Román Rodríguez dice que “inquietan” las acusaciones y ataques sobre la Fiscalía y el impacto sobre la Presidencia y el Gobierno de Canarias
Nueva Canarias (NC), a través de su portavoz en el Parlamento Román Rodríguez, ha precisado hoy, en el pleno extraordinario, que la próxima declaración del jefe del Ejecutivo de CC, Fernando Clavijo, en calidad de investigado por el caso Grúas es una decisión de los tribunales. Los nacionalistas progresistas consideraron que son “inquietantes” los ataques continuados de Clavijo sobre la Fiscalía y el impacto que, sobre la Presidencia y el Gobierno de Canarias, tiene la permanencia del primer responsable en 37 años de la etapa democrática de las islas que declarará por presuntos delitos de corrupción. Rodríguez dijo que “los límites los pone usted (Clavijo) pero otros”, en la misma situación, se apartaron de las responsabilidades institucionales con el procedimiento en curso.
En el pleno fuera de calendario sobre el caso Grúas, relativo a la gestión de Clavijo como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna, Román Rodríguez dijo que el Legislativo vuelve a tratar los problemas del jefe del Ejecutivo con la justicia porque, el pasado mes de septiembre y al considerar que “le interesaba”, compareció por decisiòn propia. Una estrategia política y procesal, en opinión del portavoz de NC, “no muy inteligente”. Román Rodríguez hizo hincapié en que que “si hoy hablamos, de nuevo aquí, es porque usted eligió este foro para tratar de legitimarse, de disculparse”.
El portavoz nacionalista recriminó a Clavijo que traslade falsedades a los ciudadanos del Archipiélago. “No verdad”, agregó, que vaya a declarar porque “a alquien de la oposición se le ocurriera”. Se explicará en sede judicial, continuó, por decisión de los tribunales que ven indicios de tres delitos. Tanto derecho tiene el jefe del Ejecutivo a defenderse, según Rodríguez, como el concejal de La Laguna Santiago Pérez de denunciar hechos que consideró constitutivos de delito. El mismo que, en su momento, denunció el caso de Las Teresitas y que ustedes demonizaron, refirió.
Despuès de cuestionar que se aferrara al aforamiento por considerar que le favorecía y recordar que ha desaparecido esa condición con el nuevo Estatuto de Autonomía en vigor, Román Rodríguez censuró que Clavijo usara la institución, medios e influencia de la Presidencia y del Gobierno de Canarias para “proteger sus intereses personales”.
Será el primer presidente en 37 años de la etapa democrática que declarará en condición de imputado por delitos vinculados presuntamente con la corrupción, precisó. El impacto que tenga sobre CC, según Rodríguez, “lo tendrán que evaluar” en dicha formación política pero “lo que es inquietante”, recalcó, es el “impacto sobre la institución” de la Presidencia y del Gobierno de Canarias. “Los límites los ponen ustedes pero, como anda dando lecciones de ética y moral, ¡aplíquese el cuento!”, aconsejó. Otros presidentes autonómicos, en situaciones similares, tal y como recordó, se apartaron de las responsabilidades institucionales con las causas judiciales en curso.
Otra de las conductas más graves del jefe del Ejecutivo, coordinada con la correspondiente “acorazada mediática”, para los nacionalistas progresistas, es el “ataque sistemático” a la Fiscalía, cuestionando su independencia. “En qué han quedado sus graves acusaciones”, preguntó el portavoz Rodríguez.
Para Nueva Canarias, es “inaceptable, antidemocrático y propio de regímenes dictatoriales” la cobertura dada por la Televisión pública Canaria sobre la situación judicial del jefe del Ejecutivo. “Nada sorprendente”, precisó, si se tiene que cuenta la trayectoria política e institucional de su responsable actual así como del director de contenidos.
El portavoz de NC denunció que el legado de Clavijo es “lamentable” por dejar, tras cuatro años de gestión, una Canarias más empobrecida, con los peores servicios públicos del Estado, con uno de los niveles de pobreza más elevados de todos los territorios y con un modelo de desarrollo insostenible. Para “rematar”, puntualizó, incurso en un proceso judicial que, de continuar, afrontará una campaña electoral para la reelección en su condición de investigado.