El Consejo de Gobierno declara de interés estratégico la central hidroeléctrica de Chira-Soria

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SB-Noticias.– La decisión forma parte de la estrategia de trabajo desarrollada para avanzar en la implantación de las energías renovables en las islas.

El Consejo de Gobierno acordó hoy, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, declarar de interés estratégico para el Archipiélago el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo de 200 MW de Soria-Chira en Gran Canaria con el objetivo de agilizar su tramitación en las administraciones públicas, de acuerdo con los establecido en la Ley 3/2015 de 9 de febrero sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas.

Esta declaración se enmarca dentro de la estrategia de trabajo que está desarrollando el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería que dirige Pedro Ortega, para avanzar en la implantación de las energías renovables en las islas y en el desarrollo de un sistema energético más sostenible.

La Central Hidroeléctrica de Bombeo de Soria-Chira, situada en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, consiste en un bombeo reversible que conectara dos embalses existentes situados en la zona central de la isla de Gran Canaria. Se trata de los embalses de Soria, que se utilizará como dep6sito inferior del sistema, y de Chira, que hará las veces de dep6sito superior.

Según se recoge en el informe favorable presentado por la Dirección General de Industria y Energía, la construcción de esta central tiene gran relevancia para el sector energético de Gran Canaria y es compatible con la planificación sectorial y territorial de la isla.

Explica que la puesta en marcha de centrales hidroeléctricas de bombeo resultan clave para la integración de las renovables de forma segura, sobre todo en sistemas eléctricos aislados donde los excesos de generación renovable en horas de baja demanda no son exportables y necesitan ser almacenados.

En este sentido, el informe añade que el uso de centrales hidroeléctricas, como la de Chira-Soria, permitirá además dotar de mayor estabilidad al sistema eléctrico por la rapidez de respuesta que su tecnología aporta al parque de generación actual, mejorando la garantía y la calidad del suministro actual.

Además, el proyecto de Chira-Soria es compatible con la planificación sectorial energética aprobada por el Estado para el periodo 2015-2020, con los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanísticos aplicables y con el desarrollo sostenible de Gran Canaria, dado que su puesta en marcha permitirá reducir la generación de energía eléctrica de origen convencional y con ello la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la consecución de uno de los objetivos prioritarios de la política energética del Gobierno.

Proyectos Estratégicos

La Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación, en las administraciones públicas, de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias.

En ese sentido, el texto legal establece que tienen la consideración de inversiones de interés estratégico las que sean declaradas como tales por parte del Gobierno de Canarias, en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las Islas.

Así, por ejemplo, aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipiélago, como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos, la internacionalización, entre otros, son criterios sobre los que apoyar la declaración de una inversión como de interés estratégico para Canarias.

La Ley contempla que estos proyectos pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración publica canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.

Además, se establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.

Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida. De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales.

OTRAS INFORMACIONES

El Gobierno aprueba el crédito extraordinario y lo remite al Parlamento para su tramitación urgente

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de ley de Crédito Extraordinario y un Suplemento de Crédito por un importe total de 107,7 millones que permitirá, una vez aprobado en el Parlamento, dar cobertura a gastos inaplazables y no previstos inicialmente en la Ley de Presupuestos de este año para los cuales o bien no existe crédito o el existente resulta insuficiente.

El Ejecutivo también ha acordado la concesión de un anticipo de tesorería de 35,2 millones de los créditos previstos para que desde las diferentes consejerías puedan llevarse a cabo cuanto antes las actuaciones programadas, ya que sin dicho anticipo no sería posible su ejecución dentro del ejercicio presupuestario por los trámites administrativos que llevan aparejados y, por tanto, se perdería la finalidad por la que se tramita dicho proyecto legislativo.

En rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha explicado que las necesidades que precisa atender la Comunidad Autónoma son diversas, «dado el escenario económico actual y de contención del gasto público».

A este respecto, ha señalado que los créditos que se proponen dotar a través de esta ley son el resultado de un ejercicio de «priorización» de las mismas, procurando dar cumplimiento a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016, relativa al abono de la paga extra de 2012, así como «atender las necesidades sociales más perentorias y adoptar medidas que fomenten el crecimiento y el empleo».

Por ello, de entre las múltiples actuaciones que han de atenderse sin posibilidad de demora, figura el abono del 50% de la paga extra de 2012 que aún se adeuda a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, para lo cuál el Gobierno destinará 62,3 millones del crédito extraordinario.

También se habilitarán créditos por importe de 33,2 millones de euros para reforzar el gasto social y los servicios públicos esenciales. Y el resto, algo más de 12 millones de euros, se destinará a financiar gastos inaplazables de las diferentes consejerías.

Según la consejera, las dotaciones adicionales objeto de esta ley son posibles gracias a la elaboración «rigurosa» de los presupuestos de este año, «lo que permite que, ante una actualización de la regla de gasto no financiero y un incremento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el presente ejercicio, se pueda aumentar la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma».

Así, la cobertura del crédito extraordinario proviene de dos fuentes. Por un lado, de la actualización del objetivo de estabilidad presupuestaria al pasar del -0,14% del PIB regional con el que fueron aprobadas las cuentas de 2016 al -0,3% por la aplicación de la regla de gasto, lo que supone un incremento de 69,7 millones.

Y por otro, de la liquidación definitiva de los recursos procedentes del Sistema de Financiación de la Comunidades Autónomas del ejercicio 2014, lo que significa otros 38 millones de euros adicionales.

El proyecto legislativo será remitido al Parlamento para su tramitación en lectura única, tanto por la simplicidad del texto legislativo como por la necesidad de su inminente aprobación, dado lo avanzado del ejercicio presupuestario.

El Gobierno aprueba una partida de 5,4 millones de euros para la construcción de 188 viviendas nuevas en Las Chumberas

El Gobierno de Canarias, en Consejo de Gobierno, ha aprobado hoy lunes, 1 de agosto, suscribir un convenio entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, para la reposición y reurbanización (subface B), de la urbanización Las Chumberas en el término municipal de La Laguna, por un importe que asciende a 5.433.337,34 euros.

Hay que recordar que el convenio se rubricó en noviembre de 2015, dotando de financiación las obras de reposición y reurbanización de Las Chumberas que consistirán en la demolición de los locales comerciales y las 160 viviendas correspondientes a diez bloques y la construcción de 188 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales.

Con este nuevo convenio, se compromete la financiación para la subfase B, cuya financiación es objeto de este convenio, y que consistirá en la construcción de las otras 80 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales y la reurbanización correspondiente, además de las obras de urbanización vinculadas a esta subfase B, así como las medidas de seguridad que se requieran para la totalidad de la Urbanización de Las Chumberas sobrevenidas tras la subfase A, incluidos los realojos que fueran preceptivos.

De esta forma, en este nuevo acuerdo, se contempla la aportación por parte del Estado de 2.761.910 euros; por parte del Gobierno canario de 5.433.337,34 euros; por parte del Cabildo insular de Tenerife de 552.382,10 euros y por parte del Ayuntamiento de La Laguna de 276.19,05 euros, siendo la inversión total de 9.023.820,49 euros.

El convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna cuyo objeto era acordar la financiación parcial de las obras de edificación y reurbanización del ámbito denominado ‘Urbanización Las Chumberas’, se suscribió en 2011. Con fecha 2012, se suscribió una  Adenda en la que se prorrogó su plazo de financiación hasta el 31 de diciembre de 2016.

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