SB-Noticias.- La reforma del reglamento introduce la nueva figura de personas en riesgo de exclusión social, ampliándose la cobertura de la ayuda a las personas desempleadas en edad laboral, personas sin hogar y víctimas de maltrato doméstico. Las novedades introducidas agilizarán la tramitación de la solicitud de la ayuda ya que se unifican los aplicativos informáticos y se establece un protocolo único para los itinerarios de inserción.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha aprobado hoy, martes, 2 de mayo, en Consejo de Gobierno, el decreto por el que se modifica el reglamento que regula la ley de la Prestación Canaria de Inserción, introduciendo un conjunto de mejoras en la normativa, cuya principal novedad es la incorporación de una nueva figura de personas en riesgo de exclusión social.
En este sentido, el presente Decreto amplía el perfil de personas que pueden solicitar estas ayudas ampliándolas a todas aquellas personas que se encuentren en situaciones de extrema necesidad, como ser personas sin hogar, víctimas de maltrato doméstico, personas en procesos de desahucio; personas que cuenten con medidas de protección de las Administraciones Públicas; así como personas que no puedan acceder con carácter temporal a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar.
Igualmente, se introduce la nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia. De esta forma, se modifica del concepto de unidad familiar al concepto de unidad de convivencia, entendida no solo como la vivienda familiar sino como cualquier tipo de espacio habitacional y no el familiar. De esta forma, la ayuda ofrece una mayor cobertura a los grupos de convivencias.
Además, la nueva reglamentación agilizará el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda ya establece la gestión coordinada de los expedientes al crear un aplicativo informático común administrativo, que mejorará la operatividad del sistema. Este sistema que las Administraciones Públicas recabarán los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, lo que facilitará con carácter general la tramitación de las solicitudes al no tener que aportar documentos o datos que pueden ser recabados de oficio.
Asimismo, se incorpora el renovado carácter de subsidiaridad de la prestación; la necesaria agilización y reducción de cargas del procedimiento y se potencia la figura de suspensión del plazo para dictar y notificar la resolución.
Itinerarios de inserción laboral
Hay que recordar que la percepción de la ayuda económica básica de la Prestación Canaria de Inserción estará condicionada a la realización de las actividades de inserción necesarias y adecuadas para posibilitar la inserción social, laboral, educativa, o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias. Estas actividades estarán orientadas a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales de la persona que solicite la ayuda y de los miembros que componen su unidad de convivencia.
En este sentido, el nuevo Decreto establece un protocolo unificado de actuación de ámbito municipal en el desarrollo de los itinerarios de inserción laboral así como el establecimiento del seguimiento continuado desde los servicios sociales municipales de los perceptores de la ayuda. De esta forma, se contempla, una nueva regulación de la Comisión técnica de coordinación y de la Comisión sectorial de seguimiento y comunicación interadministrativa y la fijación de los parámetros de la financiación para el ejercicio de las competencias municipales.
En el mes de marzo de 2017, la Prestación Canaria de Inserción llegó a un total de 8.977 beneficiarios, siendo 575 nuevas altas. Esta ayuda cuenta con un presupuesto para 2017 que asciende a 52 millones de euros.
OTRAS NOTICIAS
El Gobierno libera el dinero que el Estado adjudicó a Canarias en la Conferencia sectorial de Empleo
El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy que el Servicio del Canario de Empleo, SCE, disponga de la totalidad del crédito asignado a Canarias por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la última Conferencia Sectorial del 11 de abril. En años anteriores el Gobierno de Canarias retenía el 50% del crédito asignado hasta la publicación de la Orden ministerial lo que impedía su correcta ejecución por parte del SCE.
El Consejo de Gobierno ha aprobado por tanto la liberación del 50% que habitualmente se retiene y que este año asciende a 55.602.982,50 euros. Como argumenta la propuesta, “por razones de interés general para la economía canaria” es necesario liberar este crédito y no esperar a la publicación de la Orden ministerial que distribuye estos fondos ya que, lo habitual es que esta publicación sea en el último trimestre y en algunas ocasiones incluso en el mes de diciembre.
Con esta financiación estatal se atienden las subvenciones dirigidas a empleo y autoempleo que no pueden resolverse definitivamente hasta contar con crédito disponible, con lo que la retención del 50% hasta el mes de diciembre “dificulta en gran medida su correcta ejecución y aumenta el riesgo de devolución de fondos al Estado”.
