 Jose María Coca | Consideraciones previas |
| Tacha y recusación | Pía Oramas y Sdad. de Tasación |
| Resto Peritos |  Anexo B «desaparecido« |
Según relató un apoderado de la compañía Sociedad de Tasación en la vista oral del juicio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía un «flagrante» interés en elevar la tasación de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas que compró en 2001 a Inversiones Las Teresitas, sociedad propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
Tras la testifical pendiente de José María Coca se reanudó el juicio oral con la fase pericial. Sin duda alguna, la protagonista de la sesión fue la ex-arquitecta municipal doña Pía Oramas, quien relató pormenorizadamente todas las presiones que recibió para que firmara como suya, una valoración de los terrenos superior a la que figuraba en su informe.
Tras doña Pia Oramas, sorprendió a la concurrencia la declaración de otro de los trece peritos, el apoderado de Sociedad de Tasación, José Luis Estevas-Guilmain, corroboró «el interés flagrante» del Ayuntamiento por que su empresa elevara el precio de los terrenos en su tasación. Aportó José Luis Estevas, un «anexo B«, de seis páginas que entregó al Ayuntamiento, en el que se precisaba que con los condicionantes el valor bajaba a 18 millones. La sorpresa en la sala surgió porque ese «anexo b» no figura en la copia del informe de tasación que remitió al juzgado el Ayuntamiento. Por decisión del tribunal, el «anexo B» ha quedado incorporado a la causa, pese a las protestas de los 14 abogados de la defensa que han solicitado la suspensión del juicio para estudiar sus consecuencias, una vez que el magistrado presidente, Astor Landete, accedió a admitir el nuevo documento como prueba. Las defensas alegaron indefensión y dudas sobre su autenticidad.
Tanto Pía Oramas como Sociedad de Tasación, habían calculado que los terrenos tenían un valor de unos 18 millones de euros, debido a los condicionantes que pesaban sobre el aprovechamiento hotelero de las parcelas del frente de playa, por cuestiones como el deslinde marítimo terrestre, las cesiones de aprovechamiento, la moratoria turística, la consolidación del suelo o la modificación del plan general.
Pero las presiones del Ayuntamiento doblegaron a Sociedad de Tasación, quienes realizaron el cálculo sin considerar esos condicionantes y fijó el valor de los terrenos en 45 millones de euros, considerando el 100% del aprovechamiento. No obstante, aclaró en su «Anexo B«, convenientemente desaparecido del expediente, los errores en las hipótesis de partida. Casualmente, en el «Anexo B» se precisaba que con los condicionantes el valor bajaba a 18 millones, explicó Estevas, cantidad que era un millón de euros inferior a la indicada por doña Pía Oramas.
Extracto del «Anexo 2» convenientemente «desaparecido» del expediente
José Luis Estevas añadió que decidió incorporar ese anexo al informe, pese a que acarreaba el riesgo de no cobrar el trabajo, precisamente porque el Ayuntamiento había querido que se evitaran los condicionantes urbanísticos que reducen la valoración de los terrenos. Algo que vendría a falsear la valoración, que multiplicaría por cuatro el valor real de los terrenos.
Ni la tasación de doña Pía Oramas, ni el anexo de Sociedad de Tasación, fueron finalmente incorporado al expediente de compraventa de los terrenos, por los que el Ayuntamiento pagó unos 52 millones de euros, lo que finalmente llevó a la anulación de la operación por el Tribunal Supremo.
Según relató Pía Oramas, en marzo de 2001, el Ayuntamiento pretendió que realizara el informe de un día para otro, lo cual no hizo porque era imposible en tan breve tiempo. Eso desató la ira del entonces concejal de urbanismo, Manuel Parejo, que es de «carácter irascible», según la arquitecta. Pudo finalizar su informe a la semana siguiente, pero no gustó a sus superiores, que pretendían que se valoraran los terrenos sin condicionantes, como si el aprovechamiento urbanístico fuera del 100%. Entonces, ante la negativa de la arquitecta a peritar el valor de los terrenos de forma artificiosa, por un valor muy superior al tasado, cuando el Ayuntamiento encargó informes externos a Tinsa y Sociedad de Tasaciones.
Después, en diferentes y «tensas» reuniones, los superiores de Oramas pretendieron sin éxito que suscribiera que la media entre las dos valoraciones realizadas por Tinsa y Sociedad de Tasación, en torno de los 52 millones de euros, era la correcta, según la versión de la arquitecta. Pía Oramas reveló que asistió a una reunión para la presentación de la tasación de Tinsa en la que estaban entre otros Manuel Parejo, los empresarios Plasencia y González, el director de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y el abogado Mauricio Hayek. «Estaba todo el mundo», resumió. Hayek estaba «muy nervioso» por cerrar la operación y advertía que de lo contrario se empezaría a construir.
Los empresarios también estaban interesados en cerrar cuanto antes la operación, y de eso hablaban con Rodolfo Núñez, debido a que el crédito de CajaCanarias con el que habían adquirido los terrenos en 1998 tenía una carencia de tres años que estaba a punto de cumplirse por lo que tendrían que empezar a devolver el capital, explicó Oramas.
Un año después de realizada la compraventa, cuando el juzgado de instrucción empezó a requerir documentación al Ayuntamiento, Pía Oramas dejó claro a sus compañeros de trabajo dónde estaba el informe, por si «pasaba algo». Ese extremo coincide con lo relatado por doña Luisa del Toro. El temor de Pía Oramas sobre la posible «desaparición» del informe traía causa de que su superior, Víctor Reyes, la había instruido para que si alguien le preguntaba tenía que decir no había hecho ningún informe, sino que eran trabajos internos.
En cuanto a la posible titularidad municipal de los terrenos, durante sus trabajos para valorar el frente de playa, Pía Oramas albergaba dudas, ya que una parte figuraban como propios en el inventario municipal, lo cual comunicó a la gerente de urbanismo y esta al concejal Parejo. «Todos lo sabían, yo iba por todos los despachos diciendo que esto puede ser nuestro», declaró la exarquitecta municipal.
Pía Oramas relató que hasta se le abrió un expediente supuestamente por exponer opiniones ante agentes externos al Ayuntamiento y la advirtieron con un nuevo expediente disciplinario, que supondría su expulsión, si no suscribía las valoraciones de los terrenos encargadas a las compañías de tasación.
En la sesión también declararon los peritos judiciales que realizaron un informe sobre los terrenos.
Señalaron que de los 114.000 metros cuadrados del frente de playa, 49.000 metros no son edificables, mientras que en gran parte del resto la topografía y los elevados costes de construcción por tratarse de la ladera de una montaña podrían hacer inviable el negocio hotelero que se anunciaba si el Ayuntamiento no hubiera adquirido los terrenos.