SB-Noticias.- El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento mantuvo la segunda reunión de este año con el director general adjunto de Competencia de la Comisión Europea, Gent-Jan Koopman.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha mantenido hoy, en el marco de su cuarto viaje de trabajo a Bruselas este año, una reunión con el director general adjunto de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, Gert-Jan Koopman, en la que han abordado, entre otras cuestiones, la situación en la que queda, tras la segunda consulta pública lanzada por la Comisión Europea, el establecimiento de nuevos límites aplicables para que las empresas Canarias puedan acogerse a los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
Pedro Ortega estuvo acompañado por el viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la UE, Ildefonso Socorro, por Carlos Portugués, consejero de Regiones Ultraperiféricas en la Representación Permanente de España ante la UE y por el Delegado de la Oficina de Canarias en Bruselas, José Miguel Luengo.
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea revisa actualmente el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías (Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión), documento que en estos momentos está siendo sometido a la segunda consulta pública, que establece, entre otras cuestiones, los límites en relación al volumen de negocio para que las empresas canarias puedan acogerse a las ayudas regionales de funcionamiento contenidas en el REF.
Pedro Ortega insistió ante el director general sobre “el gran interés que tiene Canarias en este procedimiento, porque la modificación del Reglamento es crucial para el futuro de nuestra economía”.
La primera Consulta pública lanzada por la Comisión Europea
Con respecto a la primera consulta pública lanzada por la Comisión Europea, el nuevo documento suprime ahora la distinción en los umbrales según el tipo de empresas, fijando un límite único del 20% del volumen de negocios anual del beneficiario. También se suprime la bonificación para empresas situadas a más de 4.000 kilómetros de la capital del Estado miembro de que se trate.
El consejero insistió en que “no nos parece acertado el establecimiento de un umbral único para todo tipo de empresas porque, tal y como se desprende del estudio de sobrecostes, existen diferencias en los sobrecostes que soportan las empresas de los distintos sectores. Se trata, por lo tanto, de buscar un límite que sea proporcional, adecuado y suficiente para todas”.
En este sentido, recordó la propuesta del Gobierno de Canarias con ocasión de la primera consulta, que entiende que sigue siendo plenamente pertinente fijar los umbrales en un 15% de la cifra de negocios para las empresas comerciales y en un 30% para las empresas de producción.
Añadió que “si la Comisión no considera la conveniencia de recuperar la distinción entre empresas, les hemos transmitido la necesidad de aumentar el límite propuesto para todas las empresas del 20% al 30%. En caso contrario, contemplaremos también la posibilidad de notificar el AIEM para sacarlo del cómputo de los límites de la acumulación, que es una nueva opción que nos ofrece ahora la Comisión”.
El titular de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento expresó su conformidad con el apartado del nuevo borrador de reglamento que introduce un nuevo criterio para las microempresas, con un límite de ayuda un 10% superior a los límites generales.
Sin embargo, el nuevo texto sitúa en 300.000 euros el volumen de negocios de las microempresas y el Gobierno de Canarias propone que la bonificación se aplique en consonancia con la definición de microempresa que señala el propio reglamento y que adjudica esta condición a las empresas con un volumen anual de negocio de hasta dos millones de euros.
Pedro Ortega adelantó “la participación de Canarias en la consulta pública que finaliza el 8 de diciembre próximo, a la que se han presentado aportaciones propias después de consensuarlas con el Gobierno de España”. En este sentido, no descartó la posibilidad de que se presente, además, una postura común de las RUP e, incluso, de los tres Estados que las representan.
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