La Mesa Social de Lanzarote y la Marea Blanca de Tenerife denuncian el expediente abierto a la Jefa de Sección de Digestivo del Hospital de Lanzarote
Para ambos colectivos es inaceptable está medida de la Consejería de Sanidad que pretende intimidar a una profesional seria y comprometida con el papel que debe tener la Sanidad Pública en la preservación de la salud y la cura de la enfermedad de las personas usuarias.
Recientemente saltaba la noticia de que la Gerencia del Área insular de Salud ha abierto un expediente para sancionar a la jefa de Digestivo del Hospital José Molina Orosa, que concedió una entrevista a Diario de Lanzarote en la que revelaba las carencias del centro hospitalario, según ha asegurado este miércoles el sindicato CSIF.
El pasado viernes, según explica el sindicato, la doctora recibió una citación firmada por el instructor asignado al expediente, donde se le emplaza para una citación el próximo viernes a las nueve de la mañana, en el despacho de los servicios jurídicos del Área de Salud, dentro de un expediente de información reservada.
La Mesa Social de Lanzarote y la Marea Blanca de Tenerife consideran que está claro que se plantea como un aviso al conjunto de los profesionales que adopten acciones de protesta y denuncia para proteger los servicios sanitarios en nuestras islas, como es el caso que nos ocupa, en el que la Gerencia del Área insular de Salud reacciona contra la demanda de la Dra. Reyes de disponer en su servicio de los recursos necesarios para la detección precoz del cáncer de colon.
A través de un comunicad expresan: «Consideramos que una medida como la anunciada de expedientar a la Dra. Reyes refleja a su vez el miedo y la debilidad por parte de la Consejería de Sanidad, cada vez más a la defensiva y apartada de los profesionales».
Por todo ello hacen un llamamiento a la población y en especial a los trabajadores del Servicio Canario de la Salud a mostrar su apoyo a la Jefa de Sección de Digestivo del Hospital de Lanzarote, Dra. Reyes, y con ello a parar cualquier posible escalada de represalias que pudiera surgir ante el legítimo derecho de los profesionales a cumplir con su deber ético ante su profesión y ante sus pacientes que, no hay que olvidarlo nunca, son los auténticos dueños de la Sanidad Pública y así debemos conseguir que sea.
Por todo ello, exigen la retirada inmediata del mencionado expediente.