SB-Noticias.- El Grupo Parlamentario Podemos insta al Gobierno de Canarias a que realice una auditoría externa para fiscalizar la concertación sanitaria en las islas durante los últimos 7 años. El diputado Juan Márquez considera este estudio imprescindible “para conocer si el volumen de concertación está generando un sobrecoste presupuestario injustificado”.
“De esta forma -continúa- sabremos si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las prestaciones concertadas, y si la alternativa a la gestión directa podría ofrecer mejores resultados”.
Márquez solicita esta auditoria externa a través de una Proposición No de Ley, que se debatirá en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, después de conocer que en el Archipiélago el 33,9 por ciento de las camas hospitalarias están en manos privadas, frente al 20 por ciento de media del conjunto del Estado. “Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de concertación sanitaria, ya que ésta supera el 9 por ciento del gasto presupuestario, según un estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Además, la propia Consejería estima que el coste en estas externalizaciones supera los 200 millones de euros anuales”.
Márquez también considera que hay otras cifras que reflejan la necesidad de elaborar la auditoria como “que no se haya creado una cama de agudos en Santa Cruz de Tenerife desde 1978, mientras que en esta provincia se ha producido un crecimiento espectacular de la Sanidad privada”.
Otro dato que llama la atención es la facturación de derivaciones sanitarias en centros privados con los que el Servicio Canario de Salud no tiene convenios, como la Clínica Parque, “cuyo actual gerente ocupaba ese mismo puesto en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias hasta mediados del 2015, año en el cual la Clínica Parque aumenta el número de derivaciones facturadas al Servicio Canario de Salud, pasando de 2.228 en 2014 a 2.577 en 2015”.
El diputado considera que es necesario realizar este ejercicio de fiscalización tras saber que la Audiencia de Cuentas no pudo fiscalizar la concertación autonómica por no tener medios suficientes. “Con los resultados de esta auditoria estoy convencido de que se pondrá una vez más de manifiesto que el modelo neoliberal en la gestión de los servicios públicos no sólo conlleva mayores índices de precarización sino que este modelo sólo se justifica desde una perspectiva especulativa de la sanidad canaria”, asevera.
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Podemos plantea medidas contra la proliferación de vertederos ilegales en el territorio insular
La alerta lanzada por el grupo insular de Podemos a la comisión plenaria de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife sobre proliferación de vertederos y escombreras ilegales en el territorio insular y, en concreto, junto a espacios protegidos y zonas paisajísticas emblemáticas, ha derivado en un compromiso de análisis de la problemática e implementación de medidas por parte de la corporación insular.
Entre las propuestas de la formación morada, destaca la de instar a los ayuntamientos de la isla a crear unidades de Medio Ambiente y la de mejorar la coordinación en materia de detección y erradicación de focos incontrolados de residuos urbanos.
El consejero de Podemos Julio Concepción explica que aunque en un primer momento el presidente de esa comisión, José Antonio Valbuena, le respondió que la competencia de esa problemática es de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias, “cuando ahondé en la magnitud del problema y en las medidas que podría tomar el Cabildo para contribuir a paliarlo, se mostró muy receptivo y me instó a formular las propuestas por escrito para abordarlas en el pleno en forma de moción institucional o en la comisión de seguimiento del Plan de Residuos de Tenerife”.
Detalla que la alerta que formuló hace referencia a varios vertederos incontrolados que están proliferando cerca de espacios naturales, zonas sensibles para las aves y paisajes emblemáticos del Sur de Tenerife, “aunque el problema es extensible a toda la isla, pues lo que falla es la falta de recursos y la poca o nula coordinación de las administraciones y organismos con competencias específicas en esa materia”.
El consejero de Podemos subraya que varios ciudadanos y grupos ecologistas le han asegurado que se suele hacer caso omiso a las denuncias y notificaciones que remiten a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y a administraciones como el propio Cabildo. E incide en ese sentido en lo preocupante que resulta que el propio consejero insular de Medio Ambiente le asegurara en comisión que no le han llegado las denuncias que él mismo le ha remitido vía registro sobre varios vertederos ilegales localizados cerca de espacios protegidos de municipios como Arona.
