En un primer texto abordé la situación política canaria, su dimensión territorial y social, los déficits del autogobierno y el maltrato estatal.
Me detendré ahora en la estructura económica. En las propuestas para una nueva economía que contribuya a superar las desigualdades. Lo hago en un momento en que asistimos a síntomas de recuperación económica impulsados por datos históricos de ingresos y ocupación turística y por un repunte del consumo. Empezamos a superar la lacra de la burbuja inmobiliaria, con los excesos en la política bancaria, resueltos con daños para pymes y ahorradores, así como con un cierre total de créditos. Y con el añadido de la parálisis en la inversión pública. Y de un ataque brutal a lo público para desacreditarlo, para justificar su privatización…
En mi opinión, contamos con dos fortalezas relevantes para avanzar hacia la diversificación productiva. Por un lado, disponer de una economía más capitalizada, entre otros factores por los recursos de la Reserva de Inversiones (RIC) y del conjunto de incentivos del REF. Y, por otro, el enorme capital humano creado en los últimos 20 años que es la base para la iniciativa individual, la innovación tecnológica y la generación de pequeñas y medianas empresas. Para la nueva economía.
Defiendo una propuesta canarista. El nacionalismo canario de progreso tiene tres virtualidades: es reivindicativo ante el Estado, prioriza la lucha por la igualdad social y la defensa del territorio, y busca el equilibrio entre todas las islas. Reitero que creo en el patriotismo del medio ambiente y la solidaridad.
El modelo Administrativo de Canarias debe reformarse. Preservando para la Administración Autonómica todas aquellas competencias relacionadas con la financiación y prestación de las áreas vinculadas al Estado del Bienestar y descentralizando en las Administraciones insulares y locales todas las competencias y servicios cercanos a la ciudadanía. Acompañado todo ello de un apropiado marco regulatorio de financiación equitativa y de gestión.
Propugno, además, el compromiso con unas finanzas públicas sólidas y saneadas. Esencial para desarrollar hoy políticas de gasto sostenibles y, también, para estar preparados ante coyunturas económicas desfavorables en las que sea preciso afrontar políticas expansivas de gasto público.
También creo que debemos apostar por la innovación en la gestión pública y dignificación de esta y del funcionariado, elementos claves para el funcionamiento de las instituciones, de la sociedad y de la economía. La política del Gobierno central del PP ha consistido, con la excusa de la crisis, en un desmantelamiento de los sistemas públicos de gestión, por la prohibición de contratación o de dotación de las necesidades en administraciones saneadas. Y sin personal no hay empresa que funcione. Tampoco la administración pública.
La gran señal de la regeneración es la transformación de las desigualdades sociales. Necesitamos impulsar dinamismo económico y redistribución social. La gran tarea pública es la suficiente dotación de los cuatro grandes servicios: la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones. Pero la cohesión social nace también de unos salarios dignos, de un empleo estable, de un parque de viviendas accesible, de una formación profesional generalizada.
En ese sentido, considero esencial la creación de la Renta Básica Canaria, que garantice un ingreso mínimo a las unidades familiares. Un antídoto contra la pobreza y la exclusión social que ya está en funcionamiento en varias comunidades, siendo un referente la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco.
Una sociedad justa requiere una economía competitiva. Y esta propuesta que desgrano rechaza la posición neoliberal que afirma que son postulados contradictorios. Una economía dinámica supone reforzar los sectores que proporcionen mayor valor añadido a las islas y pueden ser palancas para generar nuevo empleo. La mejora de nuestra competitividad tiene que estar basada en nuestras potencialidades (localización, especialización, recursos naturales, talento joven y fiscalidad) y en el aprovechamiento de las oportunidades que proporciona la economía global.
Este reto requiere de esfuerzos en diversos vectores, tanto en lo concerniente a los factores productivos como a los relacionados con el entorno en el que se desarrollan las actividades económicas.
El turismo y el ocio van a continuar siendo sectores clave en el crecimiento económico y de empleo de Canarias. Para ello hay que insistir en la calidad y la diversificación de la oferta, como elementos esenciales para fidelizar y mejorar el valor añadido de nuestro destino. Creo necesaria la Tasa Turística que defiende Nueva Canarias y que funciona perfectamente en otras comunidades españolas o en distintos países. Debe tener carácter finalista. Debe estar controlada y dirigida desde el ámbito público y el privado.
Pero, asimismo, debemos desarrollar nuevos sectores productivos que contribuyan a aumentar la productividad y la diversificación económica. Entre otros, la industria del software, los servicios marítimos y off-shore, la astrofísica, las energías renovables, la biotecnología marina, la industria audiovisual y de contenidos digitales podrían ser ejemplos de ello.
Un sector que debemos considerar preferente es el de la “economía azul” o las actividades marítimo-marinas. Gran Canaria reúne todas las condiciones para ser un centro de referencia español e importante en la UE en ciencias marítimo-marinas, como lo demuestra la existencia de la PLOCAN, el Banco Español de Algas, el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global, el puerto de Taliarte, etcétera. Además, el puerto de Las Palmas, uno de los más importantes de España en cuanto a transportes de mercancías, dispone, asimismo, de las mejores instalaciones de reparación de barcos y plataformas del Atlántico Medio.
Igualmente los sectores de la biotecnología y la biomedicina tienen una enorme potencialidad. El Cabildo de Gran Canaria intensificará su apoyo y trabaja en varios frentes en estos momentos para afianzar este modelo. La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) es un gran instrumento de impulso y colaboración.
Somos conscientes de que la inseguridad jurídica está limitando la inversión empresarial. Creo que la inseguridad jurídica y la baja eficacia administrativa en la gestión urbanística y tributaria nos están restando bastantes puntos de competitividad. Por ello todas las instituciones debemos abordar de una manera decidida y clara un esfuerzo por mejorar la calidad y seguridad del sistema jurídico que regula las actividades económicas y empresariales. Es obvio que esto difícilmente se puede conseguir recortando a la administración pública.
Considero, además, que la consolidación de los incentivos fiscales a la inversión empresarial y a la creación de empleo deben estar en nuestra agenda de prioridades para la próxima década.
Por último, la respuesta educativa a las demandas del nuevo sistema productivo tiene que ser más eficaz; tenemos que buscar nuevos cauces para que la formación profesional, la formación continua y la formación universitaria provea de los profesionales que los nuevos sectores y servicios productivos van a demandar. Además, esta respuesta educativa debe animar a muchos de nuestros jóvenes a convertirse en innovadores empresariales y sociales. Y a no dejar de ser críticos, a no perder las imprescindibles referencias humanistas.
Todas estas propuestas, planteadas aquí de forma necesariamente resumida, deben tener como marco referencial una Canarias equilibrada y sostenible. A ello dedicaré la próxima entrega de Repensar y regenerar Canarias.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria