A pesar de lo que hemos avanzado, sigue siendo una urgencia social abordar y mejorar la educación, la formación de nuestros muchachos y muchachas.
El título de este artículo pudiera parecer repetido, de respuesta obvia o suficientemente respondido a lo largo de la historia de la educación. Por eso mi interés está en acercar la reflexión a nuestro aquí canario, y al ahora contemporáneo, que ha modificado las condiciones de vida y acceso a la educación de nuestros jóvenes. Aunque parezca que propongo hablar de cuestiones sabidas, considero útil que hablemos de educación porque todos los retos no están ganados. Y además porque vivimos en un momento en que el ruido social se dirige hacia otros temas, como el paro, la corrupción, o el sistema político, olvidando que el sistema educativo vertebra la organización social y es fuente decisiva de oportunidades y cohesión social. Desgraciadamente la educación no está de moda. En la mayoría de las encuestas preocupa casi siempre a menos de un 10% de la población.
Canarias ha carecido de una educación generalizada durante la mayor parte de su historia. Pero es especialmente indignante que se excluyera al 80% de la población de una atención educativa básica hasta bien entrado el siglo XX. Podemos afirmar que hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 y al traspaso de competencias educativas al Gobierno de Canarias en 1983, la educación fue elitista y dirigida a formar solo a un tercio de la población. Las familias obreras o rurales, que eran la mayoría, no fueron beneficiarias, en general, de un sistema educativo que fue selectivo y minoritario. La extensión de la educación en nuestra Comunidad apenas tiene unos 33 años de historia. Demasiado poco tiempo para paliar o revertir un abandono y un retraso seculares. Es más, en dos estudios que acabamos de conocer se demuestra que la desigualdad sigue estando desgraciadamente muy presente. En un reciente informe sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias se constata que la desigualdad económica es “determinante” en el rendimiento de los estudiantes en nuestra Comunidad. El estudio Desigualdades Socioeconómicas y Rendimiento Académico publicado por el profesor Álvaro Choi de Mendizábal señala también como concluyente en los resultados escolares el nivel socioeconómico de las familias.
El primer instituto en Gran Canaria se crea en 1913. Hasta entonces solo funcionaba uno en La Laguna. Una desigualdad sangrante, desde entonces, con la mayoría de provincias del estado. Al comienzo de la transición política, entre 1976 y 1983, la mitad de los niños de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, tenían que ir, en Educación Primaria, a turnos de tarde porque no había plazas escolares por la mañana. En esas fechas las tasas de analfabetismo absoluto adulto, entrando en el último cuarto del siglo XX, rondaban el 18% de la población. Imaginen en cuánto podía estar el analfabetismo funcional. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se crea hasta 1989. Con estos datos quiero concluir que el déficit educativo en Canarias es estructural, neocolonial, porque es consentido por la burguesía de aquí y los poderes de allá.
Con esta historia, el presente, para reparar los déficits, debe ser exigente en inversión, en dedicación educativa. Todo lo que no sea priorizar la atención individualizada, la compensación de atención al alumnado con déficits socioeconómicos, la atención a la diversidad, la formación de las familias, el fomento de la participación educativa, la animación de comunidades de aprendizaje, la formación permanente del profesorado, es traicionar una deuda histórica que los canarios no deberíamos consentir. Con estas urgencias, debates frívolos como los que hemos vivido sobre los videojuegos en la escuela nos deben sonrojar o abochornar.
Cuando se analizan y comparan los datos escolares, las pruebas de rendimiento escolar, las evaluaciones de organismos internacionales como PISA o las pruebas de diagnóstico a nivel estatal, por ejemplo, sabemos que no pueden descontextualizarse y analizarse de forma aislada, porque estaríamos falseando la realidad. Lo que somos hoy, es resultado de un pasado demasiado reciente. No es una realidad inamovible afortunadamente, pero tardará generaciones en reponerse.
Con la estructura económica volcada en el sector servicios, con la situación geográfica de la que disfrutamos, el nivel formativo de nuestros jóvenes es decisivo para alcanzar unas condiciones dignas de vida. Este factor es relevante para las biografías individuales de cada uno de nuestros hijos o nietos, pero también para la colectividad. La formación nos facilitará la emprendeduría, la innovación, la capacidad de adaptación a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. Pero nuestra sociedad necesita talento, capacidad, conocimiento. El progreso que Canarias ha experimentado en estos últimos 30 años está ligado directamente al incremento de niveles formativos de nuestra gente. La eficiencia en el sector turístico, los avances en economía marina, el desarrollo de energías alternativas, los progresos en desalinización y depuración, la renovación de puertos y aeropuertos, la modernización de nuestras empresas y la formación de un tejido de personal técnico y profesionales solventes, son resultado de un incremento del talento y de la formación de nuestros jóvenes.
