Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir algúna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, que unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69 por ciento, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura …
Canarias, con 300,10 euros, es la comunidad autónoma que menos invierte por dependiente, junto a Valencia, con 366, 73; Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a 424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en 484,68 euros por cabeza. Navarra, con 529,33 es la más cercana a la media nacional.
«Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio», dice el informe.
Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) «lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%»
«Existe otro «copago añadido» soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados», señala la organización.
EL ESTADO APORTA EL 17% Y NO EL 50%
Concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante, «muy lejos de la pretendida aportación al 50%» e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. «Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de 90.000 empleos directos», asegura.
Con estos y otros indicadores como las tasas de dictamenes de valoración en que no se asigna grado al dependiente o el incremento y decremento anual de personas atendidas, el observatorio asigna puntuaciones a las distintas comunidades autónomas por su gestión del SAAD. Ocho suspenden y sólo dos superan el notable, mientras el resto se quedan entre un ‘suficiente’ y un ‘bien’. La nota media para toda España no llega al cinco: 4,96 sobre 10.
En concreto, Castilla y León saca un 8,93 y La Rioja consigue un 7,86, las dos notas más altas de la tabla. Después van Andalucía, con un 6,79; Castilla La Mancha, con 6,79; Madrid, Galicia y Murcia que obtienen 6,07 puntos; País Vasco saca un 5,36; y Extremadura un 5. Suspenden Asturias, con un 4,64; Ceuta y Melilla con un 4,29; Cataluña, que tiene un 3,93; Baleares y Cantabria, con 3,57: Comunidad Valenciana con un 3,21; Navarra con 2,86; Aragón con un 2,5; Canarias 1,79.