Necesitan más de 150 policías locales para alcanzar el mínimo que establece las recomendaciones de Europa y del propio Gobierno de Canarias
La ratio de policías locales en los 10 municipios de la mancomunidad del norte se sitúa en 1 policía por cada 1000 habitantes y en los municipios del Centro de la isla en el 1,1, lejos de los 1,8 policías que determina Europa y el Gobierno de Canarias
El 80% de estos municipios no presta servicios de seguridad a los vecinos por las noches, al no tener policías suficientes.
Los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Guía, La Aldea de San Nicolás, Teror y Valleseco cuentan únicamente con 134 policías para cubrir los servicios de seguridad a más de 122.000 habitantes, cuando en el año 2012, con menos población, eran 165 policías. Con las normas europeas y canarias hoy día deberían ser como mínimo 233 policías locales.
También los municipios del centro de la isla presentan similares problemas de seguridad, dado que en Tejeda, Valsequillo, Santa Brígida y San Mateo hoy solo prestan servicios 41 policías para atender a casi 40.000 personas que viven en estos cuatro municipios, mientras hace seis años eran con menos población, 52 agentes de la autoridad. Con las normas europeas y canarias hoy día deberían ser como mínimo 68 policías locales.
Este déficit tan alarmante de falta de efectivos en estos municipios impide que el 70% de municipios no preste servicio de seguridad a estos miles de vecinos por las noches, ya que los funcionarios tienen órdenes de cerrar las comisarias en diez de estos catorce municipios por las noches lo que genera un peligroso problema de seguridad que los alcaldes no están atendiendo.
A esta falta de policías para prestar servicio de seguridad diario, se le suma que estos municipios del norte y centro de Gran Canaria han tenido cientos de fiestas en los meses de verano en todos y cada uno de sus barrios, lo que ha obligado a los policías a acudir en sus días libres de servicios y vacaciones a reforzar los servicios de seguridad en las fiestas, dado que la carencia de guardias civiles es igual o peor. Incluso en muchas ocasiones la Guardia Civil de Arucas o Guia debe pedir apoyo a distintas policías locales porque ellos tampoco disponen de efectivos suficientes para atender sus obligaciones en todo el Norte de la isla.
La inmensa mayoría de ayuntamientos vienen pidiendo apoyo al resto de policías locales de la isla que están libres de servicio para poder ampliar la seguridad pública en las fiestas ante la ausencia de la guardia civil para el mantenimiento del orden público en estos actos multitudinarios, gracias a la colaboración del resto de ayuntamientos de la isla.
No obstante, ayuntamientos como el de Guía, Gáldar y Agaete, con alcaldes que antaño se vanagloriaban de defender los servicios públicos y en contra de las privatizaciones de la derecha, en vez de pedir apoyo y colaboración al resto de municipios para incrementar la presencia policial en sus fiestas, han contratado seguridad privada a empresas de “dudosa reputación” en el mundo de la seguridad privada. Tanto CCOO como UGT están recopilando información de estas administraciones para estudiar si procede una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación administrativa y cohecho.
Según FSC-CCOO, los alcaldes del norte y centro de la Isla “parece que están más preocupados en organizar fiestas para el autobombo que en mejorar la seguridad de los vecinos todos los días del año y las 24 horas del día, a pesar del clamor social que cada vez demanda más seguridad”.
El sindicato llama a los acaldes a que reflexionen sobre la seguridad local en sus municipios, ante los indicadores de criminalidad publicados por la Secretaria del Estado de Seguridad que señalan el incremento de la delincuencia en zonas de estos municipios. Asimismo, exigen a la FECAM que no siga presionando a los grupos parlamentarios para que no se apruebe la Ley de Coordinación de la Policía Local que está pendiente de tramitar en el Parlamento de Canarias desde abril pasado, pues esta futura ley “acercará la seguridad local a la realidad social actual y dará respuesta a los graves problema de seguridad que tienen todos los municipios de Canarias, ante la desidia y las políticas desacertadas llevadas en materia de seguridad en estos años”.
Una de las medidas de la Ley paralizada por los alcaldes, por espurios intereses políticos, será que el propio Gobierno canario puede convocar oficialmente nuevas plazas de policías locales para uno o varios de esos consistorios ayudando significativamente a ayuntamientos de municipios con escasa población y recursos técnicos a que tenga más policías rápidamente y a través de ese procedimiento, se logre reducir trámites, tiempo y sobre todo dinero a las corporaciones locales.
También para miles de jóvenes canarios, que se tienen que enfrentar a varios exámenes en cada uno de los municipios para aspirar a ser policías locales, la nueva ley determina que si superan las pruebas físicas y psicotécnicas una vez les servirá para convalidarlas en aquellas siguientes convocatorias que se desarrollen, lo que permitirá agilizar las oposiciones, entre otras muchas iniciativas novedosas que implanta esta nueva norma, la cual pretende implantar una nueva estrategia de seguridad en Canarias, pero que determinados Alcaldes pretenden politizar por réditos políticos.