SB-Noticias.- El Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo este viernes, de denunciar ante la Fiscalía, a la empresa Seguridad Integral Canaria, del polémico empresario Miguel Ángel Ramírez, al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.
La remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa, hasta que la justicia se pronuncie.
El acuerdo textual tomado por el Consejo de Ministros dice: «ACUERDO por el que se remite al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento administrativo sancionador incoado en virtud del acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas a la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.».
Recordemos que el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, empresario que llegó a ser indultado por el Gobierno del PP, acumula un fraude al Estado de casi 21 millones. Según Hacienda, Ramírez camufló las horas extras de sus empleados como dietas eludiendo su retención fiscal. Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.
Un informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas donde se investigaba a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las de 2008 (480.000 euros). Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo».
Por otra parte, recientemente saltaba a los medios la información que el empresario Miguel Ángel Ramírez decidía cesar su actividad en el sector de la vigilancia porque quiere reorganizar su política empresarial y dedicarse al transporte de fondos y tecnología pues “tener vigilantes ya no es rentable”, según él mismo afirmaba.
“Ya le decimos, expresaba el Secretario General de USO, Basilio Febles, que los vigilantes tampoco queremos trabajar con él, ya que a día 25 de agosto aún no hemos cobrado el salario de julio”.
El Secretario general de USO recordó que llevan muchos años advirtiendo de que la política empresarial de Ramírez es equivocada. El empresario ha conseguido la mayor parte de concursos públicos no sólo de Canarias sino a nivel de todo el Estado presentando las ofertas más económicas por debajo de los costes empresariales.
Los trabajadores llevan mucho tiempo denunciando a este tipo de empresas que denominan “low cost” que «revientan sus nóminas» con reducciones salariales en torno al 30 %.
“Era normal que finalmente ocurriera lo que ahora ha pasado -explica Febles- pues en esas condiciones la empresa no podía seguir funcionando, y con tantas deudas era cuestión de tiempo que se viera abocado a tomar decisiones drásticas como la que finalmente ha tomado, en la que se pueden ver perjudicados miles de trabajadores”.