SB-Noticias.- Se trata de una ley que crea derechos y un Sistema Canario de los Servicios Sociales donde habrá una historia social única y una tarjeta social, novedades que van a mejorar la gestión de los usuarios.
El documento, que se somete ahora al periodo de alegaciones, recoge más de 300 aportaciones de las tres mesas de trabajo formadas por colegios profesionales, entidades del tercer sector, cabildos y ayuntamientos.
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy a la tramitación de la nueva Ley de Servicios Sociales, un texto que fue presentado el pasado viernes al Consejo General de Servicios Sociales y que ha contado con un proceso participativo que ha permitido el máximo consenso posible: incluye más de 300 aportaciones y el visto bueno de todos los sectores que van a intervenir en su aplicación posterior.
Esta ley -que entra ahora en periodo de alegaciones-, entre otras muchas novedades, va a crear derechos, se va a pasar del asistencialismo a los derechos. Se acabó el concepto de beneficencia en su sentido tradicional para pasar al de sistema de derechos, es decir, de concebir los servicios sociales como algo que depende de la buena voluntad del gerente de turno, a un servicio profesionalizado con un sistema integral, una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones.
Se crea por primera vez el Sistema Canario de los Servicios Sociales que viene a poner orden donde antes había desorden. Se fija un itinerario que permite que no nos quedemos solo en la emergencia sino que trabajemos en la inclusión, en resolver lo urgente, sin olvidar lo importante.
Uno de los pilares fundamentales de este sistema es el establecimiento del Sistema de Información los Servicios Sociales, que ordenará la información relativa a las personas y permite hacer un seguimiento serio y eficaz en una sola fuente. Se propone acabar así con el recorrido que hace el usuario en la actualidad por Sanidad, por Hacienda o por el ayuntamiento porque se crea una historia social única de los Servicios Sociales de Canarias y, además, una tarjeta social única.
Otras novedades son que el acceso a los servicios sociales de Canarias será a través de un único punto de acceso, el Ayuntamiento, así como el profesional de referencia que atienda a cada persona, la comprenda, la conozca, sepa todo su historial y que será una figura similar a la del médico de familia.
Este profesional de referencia será un trabajador social. Será de libre elección y se introduce la posibilidad de cambio de profesional, de un segundo diagnóstico y del acceso al expediente en cualquier momento. El trabajador social no estará solo, ya que se creará un equipo interdisciplinar, formado además por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, que no dependerá de convenios sino que será una figura que garantizará la ley.
También habrá una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones, que se creará en el plazo de doce meses para que los ciudadanos conozcan las prestaciones a las que tienen derecho. Otra de las cuestiones que contempla el documento es la apuesta clara por la prevención.
Como novedad respecto al borrador que se presentó en julio destaca el papel fundamental que desarrolla el tercer sector.
También se crea el Observatorio de los Servicios Sociales que garantizará el diagnóstico permanente para saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, lo cual es una garantía de calidad y de mejora continua.
Los servicios sociales no son una cuestión sólo de las personas desfavorecidas, es un derecho de todos los ciudadanos de Canarias. La ley fija unos sectores prioritarios para determinadas circunstancias, como son las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión social.
Una de las novedades básicas de esta ley es el proceso gracias al cual ha sido elaborada. Se ha hecho de forma muy distinta a como se ha hecho hasta ahora; se ha pedido a los participantes que presentaran un texto sobre el que se ha trabajado con los técnicos de la Consejería implicada.
El Gobierno entiende que una ley con este máximo nivel de consenso no se consigue en dos meses, ya que detrás hay un trabajo serio, riguroso, pegado a la realidad y con un esfuerzo en favor del entendimiento. Precisamente han sido los que una vez aprobada la ley tengan que ponerla en práctica en el día a día los que han hecho las aportaciones más relevantes, por tanto, es una ley hecha fuera de los despachos.
En el proceso participativo han aportado propuestas los colegios profesionales, las entidades del tercer sector, cabildos y ayuntamientos.
En la dirección de las mesas de trabajo han participado también el Comisionado contra la exclusión social y la pobreza, Néstor Hernández, la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, el director general del Menor, Mauricio Roque, y la directora general de Políticas Sociales, Carmen Acosta.
