SB-Noticias.- La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Esther González, acusó hoy al Gobierno de CC de desacato por “resistirse a cumplir con su obligación legal” de remitir la información y documentación solicitada para el ejercicio de su labor legislativa y de control al Ejecutivo. González denunció que los consejeros Narvay Quintero y José Miguel Barragán han desobedecido el último requerimiento hecho a través del pleno de la Cámara.
La diputada del grupo nacionalista progresista se preguntó si la “única vía” para que el gabinete presidido por Fernando Clavijo “respete los derechos” de los parlamentarios será el ámbito judicial, en el que ya existe jurisprudencia favorable a los diputados. González censuró la “falta de transparencia” de un Gobierno que, en estos casi dos años de la IX Legislatura, el 72% y el 76% de las solicitudes de documentación y preguntas por escrito, respectivamente, de todos los grupos, han sido contestadas fuera de plazo.
El pasado mes de marzo y abril, Esther González fue la primera diputada de la Cámara que decidió recurrir a la vía excepcional de preguntar en el pleno, en la sesión de control al Ejecutivo, por los motivos para negar la información solicitada a los consejeros de Agricultura, Narvay Quintero, y de Presidencia, José Miguel Barragán.
Transcurridos dos meses y a pesar del compromiso adquirido por ambos responsables del Ejecutivo para subsanar este incumplimiento del artículo 12 del Reglamento que “tiene rango de ley”, González acusó al Ejecutivo de CC de ”desacato por resistirse aún hoy a darme la información que faltaba” sobre las infraestructuras hidráulicas y sobre las licitaciones de apoyo a los gabinetes de comunicación de 2012 a 2016.
Un día después de celebrarse el último pleno en el que el gabinete de Clavijo se vio obligado a responder a 23 preguntas de distintos diputados “también por vulnerar el derecho que nos asiste, y que es una obligación para cualquier gobierno”, Esther González se preguntó “si la única manera para que el Ejecutivo respete la ley va a ser el ámbito judicial”, en el que ya existe jurisprudencia a favor de los parlamentarios.
Para la presidenta del grupo nacionalista progresista, el Gobierno de Clavijo “no tiene ninguna voluntad para transparentar” su gestión. “No hay justificación alguna para desobedecer y persistir en ocultar parte” de la documentación e información pedida cuando además la Mesa del Parlamento atendió “mi solicitud de amparo y requirió los datos” y, con posterioridad, hiciera “lo mismo en una sesión del pleno”.
Un estudio de NC coordinado por González, tal y como aseguró, “me ratifica en mi denuncia”. Desde el inicio de esta legislatura y hasta el pasado 21 de abril, el 72% de las solicitudes de documentación de los seis grupos parlamentarios fueron contestadas fuera de plazo y el 16% ni siquiera se han contestado. En relación a las preguntas con respuesta por escrito, el 76% fueron respondidas fuera de plazo mientras que el 14% tampoco han sido contestadas.