Un jurado popular ha declarado culpable de todos los cargos imputados por el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, y prácticamente por unanimidad, a los seis acusados en el denominado ‘caso Eólico’, según el fallo leído en la tarde de este jueves y después de tres días de deliberación.
En cuanto a los años de cárcel solicitados por el fiscal, pide para el principal acusado, Celso Perdomo, por los delitos de cohecho, violación de secreto y malversación de caudales públicos, cuatro años y tres meses de cárcel –rebajando así la pena que solicitaba al inicio del juicio–, ya que se le considera el eje de este caso centrado en la convocatoria del concurso eólico que el Gobierno canario realizó en el año 2004 cuando Perdomo era director general de Industria del Ejecutivo regional, cargo que ostentaría hasta el 2005, año en el que tuvo que cesar debido a que el PP rompe con Coalición Canaria (CC) y sale del gobierno –estando la Consejería de Industria ‘en manos’ del PP en ese momento y cuyo consejero era el hermano del exministro José Manuel Soria, Luis Soria–.
Asimismo para su pareja, Mónica Quintana, solicita dos años y nueve meses de cárcel, mientras que al funcionario Honorato López, al que Perdomo ‘utilizaría’ en la Consejería para continuar con la trama una vez sale él de la misma, se le piden cinco meses de prisión al igual que al resto de acusados Enrique J. Guzmán, José Ignacio Esquivel y de Alfredo Briganty por delito de cohecho.
Estas peticiones de cárcel pueden ser sustituidas por una multa atendiendo a la nueva legislación, además de otra multa añadida de 150.000 euros para cada uno de los empresarios y de 42.000 euros para el funcionario.
El juicio por el ‘caso Eólico’ concluye así –a falta de que el juez ratifique el fallo del jurado popular– después de casi 14 años, y en el que se ha puesto de manifiesto la trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica con información privilegiada del Gobierno de Canarias, previa a la publicación del concurso que para ello se convocó en 2004.
Además está considerado como el ‘primer megaproceso’ por presunta corrupción política que se abrió en el archipiélago en la pasada década y que suscitó un gran revuelo social.