SB-Noticias.- Frente a la escasa operatividad y resultados de la Oficina Antidesahucios creada en el Cabildo de Tenerife a propuesta de Podemos para asistir a las personas afectadas por esta problemática que cada año afecta a 2.300 familias canarias, la formación morada ha solicitado al consejero insular de Vivienda, Aurelio Abreu, que las reuniones de este órgano se celebren cada dos meses en vez de cada cuatro o cinco meses para intentar superar el actual estado de bloqueo e inoperancia de este importante recurso.
Julio Concepción, consejero de Podemos en la Corporación insular, señala que “aunque Abreu habla en prensa de este órgano como si fuera una panacea de auténtica utilidad social, del ambicioso paquete de medidas y proyectos aprobados en relación a este consejo, lo único real son las insuficientes ayudas para rehabilitación de vivienda”. Por ello considera fundamental dar mayor periodicidad a las reuniones de trabajo de este consejo con funciones de consulta, participación, coordinación y asesoramiento en el que tienen representación los ayuntamientos y el Cabildo, personal técnico, sindicatos, plataformas de afectados de desahucios, colectivos sociales y grupos políticos.
Entre los “engañosos cantos de sirena entonados por Aurelio Abreu” sobre este asunto, cita que en verano anunció a bombo y platillo la creación de un servicio de asesoramiento para familias en riesgo de desahucio. Detalló que sería prestado por la Plataforma Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias a través de un convenio de colaboración dotado con 15.960 euros. “Pero ni se ha firmado el convenio, ni se está prestando ese servicio”. Añade que tampoco se ha hecho el inventario insular de viviendas públicas vacías o desocupadas, recurso que posibilitaría que fueran realojadas parte de las 5.654 familias demandantes de hogar en Tenerife, ni se ha realizado el prometido diagnóstico insular de sinhogarismo y exclusión residencial.
En cuanto a la Oficina de Intermediación por el Derecho a la Vivienda con delegaciones comarcales que el pleno del Cabildo acordó crear en julio de 2015, Concepción recuerda que su activación fue derivada al Gobierno de Canarias “para, finalmente, quedar limitada a la creación de un portal web de difícil localización y a la apertura de una oficina que casi nadie sabe dónde está y cuyo personal lleva a cabo tareas muy limitadas de información”.
Así, concluye, el importante compromiso de dotar a Tenerife y al resto de islas de un equipo de trabajadores sociales y juristas que asesoraran y acompañaran a las familias en todo el proceso de desahucio coordinándose con los ayuntamientos hasta que quedara garantizado su acceso a una vivienda, “ha quedado en otro ejemplo más de falsas promesas políticas y de publicidad engañosa”. La triste realidad, lamenta Concepción, es que la ciudadanía tinerfeña afectada por el drama de los desahucios y por la imposibilidad de acceder a una vivienda, “sigue dependiendo exclusivamente de la autoorganización social para solucionar ese grave problema y que siguen siendo las ONG, asociaciones y la Plataforma de Afectados por Desahucios los que están dando la cara mientras los responsables del Cabildo y del Gobierno canario se cruzan de brazos en ese tema y centran sus esfuerzos en trenes y grandes infraestructuras ”.
Entre los colmos, reprocha que el Gobierno insular acabe de anunciar la aportación de tres millones de euros para la restauración de bienes eclesiásticos. “O tienen muy afectado el sentido de prioridad –señala–, o una curiosa visión finalista de solución de problemas: invierten en la iglesia para que las familias sin hogar tengan donde pedir consuelo y un techo en el que cobijarse a ratos”.