“Es evidente que algo está fallando, tanto en falta de concienciación de quienes generan esos vertederos incontrolados, como en falta de coordinación y respuesta de los organismos públicos competentes”, sostiene. “Y el Cabildo no puede dar la espalda a este problema que amenaza a nuestro medio ambiente y a la protección del paisaje que, entre otras cosas, vendemos como marca turística”, expuso durante la citada comisión.
Añade que le satisfizo la receptividad que mostró el consejero de Medio Ambiente hacia esta problemática, “pues es vital que el Cabildo tome partido en la búsqueda de soluciones y, además, que se entienda que por encima de las competencias propias de cada administración, está la responsabilidad de contribuir en todo lo posible a la protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida en esta isla”.
Podemos acusa a Morales de proponer pagar con fondos del Cabildo el soterramiento de una red eléctrica que no beneficiará a la población majorera
El grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura se ha mostrado favorable a la declaración institucional del Cabildo con la que se ha paralizado un trazado de la línea de alta tensión, no obstante, la formación morada lo entiende como una “pírrica victoria” y califica de “sorprendentes” las “medallas” que se han puesto por ello tanto el presidente del Cabildo como el alcalde de Pájara, “cuando son sus políticas, con la complicidad del Gobierno de Canarias, las que han permitido a Red Eléctrica campar a sus anchas por el paisaje majorero”, explica el consejero Gustavo García. “Como guinda el gobierno Canarias ha recurrido un auto judicial en contra de la demanda e intereses del cabildo”, subraya.
Podemos, en la línea de asociaciones como Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o Fuerteventura Sostenible, se ha mostrado contrario desde el principio a la instalación de esta línea.
“Nuestra postura va mucho más allá de una pequeña discrepancia de trazado en uno de los tramos, el nuevo tendido de alta tensión supone abrir una cicatriz innecesaria en el paisaje majorero, es un atentado paisajístico y medioambiental que viene a perpetuar un modelo de energía caduco, y es, además, una estafa, porque la Ley marca la preferencia a hacerlo por terrenos públicos pero lo evitan para no pagar impuestos, prefiriendo las expropiaciones intimidatorias con vecinos y vecinas desprotegidas”, denuncia el consejero.
Por eso, Podemos critica que el propio Marcial Morales haya propuesto que el Cabildo asumiera los costes de soterramiento de un tramo de la línea. “Es decir, con el dinero de todos los majoreros y majoreras, sin siquiera evaluar la envergadura de la actuación, ni su coste y para beneficio de un gigante del Ibex35, cuando no es de su competencia. El coste de soterramiento puede llegar ser del orden de 8 a 10 veces superior a la opción aérea y la obra nada tiene que ver con el suministro eléctrico de la población majorera, para lo cual se seguirá utilizando la red antigua de 66 kV”, explica García.
La nueva línea de 132 kV, que discurriría desde Mácher (Lanzarote) y Matas Blancas (Fuerteventura) ha sido segmentada en cinco tramos, tratándose a cada uno de ellos como un proyecto independiente, algo que al parecer, entra en colisión con la normativa comunitaria, siendo este, uno de los argumentos esgrimidos por el Cabildo para la paralización de la red. Sin embargo, la formación morada cuestiona que el presidente Marcial Morales, hubiera actuado con el mismo celo en el caso de haberse aceptado su opción de soterramiento en ciertos tramos. “Seguramente se hubiera seguido adelante con la línea, obviándose que la división del trazado en cinco tramos, tratando a cada uno de ellos como un proyecto independiente supone ir en contra con lo establecido por la UE”, señala García
Cabe mencionar que las asociaciones han repetido en múltiples ocasiones que la red antigua cubre con solvencia las necesidades de la isla, más aún cuando la demanda no ha hecho más que bajar, gracias al aumento del autoconsumo por medio de energías renovables y la adopción de medidas de eficiencia energética.
Según el consejero, el presidente del Cabildo entra en contradicciones cuando el 1 de abril del año pasado, declaraba en una noticia de la web de la propia institución que el pretendido nuevo tendido de 132 kV dará garantía a la red de transporte eléctrico de Fuerteventura, y permitirá una mejor penetración desde cualquier punto a cualquier punto de las energías renovables. “Ahora parece que al fin ha entendido, que todo esto está garantizado con la línea de 66 kV”, sentencia García.