Y precisa igualmente de personas formadas –más allá del pensamiento contable- en valores democráticos, cívicos, de igualdad, de educación sexual y afectiva, de diversidad, de violencia de género… De hombres y mujeres críticos, con pensamiento propio. El Nobel Vargas Llosa, en su última visita a Gran Canaria nos advertía de que en el contexto de este mundo “en el que hay que formar fundamentalmente gente preparada para entrar al mercado laboral, (…) la educación que no incluye una formación integral del individuo y prepara sólo técnicos y especialistas puede crear un mundo robotizado en el que lo primero que podría desplomarse es la democracia. La democracia necesita ciudadanos alertas, que tengan un espíritu crítico que solo las humanidades estimulan y crean”.
Martha Nussbaum señala que el miedo a las Humanidades esconde el temor a que se genere la comprensión frente a la moral obtusa. Que la capacidad de reflexionar y argumentar en lugar de someterse que facilitan las carreras humanísticas supone un valor esencial para la democracia. Que hay que impedir que se forjen generaciones sumisas, máquinas utilitarias, eficientes y productivas y sin capacidad de pensar, de debatir, de ser críticas…
En este momento de la reflexión quiero seleccionar cuatro preguntas con cuya contestación pretendo responder al título de esta exposición:
¿Todos nuestros jóvenes alcanzan una formación suficiente? ¿Consiguen el nivel óptimo para desarrollar todas sus capacidades y oportunidades? Si cruzamos los datos académicos de rendimiento escolar y la experiencia de familias y de instituciones que impulsamos planes de empleo juvenil podemos convenir que, al menos, un tercio de nuestra población escolarizada en educación secundaria, entre 15 y 20 años, no consigue niveles de cualificación suficientes para graduarse en Secundaria. Sabiendo que esos niveles son la referencia básica para acceder al mercado de trabajo, con posibilidades mínimas de responder a las necesidades de un empleo moderno, podemos concluir que un tercio de la población juvenil, en la mejor hipótesis, está en riesgo de exclusión sociolaboral permanente y temprana.
Aquí tenemos a mi juicio definido un colectivo que debe ser objeto de atención intensiva y cualificada porque no basta con una actuación escolar clásica. Se necesita una intervención sociocomunitaria, con equipos multidisciplinares y donde la participación de las familias y la acción en el entorno de ocio, urbanístico, deportivo, de salud, artístico, medioambiental debe requerir una acción global, integral y a largo plazo. Si no se interviene con urgencia, pasará de ser un problema educativo a convertirse en una grave situación social. Animo a conocer y extender las experiencias que se están organizando en varios lugares de nuestra isla, especialmente en Telde, porque afortunadamente estamos pasando del diagnóstico a la acción.
¿La educación continúa ejerciendo de ascensor social frente a la desigualdad de origen? En la formación de las sociedades del bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, la fe en la capacidad de la educación para igualar oportunidades que la cuna había negado eran altísimas. Aquella euforia se llegó a definir como optimismo pedagógico. Treinta años después de aquellas políticas intensivas en recursos y en programas, la conclusión es más moderada. La educación sigue siendo un ascensor que promociona a ciertos grupos desfavorecidos, pero no genera una igualación automática. Igualar inmediatamente lo que durante generaciones ha sido desigual, nos dicen los sociólogos que responde a una fantasía o a una ingenuidad pedagógica. Las diferencias en expectativas, en autoestima, en resiliencia, en lenguaje no se resuelven directamente con los programas escolares oficiales, sino que necesitan actuaciones específicas y constantes.
El saber se hereda. La formación de los padres es determinante para alcanzar el éxito escolar. Por eso, alcanzamos otra conclusión. Para que la educación sea un potente ascensor social tenemos que trabajar con las familias. La escuela tiene que incluir a las familias en el proceso de mejora. Si se actúa aisladamente los resultados son lentos e inseguros. En el informe de la Caixa sobre la inclusión social editado en 2009, se constataba que el 73% de los hijos e hijas de universitarios han estudiado una carrera, mientras que tan sólo lo ha hecho el 20 % de aquellos cuyos padres no eran universitarios.
