargo público. Se trató de un delito continuado de prevaricación administrativa por la que se adjudicó sin concurso público a la empresa IMES -que en 2005 se encargaba del mantenimiento de los colegios y edificios públicos- de las obras de remodelación del Instituto Hermanos García Cabrera, inmueble que en la actualidad alberga la sede municipal en Ofra, fue hecha de manera ilegal.
En ese sentido recordaron la labor fundamental ejercida por la entonces concejal Odalys Padrón y el representante sindical Álvaro Felipe.
Reconocimiento público
No cabe duda que la resolución judicial del caso ha supuesto un gran éxito de la lucha social. Pérez Ventura y Espinosa destacan la labor ejercida desde el inicio por Santiago Pérez, autor de la denuncia, así como de Ínsula Viable “cuyos miembros dieron la cara y firmaron dicha denuncia”. Mención especial también para el Grupo 7º de la brigada de policía judicial con Antonio Roldán al frente quien dirigió la investigación. Palabras de reconocimiento también para la fiscal anticorrupción María Farnés por su gran rigor y dedicación fundamentales en el resultado final de la sentencia.
En el aspecto periodístico también destacaron la labor de Radio San Borondón, el único medio que retransmitió el Juicio íntegramente, “lo que debió hacer la radio y televisión públicas, lo hizo un medio de comunicación modesto y comprometido”. Por otra parte reconocieron la labor de los pocos medios que en los primeros años del Caso, “los años de plomo”, se atrevieron a informar del mismo. En ese sentido recuerdan la Revista La República en la que Ramón Pérez Almodóvar ya hablaba de esta operación. Posteriormente se sumaron otros como el periodista Pedro Guerra en La Provincia y Carlos Sosa, de Canarias Ahora.
El resto de medios de comunicación, en su gran mayoría, callaron frente al Pelotazo que se estaba produciendo, y miraron hacia otro lado o se pusieron directamente de parte de los hoy condenados, atacando en algunos casos de manera furibunda a los denunciantes del mismo.
“Echo de menos que algunos de estos medios pidan perdón hoy y se retracten de las mentiras y calumnias que en muchos casos llegaron a publicar”, añade Antonio Espinosa.
También, en este sentido señalan directamente a algunos políticos que se jactaron en esos años de señalar a los denunciantes y en particular los ediles de CC Dámaso Arteaga y José Alberto Díaz-Estébanez, que en su momento (2001) votaron en el Pleno a favor de la citada operación y aún no han dimitido ni han sido cesados. Por ello afirman que habrá una deficiencia democrática, hasta que Coalición Canaria no pida perdón, que es equivalente a asumir sus responsabilidades políticas con la dimisión”.
Por supuesto que Ventura y Espinosa reconocen y agradecen la aportación de los 28.000 euros de fianza que se vieron obligados a aportar para estar presentes en el Juicio como Acusación Popular. Una labor que asumió una Comisión Ciudadana creadav al efecto, que consiguió el importe total, a través de aportaciones de muchas personas a título individual, colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos. Por ello mencionaron al Partico Comunista, Izquierda Unida, Si se Puede, Nueva Canarias, XTF en La Laguna, el PSOE…
El ejemplo de Pía Oramas
Palabras de especial reconocimiento tuvieron para la arquitecta municipal, autora de la valoración real del pecio de los terrenos, cuya declaración fue clave. Además de elogiarla como funcionaria ejemplar por su integridad y coherencia y por su calidad humana, destacan que en el transcurso de las sesiones del Juicio como testigo, tuvo que soportar la “violencia verbal que en algunos momentos protagonizaron los peritos de las defensas” y una gran presión incluso a la entrada y salida del Juzgado. “Hay pocas personas con el temple para soportar lo que ella tuvo que vivir esas dos semanas”, afirman.
Otro de los funcionarios cuya valía destacan es el abogado municipal Ruimán Torres por su defensa contra viento y marea de la legalidad.
“Debemos celebrar nuestros éxitos”
José Pérez Ventura, se muestra optimista por el hecho de que en diez años se hayan conseguido tres luchas sociales históricas y muy importantes: la Playa de Valle Seco, que han querido convertir en Puerto deportivo y que gracias a la lucha vecinal se ha logrado recuperar para los vecinos. El “Mamotreto de Las Teresitas”, un caso de corrupción que finalmente condenó a los políticos responsables con penas de multas, prisión y responsabilidad patrimonial personal y finalmente el caso “Las Teresitas”, con la sentencia firme que condena también a los responsables.
“No sé que pasa en estas islas que no somos capaces de reconocer nuestros éxitos”, afirma Ventura para quien la sentencia sin duda es un éxito social y judicial que el movimiento social y la izquierda política debe celebrar como tal.
“Enfrentarse al régimen tiene un coste profesional”
Pero más allá del éxito que supone esta sentencia que reconoce la culpabilidad de los responsables políticos, empresarios y técnicos, los abogados no ocultan que en esta tierra la denuncia de la corrupción tiene un coste. No ha sido sencillo enfrentarse a un poder empresarial, político y mediático en un momento en el que ello suponía no solo enfrentarse a unos medios que hacían caso omiso a los denunciantes, sino que además manejaban la injuria, la mentira y la ofensa para tratar de desacreditarlos personal y profesionalmente.