SB-Noticias.- El respaldo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui debido a la preocupante situación que atraviesa este pueblo ha sido aprobado hoy por el pleno del Cabildo de Gran Canaria por 22 votos a favor y la abstención del Grupo del PP.
La moción subraya que, el año en que la ONU celebra su 71 aniversario, ya han pasado 55 años desde la declaración de la independencia de los países y pueblos coloniales y han transcurrido 41 años, “desde el abandono, por parte de España, del Sáhara Occidental, que ahora es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y sometido a una ocupación ilegal por parte de Marruecos”.
La RASD es miembro de la Unión Africana y está reconocida por varios países y la situación en la zona se ha agravado desde el mes de agosto, cuando una unidad militar marroquí atravesó el muro en la zona de El Guergarat, al sur del Sahara Occidental, vulnerando el alto el fuego y provocando que el Frente Polisario y el ejército mauritano hayan desplegado, en la misma zona, unidades militares que han provocado una situación de máxima tensión.
En estos momentos, agrega, existe una gran preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que se constatado en las resoluciones e informes del Relator de la ONU contra la Tortura y en las denuncias de las delegaciones de observadores internacionales que han visitado la zona.
“Esta situación ha creado un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantía, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el territorio está creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación”.
Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del campamento de Gdaym-Izik, que han recibido condenas perpetuas y penas de 20, 25 y 30años de prisión, con la vulneración de las mínimas garantías procesales de los detenidos, denuncias de torturas y de ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio.
Por todo ello, la moción elevada por el grupo de gobierno propone:
1- Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el pueblo saharaui a la autodeterminación y a ejercitarlo a través de un referéndum libre, democrático, tal como reconoce el Derecho Internacional y las reiteradas resoluciones de la ONU.
2- Manifestar la denuncia de la violación de los Derechos Humanos, en los territorios ocupados, sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental, y solicitar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los Derechos Humanos, el fin del expolio de los recursos naturales y el libre acceso de observadores internacionales.
3-Seguir apoyando los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, en alimentación, salud, educación, ropa, calzado y servicios básicos, que se han agravado con las inundaciones que han destruido el Campamento de Dajla.
4-Solicitar al Gobierno de España que reconozca al Frente Polisario como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y facilitar a sus representantes el mismo status diplomático que tiene la misión diplomática palestina en España para facilitar iniciativas políticas y humanitarias destinadas a atender a las necesidades del pueblo saharaui.
5-Pedir que el Gobierno español mantenga una postura mucho más activa, como antigua potencia colonial y administradora del territorio; la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación; el respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental; el fin del expolio de los recursos naturales y pedir a la ONU, a la UE y al Gobierno de Marruecos que cumplan con la legalidad internacional.
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El Cabildo pide por unanimidad la inmediata incorporación de los 10 trabajadores despedidos del ITC
El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado por unanimidad solicitar la inmediata incorporación de los diez trabajadores despedidos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y solicitar al Gobierno de Canarias su inmediata incorporación
El Gobierno de Canarias anunció, hace unos meses, el despido de cinco trabajadores del ITC en cada provincia, la mayoría técnicos, que justificó por razones económicas y organizativas, pero ni la empresa está ahora en la situación económica de hace un año, ni el volumen de trabajo es el mismo, ya que se ha incrementado notablemente como consecuencia de los resultados del ITC captando fondos en las convocatorias europeas, apunta la moción.
La propuesta destaca que la dirección de la empresa pública anunció en diciembre el éxito obtenido en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, en la que el ITC es el promotor y jefe de fila de cinco proyectos (Enermac, Desal+, Adaptares, Macbioblue y Clustering) y miembro de los consorcios de otras diez iniciativas seleccionadas.
Por lo tanto, no deja de sorprender que, de los 10 despidos, la mayoría han sido trabajadores de las áreas de I+D+i, cuyo departamento de Biotecnología, con tres despidos, se ha visto muy afectado, ya que para 2017 tiene un importante volumen de trabajo con tres proyectos MAC de los cinco que lidera el ITC. Además, tres de los técnicos despedidos pertenecen al departamento de Innovación y dos al de Sistema informático.
Hay que recordar, que en agosto de 2016 y tras un duro conflicto, la plantilla aceptó un acuerdo con la empresa para recortar su salario en más de un 13 por ciento y el 4 por ciento anual en otros conceptos salariales. Con estas medidas los trabajadores esperaban que la situación se solucionaba, evitando la reducción de plantilla.
El despido de estos trabajadores “indica que el camino del Gobierno de Canarias no es otro que el desmantelamiento del ITC, por el peso específico que dicho Instituto tiene en la isla de Gran Canaria”.
Además, la moción subraya que se incumple la resolución del Parlamento canario sobre la crítica situación del ITC, que defiende «la sostenibilidad del empleo público» y por el que “el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que, en el marco de las negociaciones entre la dirección del ITC y los representantes de los trabajadores, se logre un acuerdo equilibrado entre la sostenibilidad del empleo público, la viabilidad económica de la entidad y la búsqueda de nuevas vías de financiación».
Por todo ello, la moción elevada por el grupo de gobierno propone solicitar a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias que se anule el despido de estos diez trabajadores y pedir su inmediata incorporación a sus puestos de trabajo en el ITC.