Las mesas en las que se ha trabajado el texto de la ley eran tres: mesa del Tercer Sector, mesa de los colegios profesionales y mesa institucional. Los participantes en dichas mesas son:
1. Mesa del Tercer Sector:
Sumas, Familias Acogida Santa Cruz de Tenerife, AFAAIC, Nuevo Futuro, Aldeas Infantiles, Asociación Coliseo, Asfaca, Proyecto Don Bosco, Cermi, Fasican, Funcasor, Once, Salud Mental Canarias, Plataforma Tenerife Discapacidad, Coordinadora de Personas con Discapacidad, Plena Inclusión Canarias, COCEMFE Canarias, Hogar Santa Rita, AHETE, Voluntariado y Animación al Territorio, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, ONGs, Cruz Roja Española, Mensajeros de La Paz.
2. Mesa con los colegios profesionales:
Colegio Oficial de Abogados, Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Colegio Profesional de Educadores Sociales, Colegio de Abogados de Lanzarote.
3. Mesa Institucional:
Fecam, Fecai y Gobierno de Canarias.
Fundación General de la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas.
Además de las aportaciones de las mesas, se han recibido propuestas a través de una plataforma interactiva en la que la ciudadanía ha aportado sus ideas y sugerencias al documento.
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Remitido al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que modifica el Reglamento de instalación de parques eólicos
El Gobierno de Canarias tomó en consideración y acordó hoy remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se modifica parcialmente el Decreto 6/2015 que aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
A través de este proyecto de modificación se cumple con el acuerdo político suscrito en noviembre de 2015 entre el Gobierno de Canarias y representantes del Gobierno del Estado para consensuar la redacción del contenido del Decreto 6/2015 y resolver las principales discrepancias mantenidas entre ambas administraciones públicas a este respecto.
Al mismo tiempo, se da seguridad jurídica a la norma dictada por el Ejecutivo autonómico en el ejercicio de sus competencias y se contribuye a establecer un escenario más propicio para la penetración de las renovables en los sistemas eléctricos insulares.
Antes de su presentación en el Consejo de Gobierno, el proyecto de modificación del Decreto 6/2015 fue abierto a información publica en abril de este año, dando un plazo de veinte días hábiles para que cualquier persona física o jurídica pueda hacer valer los intereses que pudieran verse afectados por la aprobación de dicho proyecto normativo.
En concreto, el proyecto de decreto incluye modificaciones en cinco artículos relacionados con los objetivos de la potencia eólica; las instalaciones de autoconsumo; la eficiencia energética y la calidad de la energía; las protecciones eléctricas; y los sistemas de gestión telemática.
En este sentido, desde el Gobierno de Canarias se asegura que, aunque los cambios que se introducen con el nuevo decreto no son sustanciales, permiten adecuar la normativa canaria al criterio del Estado, dotando de mayor garantía jurídica a los operadores.
El Decreto 6/ 2015 de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación de parques eólicos en Canarias, entró en vigor en febrero de 2015, eliminando el sistema de concurso de asignación de potencia como forma de acceder a la autorización administrativa. Sin embargo, el Estado consideró que el contenido de algunos de sus preceptos vulneraba el orden constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico por lo que interpuso un requerimiento, que fue desestimado en acuerdo de Gobierno durante el mes de abril de 2015. Posteriormente la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justifica de Canarias contra el Decreto 6/ 2015.
Al comienzo de la presente legislatura, ambos Gobiernos acordaron crear una mesa de trabajo para estudiar y proponer una resolución extrajudicial en virtud de la cual el Estado aceptó retirar el recurso a cambio de modificar la redacción del Decreto 6/2015.
Gracias a este acuerdo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento que dirige Pedro Ortega ha conseguido dotar de plena seguridad jurídica la tramitación de nuevos parques eólicos y desbloquear la penetración de energía eólica en las islas.
Una vez que el Consejo Consultivo elabore su Dictamen preceptivo, el proyecto de decreto será aprobado en Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para su entrada en vigor.
El Gobierno canario remite al Consejo Consultivo el futuro reglamento del Consejo Municipal
El Gobierno de Canarias acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, la toma en consideración del proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Canarias así como solicitar dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias. Este órgano de participación y colaboración permanente se creó a través de la Ley 7/2015, de 1 de octubre, de municipios de Canarias, y su función es articular las relaciones entre la Administración autonómica y los municipios canarios.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, destacó la importancia del nuevo órgano, que no solo contribuirá a reforzar los vínculos entre las corporaciones municipales y el Gobierno de Canarias, sino que también sentará las bases de una relación más fluida entre ambas partes. Afonso remarcó asimismo que su puesta en marcha constituye un compromiso del Ejecutivo autonómico con las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía en una clara apuesta por mejorar la prestación de los servicios que recibe la sociedad canaria.