Entre las líneas de actuación que ahora se adelantarán, ya que van a contar con el 100% del presupuesto asignado por el Estado, se encuentran entre otras, los Programas integrados de Empleo, las acciones de formación prioritaria para desempleados y para ocupados, la atención de colectivos con especiales dificultades y las ayudas para el fomento del autoempleo y la creación de empresas.
El Consejo de Gobierno da un nuevo impulso a la Ley de Bibliotecas de Canarias
Canarias es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma que no cuenta con una Ley de Bibliotecas y solventar este déficit es un compromiso que el actual Ejecutivo está a punto de cumplir en línea con el empeño del equipo de gobierno por mejorar los niveles de calidad de vida que registran los canarios y los parámetros vinculados con el Estado del Bienestar que el Ejecutivo quiere que se alcancen.
“La aprobación de una Ley de Biblioteca de Canarias permite dar solución a la carencia de un marco jurídico, y permitirá dotar de una regulación suficiente y necesaria para el desarrollo de las políticas bibliotecarias, de fomento de la lectura y del protección del patrimonio bibliográfico de Canaria”, según ha puesto de manifiesto la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Alonso, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Lista de Evaluación de la Ley, el primer trámite preceptivo en el camino de dicho texto hacia su puesta en marcha.
Para la consejera responsable de la promoción de la Cultura en Canarias, “la presente Ley concibe la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación, más allá de la tarea de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela”.
Según se puso de manifiesto en el Consejo de Gobierno, se abre ahora un proceso en el que se dará audiencia a las demás administraciones públicas, entidades representativas del sector del libro y bibliotecas, se solicitará los preceptivos informes de La Oficina presupuestaria, impacto de género, infancia, etcétera, así como el de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y por último, el de los Servicios Jurídicos.
Recabadas e incorporadas todas estas aportaciones se llevará el documento a la aprobación por parte del Consejo Consultivo de Canarias; valorado este último el texto de la Ley de Bibliotecas volverá a la aprobación del Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión al Parlamento.
“No quiero hablar de plazos a la hora de contar con una norma de la importancia de la Ley de Bibliotecas, ya que considero que lo verdaderamente importante es que ésta salga con el consenso de las partes implicadas y dando respuesta a la necesidad que la sociedad tiene de este texto”, apuntó para finalizar Mariate Alonso.
El Gobierno reduce a 2,9 días el periodo medio de pago global a proveedores de la Comunidad Autónoma
El Gobierno de Canarias ha logrado reducir a 2,9 días el periodo medio de pago a proveedores del conjunto del sector público autonómico al cierre del primer trimestre, tras superar en enero y febrero pasado el plazo de los 30 días legales que marca la normativa sobre morosidad comercial como consecuencia del retraso en el abono de las facturas del Servicio Canario de Salud (SCS).
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que a principios de año, su departamento remitió al Ministerio de Hacienda un plan de tesorería que contemplaba la implementación de medidas extraordinarias para normalizar la situación en menos de dos meses, “ya que no se trataba de un problema de falta de fondos sino de gestión”.
“Gracias a la adopción de esas medidas y al trabajo coordinado entre la consejerías de Hacienda y Sanidad, la situación se ha podido restablecer en el tiempo previsto”, remarcó Dávila.
Las medidas, dijo, se pusieron en marcha inmediatamente una vez detectadas las desviaciones que venía arratrando la consejería de Sanidad, y se basan en la monitorización y el control diario de los pagos de facturas que se tienen que realizar desde el SCS.
La primera de ellas fue acelerar los trámites para el pago de las facturas que ya se encontraban contabilizadas y que ascendían a 53 millones de euros.
La segunda, agilizar el pago de las facturas por importe de 67 millones de euros que se encontraban en fase preeliminar y que también contaban con asignación presupuestaria.
Por último, también se dio salida a pagos pendientes que aún no tenían consignada una partida y cuyo importe ascendía a 121 millones.
Según la información suministrada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda y Función Pública, de un volumen total de facturas impagadas por valor de 241 millones anteriores a 31 de diciembre de 2016, a fecha de 20 de abril quedan pendientes de pago aproximadamente 6 millones, que sustancialmente son deudas sin partida presupuestaria.