SB-Noticias.- Los grupos municipales de Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y Ciudadanos han hecho público hoy lunes su decisión de abandonar la Comisión de Investigación de las Grúas Municipales.
Aseguran que en todo este proceso se tomaron graves decisiones políticas, de gran trascendencia jurídica, y no descartan tomar medidas al respecto.
Rubens Ascanio (Unid@s Poemos), Juan Luis Herrera (Por Tenerife Nueva Canarias), Fernando Gortázar y Javier Abreu expusieron mostraron su más firme rechazo a que, el grupo de Gobierno de CC-PSOE, con la inestimable ayuda del Partido Popular, hayan tratado de convertir este espacio en un simple estudio administrativo en el que las posibles responsabilidades políticas en este caso queden absolutamente diluidas en incluso recaigan exclusivamente en los técnicos municipales que estuvieron realizando el seguimiento de este expediente.
Denuncian asimismo el constante intento de bloquear la incorporación de informes complementarios, elaborados por técnicos municipales, que son imprescindibles para entender la envergadura de los sucedido.
Los comparecientes confirmaron que se han levantado de la Comisión de Grúas y no asistirán a más reuniones. A partir de ahora, dejan en manos del Presidente Antonio Alarcó la decisión: “si quiere presentar al Pleno un paripé de acuerdos de la Comisión, que lo haga, pero será una farsa”. Afirman que de no hacerlo, ellos presentarán sus propuestas en el Pleno. Asimismo recuerdan al grupo socialista que lo que está haciendo es “salvar a Fernando Clavijo”.
Duras palabras dirigidas al anterior alcalde y actual Presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, quien se negó a asistir a la Comisión, tal como solicitaron estos grupos políticos, para evitar responder a las preguntas limitándose a enviar un comunicado, actitud que califican de vergonzosa, y que es una muestra más del desprecio mostrado por Coalición Canaria a intentar aclarar unos hechos que a todas luces muestran muchas irregularidades y afectan directamente al ex alcalde y al actual primer edil José Alberto Díaz, en ese momento concejal de Seguridad Ciudadana.
Asimismo acusan a Antonio Alarcó, portavoz del Partido Popular y Presidente de la Comisión, de mantener una obvia complicidad con Coalición Canaria, para evitar que una serie de asuntos “incómodos” entrasen a formar parte de esta comisión y de ausentarse reiteradamente de las sesiones (más de 24 ocasiones en las últimas 7 reuniones, algunas de ellas de unos 30 minutos).
Las conclusiones fruto del análisis de la documentación y las declaraciones realizadas en la Comisión, son:
1. Hubo un importante inv¡cremento del coste de este servicio
2. Según el propietario original de la empresa, al misma se usó para el abono de facturas que no tenían que ver con el servicio y también, de forma deliberada, para colocar a personas afines a cargos públicos
3. Pocos meses después de la concesión del servicio se produjo un cambio de la titularidad que posibilitó la venta posterior de las acciones, cuestión denunciada por la oposición de aqul mandato
4. Los responsables técnicos y jurídicos de la gestión de esta empresa han acreditado que el pliego de condiciones no se cumplió durante años, al contratarse a menos personal del establecido, cuestión que según los mismos era conocida por los responsables políticos.
5. Que nunca se tomó la más mínima determinación de apertura de expedientes ante los incumplimientos en elementos del pliego de condiciones como la falta de la tarjeta de transporte entre 2011-2015, el pago de nóminas e impuestos.
6. Que los responsables políticos decidieron mantener la concesión en el año 2014 en contra de los informes técnicos de los directores del servicio
7. En 2014 se le otorgó un présrtamo de 120.000 euros de las arcas municipales con el fin de poder mantener el servicio en mano de la empresas Grúas Poli SL.
8. Este préstamo se hizo con el informe contrario del interventor municipal, usándose un informe externo, del que no se ha facilitado su coste, para poder salvar ese reparo.
9. Tampoco se ha podido aclarar cómo se pudieron producir daños en numerosos vehículos ubicados en el depósito municipal ubicado en el Camino de la Villa, donde a pesar de los informes policiales , tampoco se han tomado determinaciones políticas con respecto a este grave incidente, a pesar de que informes de 2009 determinan que la custodia de esos vehículos es responsabilidad del Ayuntamiento.
10. Tampoco se han aborado los despidos por motivos políticos de varios de los empleados de este servicio de grúas, que finalmente gabaron sus demandas contra la empresa.