«Varapalo de la justicia belga a la Audiencia Nacional Española y a la Fiscalía General del Estado», ha afirmado el jurista José Manuel Rivero.
En la noche de este domingo, el juez ha decidido dejar en libertad al expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y a sus exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, pero con medidas cautelares: obligación de permanecer en Bélgica, retirada de pasaporte, comunicación de su domicilio y estar a disposición del juez. La decisión está basada en que no hay riesgo de fuga y está pendiente de que se resuelva la orden de la jueza Lamela de detenerlos. Hasta entonces, no ingresarán en prisión. Los cinco han acabado de declarar ante el juez pasadas las 20.30 horas, tras cerca de cinco horas, y después de haberse personado a primera hora de la tarde en una comisaría de la Policía Federal en Bruselas.
El expresident y los cuatro exconsellers han elegido el neerlandés frente al francés como idioma para el procedimiento de instrucción que la Justicia belga ha puesto en marcha para decidir si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega que ha emitido contra ellos la Audiencia Nacional.
Los cinco se han presentado acompañados de sus abogados en la sede policial de la Rue Royal número 202 de Bruselas después de que la Fiscalía de Bruselas ordenara su detención antes de designar un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes. De hecho, numerosos medios de comunicación les esperaban allí desde primera hora de la mañana. Con su comparecencia ante la policía, por tanto, Puigdemont y el resto de exconsellers han evitado la imagen de su arresto.
Con todo, el periplo judicial belga de Puigdemont no ha terminado este domingo. En 15 días, la ‘Chambre du Conseil’ –un tribunal de primera instancia, distinto al juez instructor– deberá pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega emitida por la jueza Lamela. El fallo de este tribunal tampoco será definitivo, pues tanto la defensa de Puigdemont como la acusación (en este caso, la Fiscalía y la Audiencia Nacional españolas) podrán recurrirla.
Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los que la llamada ‘Court d’appel’, esto es, un tribunal de apelación, emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva.
El ministro de Justicia belga, Koen Geens, estimó que, en conjunto, entre los plazos judiciales y los días que las partes tendrán para estudiar si presentan recursos, el proceso en los tribunales de Bélgica podría alargarse hasta dos meses, aunque también podía llegar a los 90 días si se daban «circunstancias excepcionales».
Entre los juzgados belgas y el 21D
La decisión judicial se ha conocido el mismo día en que el partido de Puigdemont, el PDeCAT, ha apostado por una lista única independentista liderada por el expresident, tal y como el propio Puigdemont había pedido el sábado.
El proceso judicial belga del expresident se cursará en paralelo al debate independentista sobre concurrir al 21D con una lista conjunta. Tanto el ofrecimiento de Puigdemont como el acuerdo del PDeCAT aumentan la presión sobre ERC, más reticente a concurrir bajo una sola lista a no ser que incluya a la CUP y a sectores de Podem.