Intersindical Canaria reivindica ante el Parlamento, la recuperación de los derechos laborales hurtados y justicia social en los Presupuestos
Los Delegados Sindicales del sector público de Intersindical Canaria, han celebrado una manifestación que, partiendo desde la plaza Weyler, discurrió a lo largo de la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife hasta los exteriores del Parlamento de Canarias.
Allí, tuvo lugar una numerosa concentración en la que se corearon diferentes consignas alusivas a los presupuestos generales aprobados durante esta semana por la mayoría conservadora parlamentaria integrada por Coalición Canaria, PP y ASG, que se mantiene en el objetivo de ignorar las demandas de la mayoría social pese a que el ejecutivo presidido por Clavijo insista en enmascararlos con un envoltorio de utilidad pública.
Considera el Sindicato que, en materia de servicios públicos, comparativamente con lo asignado al conjunto del presupuesto, se restringen las inversiones, precisamente en una situación en la que los servicios sanitarios se encuentran colapsados por la existencia de graves carencias que, además, benefician al sector privado. Los servicios sociales acumulan damnificados por el desprecio gubernamental hacia los dependientes. La educación continua a la espera de las inversiones prometidas que puedan sacarle de su actual estancamiento y acentuado fracaso escolar.
Acusan al gobierno de CC de mantener a Canarias en primerísimo lugar en todo lo socialmente negativo fruto de una política retrógrada y continuista, convirtiéndose en campeón del Estado español en el sufrimiento que impone a sus administrados con cerca de la mitad de la población bajo umbral de la pobreza o en riego de padecerla, «En su fijación enfermiza – afirman- para restringir el gasto público y mantener los recortes sufridos, el gobierno vuelve a acumular superávit durante el año 2018 por encima de la media del conjunto de comunidades del Estado».
Así, la promesa de Coalición Canaria de devolución de los derechos laborales a los trabajadores públicos, y sobre todo lo que se refiere a la recuperación de la jornada laboral y al abono de la I.T., contrariamente a incluirlo en el plan de inversiones para el 2019, lo hace condicionar a que el ejecutivo español le autorice a utilizar los cerca de 600 millones de euros de superávit que Coalición Canaria se guardó en el pasado ejercicio y no invirtió en gasto social.
Este hecho lo considera Intersindical Canaria especialmente grave al hace recaer de forma directa sobre los servicios a la ciudadanía los perjuicios de unas plantillas escasas, e imponer a los trabajadores mayores cargas de trabajo, penalizando incluso la enfermedad.
Por estos motivos, Intersindical Canaria entiende que hay que seguir manteniendo la presión sobre un gobierno que, estando en minoría, es irresponsable con la ciudadanía y juega a los trileros con el conjunto de empleados públicos, apoyándose, eso sí, sobre las muletas del PP y ASG para poder materializar sus fechorías.