La presidenta del grupo parlamentario, transcurridos seis meses sin respuesta y sin que el Ejecutivo responda al amparo de la Mesa, lleva a pleno esta anomalía
La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Esther González, denunció hoy al Gobierno presidido por Fernando Clavijo por vulnerar el derecho a la información de los diputados nacionalistas de izquierdas. González, transcurridos seis meses sin obtener los datos solicitados y sin que el Ejecutivo respondiera al amparo otorgado por la Mesa de la Cámara, transformará la solicitud de documentación en una pregunta oral, en la sesión de control del próximo pleno, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. La diputada explicó que su decisión de recurrir a esta “vía excepcional”, recogida en el Reglamento, es para que el Ejecutivo de CC informe sobre las razones por las que “ha incumplido con su obligación”. Esther González se reservó la posibilidad de presentar una propuesta de resolución posterior.
A mediados de septiembre de 2016, Esther González registró una veintena de solicitudes de datos e informes a la Consejería de Aguas relativas al estado y situación de los proyectos del convenio de obras hidráulicas. Recibidas muy pocas respuestas, la mayoría de las iniciativas “no son atendidas aduciendo que es ingente la documentación solicitada, cuando las respuestas obtenidas no pasaban de dos folios, o que los expedientes solicitados, cosa que no hice, eran demasiado voluminosos”, explicó la portavoz de NC en la materia.
Ante esta situación, la Mesa de la Cámara, prosiguió, atiende la solicitud de amparo pedida por González, lo que se tradujo en que el órgano de gobierno del Parlamento requiriera los datos solicitados por NC. Por segunda vez, el departamento del Gobierno de Clavijo, con los mismos falsos argumentos y “lo que es más grave, afirmando que faltaban expedientes y documentación, se niega a dar los datos”; denunció la portavoz nacionalista.
En el capítulo III del Reglamento relativo a los “derechos de los diputados”, según la presidenta del grupo de NC, en el artículo 12 se reconoce el “derecho” de los parlamentarios a recabar datos de las administraciones públicas canarias y de sus organismos para el “mejor cumplimiento de sus funciones”. Estos, continuó, “están obligados” a remitir la documentación “a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo improrrogable de un mes” desde la recepción de la solicitud.
Cuando la administración “incumpliera su obligación de facilitar la información o documentación”, continuó González en base al Reglamento, los parlamentarios “tenemos derecho a formular una pregunta oral en el pleno”, que se sustanciará en la sesión del próximo martes. “Si las razones” dadas por este departamento para “vulnerar este derecho, no son suficientes me reservo la opción que, también me da el Reglamento, de presentar una propuesta de resolución” en un pleno posterior, anunció.
Esther González preguntó además al responsable de la consejería, Narvay Quintero, si a partir de este momento, los diputados deben cambiar su método de trabajo y acudir a los medios de comunicación, como ha ocurrido esta misma semana, para obtener una parte de la información que “a mí se me niega”.
La presidenta del grupo parlamentario refirió otro caso similar previo relativo a otra solicitud, registrada en octubre de 2016, sobre las licitaciones de apoyo a los gabinetes de comunicación de 2012 a 2016. En esta ocasión, González también hizo uso de la vía singular de transformar una petición de datos en una pregunta oral para el pleno de la semana pasada porque “tampoco me dieron la información”.
Esta iniciativa de control al Ejecutivo fue retirada, tal y como especificó, porque dos días hábiles antes de la sesión plenaria, el gabinete de Clavijo mandó la información que, según dijo, “estaba completa pero que, revisada con posterioridad al pleno, faltan muchos de los datos pedidos”, tal y como reprochó la presidenta del grupo parlamentario de NC.