SB-Noticias.- El viernes 24 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Asociación de Vecinos El Casco de Tacoronte, tendrá lugar una Asamblea Vecinal para informar a las familias afectadas.
Nuevamente la calle Ismael Domínguez de Tacoronte vuelve a salir a la luz por un casos de desahucio, varios años después de que se produjera el conocido caso de Berta Ferraira y Antonio Mñendez, un matrimonio de ancianos desalojados de su vivienda por un litigio con un vecino.
En esta ocasión el caso lo protagonizan varias familias que en el año 2014 ocuparon una serie de viviendas que llevaban cinco años abandonadas, propiedad de Bankia y de la Sareb.
Las familias llevan ocupando dichas viviendas dos años y medio, y de hecho están empadronadas en el municipio de Tacoronte.
Desde hace algún tiempo, y sin plantear una alternativa habitacional a estas personas en su mayor parte son familias con hijos menores, se viene produciendo el desalojo a goteo de algunas casas.
Es el caso de una familia con un niño pequeño, que ocupa uno de esos pisos, propiedad de Bankia, en el número 84 de la calle Ismael Domínguez, en el municipio de Tacoronte, cuya vivienda fue precintada el pasado mes de febrero, y aunque se alcanzó un acuerdo con Bankia y el Gobierno de Canarias para quedarse un mes más, nuevamente pende sobre ellos el riesgo de que se proceda al inminente desalojo.
Las familias solicitan sin embargo que se les plantee una alternativa habitacional, un alquiler social o cualquier otra manera de resolver su situación.
Desde el ayuntamiento de Tacoronte se les ha ofrecido el apoyo de los servicios sociales para alimentos y alojamiento provisional durante dos meses.
Ángel Guanche, concejal de Si se Puede en el municipio, denuncia que el grupo de gobierno municipal no ponga en marcha otras medidas, “dicen que no es cosa de ellos, que Vivienda no es de su competencia” afirma el edil que asegura que el alcalde trata de desviar el problema y no enfrentarlo.
Asimismo critica que el desalojo no se ha producido de una sola vez, sino de manera progresiva y en distintos juzgados, para evitar una respuesta más contundente y organizada por parte de los afectados.