El Magistrado Manuel Marchena, al renunciar a su candidatura como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha dado una soberbia lección de dignidad, independencia, y ética, a la clase política más intelectual y políticamente mediocre desde la Transición.
El fracaso del pacto entre el PSOE y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es consecuencia de ninguna deficiencia del sistema constitucional, sino de un torpe uso del mismo que ha sido posible también con la aquiescencia de los algunos jueces y magistrados, que se han valido de él para trepar en sus carreras profesionales. Los políticos son los principales culpables de la judicialización de la política y de la abusiva utilización de la Justicia como arma arrojadiza contra el adversario político, que acarrea inexorablemente la politización de la Justicia, a la que han coadyuvado no poco las Asociaciones Judiciales, causantes de que la opinión pública y mediática haya asumido el tópico de jueces conservadores y progresistas, división artificial que no se corresponde con la realidad. En mi dilatada experiencia profesional como juez, fiscal y abogado; y política en los tres poderes del Estado, he conocido jueces considerados progresistas que son auténticos inquisidores que abusan del enorme poder prácticamente incontrolado de los jueces de instrucción que tienen en su manos el honor, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos. Por el contrario he conocido jueces que se califican de conservadores que han dictado resoluciones socialmente reformistas e, incluso, revolucionarias, como la de algunos Magistrados de lo Contencioso-Administrativo que, a pesar de haber ocupado cargos políticos en el régimen autocrático, contribuyeron eficazmente a golpe de sus sentencias a la transición democrática.
Los jueces no tienen que ser profesionalmente ni de derechas ni de izquierdas, sino justos, del que es arquetipo el Magistrado Manuel Marchena, para lo que hay que tener talento y sobre todo talante, y aplicar la ley para hacer Justicia, muchas veces, a pesar de la Ley, a falta de la Ley, pero nunca contra la Ley. El sistema de elección vigente de los Vocales del Consejo el poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder judicial, integrado por Jueces y Magistrados (artículo 117.1 C.E.), de indiscutible constitucionalidad y legitimidad democrática, debe ser perfeccionado para hacerlo más democrático mediante un mayor control del Parlamento, que pueda rechazar o aprobar a los candidatos propuestos, como sucede en el sistema judicial norteamericano, que dé respuesta al viejo dilema: ¿Quién controla a los que controlan?. Sería un error, como ahora se pretende por algunas Asociaciones judiciales y partidos políticos, que los doce Jueces y Magistrados, que integran el CGPJ, sean corporativamente elegidos por ellos mismos, sistema constitucional pero de deficiente legitimidad democrática, ya que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, (STC.
13/1985; 38/1982; 62/1982; y 96/1987) la Justicia, aunque emana del pueblo (artículo 117.1 C:E.), está sustraída al control público. Se equivocan los que creen que este sistema corporativo evitaría completamente la politización de la justicia y la judicialización de la política, pues los jueces tienen ideas políticas y algunos son criptomilitantes y hacen política sin control, amparados en la toga, como se demostró en el primer CGPJ elegido por este sistema, cuyas resoluciones e informes tenían una fuerte carga ideológica conservadora.
No soy partidario de que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo, como en los sistemas anglosajones, porque en España, que carece de esa tradición, sería un fracaso. Creo que debe mantenerse para acceder a la Carrera Judicial el actual sistema de oposiciones y turnos que se fundamente en el mérito y capacidad profesional, que ha funcionado aceptablemente bien y ha garantizado la independencia judicial. Solo es necesario perfeccionar el control del poder de los jueces, sobre todo de los Jueces de Instrucción, que tienen un poder omnímodo y no suficientemente controlado. Ya Napoleón consideraba al Juez de Instrucción como “el hombre más poderoso de Francia”, y así es en España mientras la instrucción penal no sea asumida por el Ministerio Fiscal y los derechos fundamentales sólo puedan ser limitados por un Tribunal de Garantías, como sucede en la mayoría de las democracias occidentales.
Manuel Marchena ha sido uno de los jueces y fiscales de mayor reconocido prestigio e independencia de los últimos 50 años de la historia judicial española, que conozco por mi experiencia de haber ocupado altos cargos judiciales. La frustración de la posibilidad de que Manuel Marchena fuera presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, ha ocasionado una profunda herida a la democracia española, por la torpeza e incapacidad política de los partidos políticos, que lo que tienen que hacer, al igual que lo jueces, para superar la crisis judicial y política que padecemos, es imitar su ejemplar conducta, por la que, al menos, le debemos ceñir la corona cívica que se merece.
ELIGIO HERNANDEZ. Magistrado Jubilado, ex Fiscal General del Estado y ex Vocal del Consejo del Poder Judicial.