El Consejo Municipal de Canarias estará compuesto por un número igual de representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las administraciones municipales. En concreto, lo integran por parte de la Administración autonómica la persona titular de las consejerías competentes en materia de Administraciones Públicas, en materia de Hacienda y de quien corresponda en función de los asuntos a tratar.
También forman parte del mismo las personas titulares de los órganos superiores competentes en materia de régimen local, en materia de presupuestos, en materia de Función Pública y de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias así como dos titulares de órganos superiores de los departamentos del Gobierno de Canarias, en función de los asuntos a tratar.
Por su parte, en representación de los municipios, integrarán el Consejo los titulares de las alcaldías de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife y siete titulares de alcaldías, una por cada una de las islas, en representación del resto de corporaciones municipales de Canarias.
El Gobierno de Canarias declara catástrofe agrícola la zona del incendio de La Palma
El Consejo de Gobierno de Canarias ha decidido declarar catástrofe agrícola la zona que fue afectada por el incendio que se registró en La Palma este verano, un suceso que afectó a algunas explotaciones e infraestructuras realizadas en el entorno rural de esas fincas. Según se explica desde el Ejecutivo autonómico, esta declaración es necesaria para poder tramitar las ayudas que el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 destina a cubrir daños por desastres naturales y catástrofes.
En concreto, la medida ‘Apoyo a la inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, del PDR 2014-2020, establece que la ayuda destinada a este tipo de actuaciones “quedará supeditada al reconocimiento oficial por parte de la consejería competente del Gobierno de Canarias “de que se ha producido un desastre natural y que dicho desastre ha causado la destrucción de, al menos, el 30% del potencial agrícola correspondiente”.
El primer informe remitido por el Cabildo de La Palma al Ejecutivo autonómico, que ha servido de base para realizar la declaración y así poder empezar el trámite de ayudas, sitúa en el 57% la pérdida media de potencial de producción, lo que incluye esta catástrofe en las ayudas contempladas en el PDR para situaciones de este tipo.
La partida para estas ayudas está destinada a la realización de inversiones tanto en explotaciones como en infraestructuras agrarias de titularidad pública o privada, dirigidas a la reposición de daños ocasionados por una catástrofe como el incendio registrado este verano.
En concreto, la submedida establece entre las actuaciones que se pueden llevar a cabo la reposición de los daños en medios y estructuras de producción de las explotaciones agrarias, y obras de reparación de las infraestructuras agrarias de titularidad pública o privada. De esta forma, las administraciones locales podrán acogerse también a estas ayudas para realizar las actuaciones necesarias en el entorno rural de los municipios afectados.
La intención es iniciar el trámite de estas ayudas lo antes posible, puesto que, tal y como han manifestado los expertos y refleja el informe del Cabildo, muchas de las infraestructuras dañadas hicieron una importante labor de cortafuego durante el incendio, ayudando así a evitar su avance.
De esta forma, esta línea del PDR no servirá solo para paliar las pérdidas que han registrado sino que será una herramienta para mejorar zonas con mayor riesgo de sufrir este tipo de catástrofes.
SE ADJUNTA UN INFORME RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN AL PARLAMENTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CAC DE 2017, ANTE LA INMINENTE FIJACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE NUEVOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017 fijado para las Comunidades Autónomas (CCAA) en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 15 de julio de 2015, es del -0,1% del PIB y para el conjunto de Administraciones Públicas (AAPP) del -1,4% del PIB.
El 29 de abril de 2016 el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, con un objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017 para las CCAA del -0,5% del PIB y para el conjunto de las AAPP del -2,9% del PIB.
Posteriormente, el 2 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea decidió, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, una revisión de los objetivos de estabilidad permitiendo un objetivo de déficit para el conjunto de las AAPP del -3,1% para 2017.
Sin embargo, hasta la fecha no han sido aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2017 para el Conjunto de las AAPP y para cada uno de sus subsectores adaptados a la citada decisión del Consejo de la Unión Europea, que permite para el conjunto de las AAPP un 1,7% más de déficit al autorizado en virtud del citado acuerdo del Consejo de Ministros, de 10 de julio de 2015.
El actual Gobierno de España se encuentra en funciones desde el pasado 20 de diciembre, fecha de celebración de las elecciones generales, lo que ha limitado la capacidad del gobierno, ya que, el gobierno en funciones no puede presentar un proyecto Presupuestos Generales del Estado para el 2017. Esta circunstancia unida a la imposibilidad de fijar un techo de gasto que permita aprovechar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2017, ha determinado, por su incidencia, que muchas comunidades autónomas hayan tomado la determinación de prorrogar sus presupuestos.