Nuestra referencia tiene que ser la de actuar sobre la comunidad educativa, sabiendo que tras la crisis las familias viven tensiones que las alejan de la atención de sus hijos o de la presencia en los centros educativos. En su momento Abraham Lincoln afirmaba que educar a los niños haría innecesario educar a los adultos. Las investigaciones sociales nos demuestran que no es suficiente. En este mundo local y global el aprendizaje a lo largo de la vida es inevitable. Me gustaría que las políticas educativas no reprodujeran las desigualdades de origen por desconocimiento, por desinterés o por selección social.
¿El contenido de la formación permite un acceso digno a la vida laboral? En los interrogantes anteriores pregunto por la cantidad y por la orientación de la educación. Ahora analizo el factor calidad. Y surge una nueva contradicción. Mientras estamos peleando por no perder a un tercio de jóvenes en la escolarización obligatoria, comprobamos cómo otro tercio se escapa con una formación de alto nivel en idiomas, en dominio de las nuevas tecnologías, en estrategias de innovación y resolución de problemas, en técnicas de comunicación y expresión, en metodología eficiente para organización de tareas.
La complejidad de los requerimientos que la sociedad hace a la escuela abre una nueva brecha porque fractura al alumnado en tres tercios. Cerca de dos tercios de nuestro alumnado no alcanzan esas nuevas demandas que el mercado laboral premia. En muchos casos porque su escolarización les impide acceder a esas destrezas. Es el grupo que difícilmente titula en secundaria y del que ya hemos hablado. Otro tercio no encuentra en sus colegios o las familias el ambiente, la oferta actualizada y motivadora que les acerque a las nuevas competencias. Queda un tercio que sí alcanza estas enseñanzas porque se combina el ambiente familiar estimulante con una organización escolar cercana, actualizada y adaptada.
¿El compromiso educativo institucional, de liderazgo público e inversor es suficiente en Canarias? Con las condiciones históricas, sociales y políticas que he descrito, es imprescindible un liderazgo institucional intenso que transmita a la sociedad que la educación es una prioridad social y consiga contagiar a la ciudadanía de este objetivo con el mismo entusiasmo con el que salimos a la calle a pedir Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Me refiero a la convicción social que interiorizó la sociedad canaria en los primeros 15 años de gestión educativa autonómica y que se tradujo en incremento de plantillas y de contratación de miles de enseñantes, en construcción de centros educativos, en generalización de institutos en todos los municipios, en colaboración con los ayuntamientos, en extensión de la educación infantil, en creación de escuelas oficiales de idiomas, en proliferación de programas de innovación y renovación pedagógica, en mejora de las condiciones laborales del profesorado y de su consideración social, en programas de formación y participación de las familias, en gestión democrática de los centros. En definitiva en una acción coherente, colectiva y movilizadora de toda la sociedad en favor de la educación. Eso se hizo con liderazgo político del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, con movilización de sindicatos y movimientos de renovación pedagógica, con implicación de las Ampas y organizaciones sociales.
Sin abusar de la nostalgia, porque no creo que todo tiempo pasado fuera mejor, yo no percibo esa movilización hoy. No descubro esa voluntad en la dirección política, ni esa capacidad de profesorado, familias o municipios para demandar un cambio de rumbo.
A pesar de este diagnóstico, que pudiera parecer pesimista, me reafirmo en el valor fundamental de la educación. Ya lo demostré cuando promovimos desde el Ayuntamiento de Agüimes aquella ordenanza que garantizaba la atención adecuada a los menores para favorecer su éxito escolar, cuyos beneficios han quedado demostrados. Quiero proponerles para el debate algunas medidas ya contenidas, en su mayoría, en la Ley Canaria de Educación y que no veo señales de que vayan a ponerse en práctica:
Ofertar a las familias, voluntariamente, la escolarización gratuita de los 0 a los 3 años -la capacidad compensadora de la educación temprana está sobradamente demostrada-; generalizar programas formativos a todas las familias en los institutos de Secundaria e implementar acciones socio comunitarias tutorizadas por personal especializado; facilitar acceso al empleo y a la vivienda a las familias que vivan bajo el umbral de la pobreza; garantizar en todos los centros de Infantil y Primaria la existencia de equipos especializados en atención a la diversidad que faciliten la inclusión de todo el alumnado; potenciar la estabilidad de los claustros favoreciendo la conformación de equipos con proyectos educativos adaptados a las zonas; reducir las ratios e incrementar la formación del profesorado para que la adaptación curricular pueda ser efectiva.
Estamos a tiempo de retomar el vuelo. Necesitamos recuperar el tiempo perdido. Es tiempo de apostar por lo que verdaderamente importa: la educación como elemento esencial para el desarrollo integral de una comunidad.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria