SB-Noticias.- “En el Cabildo tenemos las competencias que tenemos, y en derechos humanos no tenemos competencias”. Este fue uno de los argumentos usados hoy por la consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Delia Herrera, para justificar el rechazo del grupo de Gobierno de CC-PSOE y del grupo del PP a la moción presentada por el grupo insular de Podemos a la comisión plenaria de Empleo y Acción Exterior.
Una iniciativa que pedía, como explica el consejero de Podemos Roberto Gil-Hernández, que el apoyo de esta administración a la internacionalización de las empresas tinerfeñas asumiera la solidaridad como eje transversal, garantizando el respeto a los Derechos Humanos, la justicia, la cooperación en paz y el desarrollo sostenible.
Gil-Hernández apunta que la moción que defendió este viernes en comisión plenaria planteaba la creación de un Consejo Insular de Buenas Prácticas en la Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, así como la redacción de su reglamento de aplicación. En este consejo, añade, deberían estar representados expertos en relaciones internacionales, asociaciones empresariales, sindicales y organizaciones no gubernamentales especializadas en materia de cooperación, explica el representante de Podemos. Y detalla que su función sería dar cuenta de las intervenciones realizadas en este ámbito por parte del Cabildo, además de analizar las repercusiones de dicha interacción y sus efectos para la Isla.
Destaca que, a su vez, este consejo insular de buenas prácticas podría ser muy útil como comité asesor para aquellos casos en los que la institución insular precise de apoyos a la hora de trabar alianzas con otras entidades de rango similar en el contexto internacional, o incluso posicionarse de cara a cualquier eventualidad o conflicto que pudiera surgir lejos del Archipiélago, y apoyar medidas orientadas a su resolución.
En definitiva, apunta Gil-Hernández, “proponíamos sentar las bases para que el Cabildo asuma la responsabilidad que le toca sobre el escenario tricontinental en el que estamos insertos, y actuar en consecuencia desde nuestra escala insular para que el desarrollo de Canarias y sus diferentes sectores socioeconómicos redunde también en el desarrollo de los países que nos rodean”.
Para reafirmarse en su rechazo a la moción de Podemos, la responsable del área de Acción Exterior se ha limitado a asegurar que el Gobierno insular “no se plantea quién gobierna ni cómo se gobierna en los países con los que la institución insular tiene suscrito acuerdos”. Una afirmación “que ha quedado claramente demostrada” según el consejero de Podemos “tras escucharla decir barbaridades como que no compete al Cabildo velar por los Derechos Humanos”.
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Unid@s se puede impugnará por la vía contencioso administrativa el acuerdo de aumentar en 210.000 euros el dinero destinado a los grupos políticos
El último punto del orden del día del Pleno celebrado este viernes fue el de la propuesta de acuerdo para aumentar en 210.000 euros anuales las asignaciones a los grupos políticos municipales, medida que se aprobó con el voto favorable de los ediles de CC, PP y parte del PSOE.
Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento, aseguró que su grupo rechazaría esta medida que considera que se basa en “una artimaña política elaborada por el alcalde”. En opinión de la formación lagunera “esta propuesta vulnera la legalidad vigente, que establece que el personal de confianza o eventual de los grupos debe ser contratado con cargo a la partida ya existente en los presupuestos municipales y sin sobrepasar el cupo de 27 personas que permite la legalidad para La Laguna”.
“Con la propuesta que se llevó hoy a Pleno se trata de cubrir la necesidad de algunos grupos afines al Gobierno, “alquilando” sus lealtades y aumentar los contratados por parte del equipo que gestiona actualmente el Ayuntamiento”, explica. La dotación de la nueva partida destinada al pago de los grupos pasa de 1.500 euros mensuales a 4.416 euros mensuales, estableciéndose la posibilidad por parte del Interventor de que se realicen contratos privados con profesionales, no así personal de confianza, tal y como manifestó a pregunta del portavoz de Unid@s.
En Unid@s se puede aseguran que frente a un informe jurídico municipal en el que se basa el acuerdo de hoy, sustanciado en un artículo de la revista “El consultor de los Ayuntamientos”, existen informes de los servicios jurídicos de la Federación Española de Municipios que aclara que, conforme al artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según su título X, en los municipios de gran población, son todos los grupos políticos municipales presentes en los plenos son considerados parte de los órganos de Gobierno. Ascanio indica igualmente que el artículo 55.4 del Reglamento Orgánico Municipal también establece que “se incluirá un número de personal adscrito a los grupos y proporcional al número de miembros que lo integren, designados a propuestas de estos…”.
Indican que con esta decisión se quiere “aprobar a contraley un gasto innecesario pare el Ayuntamiento, un gasto de 210.000 euros con el fin de alquilar lealtades, un gasto en un municipio donde se le dice a familias y colectivos de todo tipo, que no hay dinero para ejecutar numerosos proyectos o para abonar en tiempo y forma ayudas fundamentales”. Rubens Ascanio recuerda que además, “se trata de un municipio que, como hemos visto en este Pleno, está todavía pagando facturas de la época de Ana Oramas y Fernando Clavijo, un municipio que gasta casi lo mismo en pagar las deudas bancarias fruto del pago a proveedores que lo destinado al área de Bienestar Social”.
Consideran grave que para resolver la falta de personal de confianza destinado a los grupos de la oposición, debate que está reflejado en las actas de las Juntas de Portavoces y en los informes jurídicos municipales, se haya optado por una vía que amplía el gasto político y que choca con lo expresado por la Asociación de Abogados y Consultores de la Administración Local que deja claro con respecto a estas asignaciones que la legalidad “es taxativa cuando establece que deben destinarse a la realización de los gastos de funcionamiento del grupo, no pudiendo emplearse en el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación”.
Finalmente el portavoz municipal anunció en su intervención que “vamos a impugnar este acuerdo por la vía contencioso administrativa, un acuerdo indigno, y que además nos ratificamos en nuestra intención no aceptar las nuevas partidas económicas indecentes aprobadas en este Pleno”.