El pasado 20 de octubre el Congreso de los diputados aprobó una proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el objeto de permitir la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para adaptarla a las decisiones del Consejo de la Unión Europea para el supuesto de que un Gobierno se encuentre en funciones.
La citada proposición se presentó el pasado 21 de octubre en el Senado para continuar su tramitación en lectura única, estando previsto que el próximo 25 de octubre se debata en la Cámara Alta.
Ante la situación expuesta, el Gobierno de Canarias, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, dando cumplimiento a la Orden número 325, de 25 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda; por la que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017, inició la elaboración del proyecto de Ley de PGCAC para 2017 en tiempo y forma.
El artículo 39 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria recoge que el proyecto de Ley de PGCAC debe remitirse al Parlamento de Canarias antes del 1 de noviembre de cada año. Sin embargo, la confección del proyecto de Ley de PGCAC para 2017 ha estado marcada de una incertidumbre en el conocimiento de los ingresos previstos por la CAC básicamente por dos razones:
– Desconocimiento de los Recursos del Sistema de Financiación:
Tradicionalmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunica a las CCAA a finales del mes de julio las entregas a cuenta del Sistema de Financiación para el siguiente ejercicio, así como la previsión de liquidación de dos años anteriores. Sin embargo, hasta el pasado 7 de octubre la CAC no disponía de la citada información que resulta esencial, dado que los recursos sujetos a entregas a cuenta y/o liquidación representan más del 60,00 % del total de los ingresos por operaciones no financieras.
En relación a ello, en la fecha señalada (7 de octubre), el Estado comunica a las CAC las entregas a cuenta de 2017 resultantes de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para 2017 y la previsión de liquidación de 2015 de los recursos del Sistema de Financiación. Procede destacar que, las cifras comunicadas, siendo necesarias y debiendo ser consideradas en los PGCAC para 2017, tienen carácter provisional y no serán definitivas hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2017, lo cual genera un marco de incertidumbre en la CAC para presupuestar unos recursos del Sistema de Financiación para 2017 que pueden diferir de los que finalmente se reciban a lo largo del citado año.
– La inminente modificación del objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017 para esta Comunidad Autónoma.
En este contexto, si bien, al día de hoy disponemos de información de los recursos del sistema de financiación con unas entregas a cuenta prorrogadas, con la falta de concreción del objetivo de estabilidad no es posible determinar el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma y por ende su distribución entre los distintos departamentos del Gobierno de Canarias. El acuerdo del Consejo de Ministro de 29 de abril propuso un incremento en el objetivo de déficit que pasaría del -0,1 al -0,5.
Estos nuevos objetivos de estabilidad fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015 pueden verse modificados de forma inminente por un nuevo gobierno o por un gobierno en funciones derivado de la aprobación de la modificación del artículo 15 de la 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ello supondría que la elaboración de un presupuesto en base a un objetivo de déficit que va a ser modificado conllevaría en estos momentos la limitación de recursos, y por ende la realización de unos presupuestos más restrictivos de los que resultarían de la transposición de la decisión del Consejo de la Unión Europea, de 2 de agosto de 2016.
La insuficiencia de recursos que reporta el Sistema de Financiación a esta Comunidad Autónoma, así como, la aplicación del vigente objetivo de déficit del -0,1%, limita la capacidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. La aprobación por este Gobierno antes del 30 de octubre del proyecto de ley avocaría a unos presupuestos más restrictivos para el año 2017 que los que resultarían de la aplicación de un nuevo objetivo de estabilidad.
No obstante lo anterior, una vez se apruebe la reforma de La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Consejo de Ministros podrá fijar nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para las CCAA que permitirán a esta Comunidad Autónoma incrementar su capacidad de gastos en 2017 para atender adecuadamente la prestación de los servicios públicos y el impulso del crecimiento económico de las islas.
En consecuencia, ante la inminente aprobación de un nuevo objetivo de déficit más flexible para las Comunidades Autónomas, el Gobierno de Canarias considera que en el contexto actual resulta responsable ampliar el plazo para la presentación los PGCAC hasta tanto no conozca el nuevo objetivo de déficit para 2017.
A la vista de las consideraciones expuestas, se estima justificado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, no se remita al Parlamento de Canarias antes del 1 de noviembre de 2016, no obstante, se están tomando y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en función de la resolución de las incertidumbres expuestas que el mismo se pueda remitir como fecha límite el 18 de noviembre para la preceptiva tramitación parlamentaria, que permita que la futura Ley de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017 esté aprobada antes del 1 de enero de 2017.