SB-Noticias.- Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), denuncia que “la separación de poderes languidece en Canarias y vemos cómo el cumplimiento de la condena por la extracción de áridos en Güímar, o la ejecución de la sentencia del Mamotreto de Santa Cruz de Tenerife, pasan a estar condicionados a decisiones de los poderes ejecutivo o legislativo.
Hay un serio riesgo de que el plazo de dos años, que fijó la sentencia para regenerar los hoyos en Güímar, se incumpla por decisiones políticas y así se libren de cumplir su condena los empresarios responsables”.
Trujillo teme que “someter la sentencia firme, por el desastre medioambiental causado en Güímar, a una decisión del Parlamento de Canarias puede poner en marcha demoras, prescripciones y dilaciones en los procedimientos administrativos que acaben dejando sin efecto la sentencia condenatoria a tres empresarios, entre ellos Antonio Plasencia, que está siendo juzgado por el caso Las Teresitas y que ha sido percibido como un poder fáctico”.
El portavoz de IUC advierte que “ya hemos visto muchas veces cómo la mecánica institucional acaba actuando en favor de las personas con poder económico y político. Por eso, la proposición de ley planteada por el Cabildo tinerfeño al Parlamento canario sólo puede ser vista con la máxima preocupación”.
Desde IUC se exige que “el poder judicial no entregue su independencia a otros poderes del Estado y se haga respetar”.