La concejala Beatriz Díaz, responsable de Medio Ambiente en el grupo de gobierno, asegura que el objetivo del proyecto de Clavijo es servir a criterios discrecionales
Sí se puede lleva al pleno del Ayuntamiento de El Rosario una moción para hacer una consulta pública sobre la Ley del Suelo. La encargada de defender la moción será la concejala ecosocialista Beatriz Díaz, que desempeña en el grupo de gobierno municipal las áreas de Medio Ambiente, Agricultura y Patrimonio Histórico. Díaz propondrá a la corporación del municipio metropolitano que apruebe un acuerdo para instar al Gobierno de Canarias a que reabra el periodo de información pública del Anteproyecto de Ley del Suelo por un plazo de seis meses.
Aunque reconoce que la nueva Ley del Suelo allana algunos obstáculos burocráticos que están dificultando el trabajo de los agricultores y ganaderos, sin embargo, Díaz es firme al señalar que el anteproyecto que promueve el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tiene como objetivo principal “dejar de ser un instrumento de protección y ordenación del territorio, para convertirse exclusivamente en un documento flexible en función de criterios discrecionales”.
El plazo que se plantea en la propuesta “es un tiempo que consideramos necesario para un debate amplio de todos los sectores interesados”, explica el texto de la moción, que apunta a la necesidad de “promoverse el conocimiento y difusión a través de los medios públicos, y en la misma proporción, de las posiciones contrarias y favorables al anteproyecto de ley”, con el fin de garantizar que la opinión pública pueda formarse un criterio propio antes de participar en la consulta.
Sí se puede considera que el citado anteproyecto “es un retroceso evidente en materia de planificación urbanística y territorial en Canarias” y no duda en señalar que significa “un grave retroceso en una planificación sostenible la eliminación de la función de control que desempeña la COTMAC”, según refleja la concejala en la exposición de motivos de la moción.
Díaz defiende la necesidad de mantener la actual estructura, composición y funciones de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y rechaza que esta quede “relegada a ser un órgano de asesoramiento”, y apunta que “la experiencia del planeamiento municipal en muchos de los municipios canarios, sobre todo en las áreas más urbanizadas y en las zonas turísticas, ha puesto de relieve la necesidad de la existencia de una instancia de supervisión y control que defienda los intereses comunes de la sociedad frente a los afanes especuladores y los intereses privados desmedidos; una instancia que defienda el planeamiento y sea capaz de regular el conflicto permanente entre los intereses privados y públicos”.
En relación al papel previsto para la COTMAC en el anteproyecto, la concejala de Sí se puede recuerda que la función de este organismo fue esencial en el llamado Caso Varadero, por el que han sido inhabilitados durante siete años el exalcalde de El Rosario, Macario Benítez (PSOE), y la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora, hoy en Vecinos por El Rosario (VxER), condenados por prevaricación por haber aprobado ilegalmente un plan parcial ilegal promovido por un empresario. “Sin ir más lejos, en este caso es evidente la función de control ejercida por la COTMAC, que no es recomendable que desaparezca y deje vía libre a toda clase de posibles tropelías”, asegura.
Entre otros aspectos, Sí se puede tampoco está a favor del grado de cesión de competencias de la Comunidad Autónoma a ayuntamientos y cabildos y se suma al juicio emitido por una institución tan acreditada como la Fundación César Manrique. Igualmente, entre sus argumentos en defensa de la moción, la organización ecosocialista planteará al Ayuntamiento de El Rosario que el anteproyecto contempla la posibilidad de anular planeamientos previos en función de intereses inmediatos, públicos o privados, lo que pone en cuestión principios constitucionales, como la igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Díaz concluye su alegato en defensa de la propuesta de una consulta pública sobre la Ley del Suelo manifestando que “el Anteproyecto de Ley debilita profundamente las garantías de respeto a la legalidad”, debido a que el control previo desaparece y queda solo en pie los informes que puedan emitir las Secretarías y Servicios Técnicos Municipales, que no son vinculantes.
[MOCIÓN]
MOCIÓN RECLAMAR UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY CANARIA DEL SUELO
Beatriz Díaz, Concejala de Sí se puede, perteneciente al Grupo Mixto Municipal del Ayuntamiento de El Rosario, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 97.3 del R.O.F., presenta al Pleno del Ayuntamiento de El Rosario la presente MOCIÓN para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchos los colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas y partidos políticos que consideramos que el Anteproyecto de Ley de la Suelo es un retroceso evidente en materia de planificación urbanística y territorial en Canaria. Es un grave retroceso en una planificación sostenible la eliminación de la función de control que desempeña la COTMAC porque la experiencia del planeamiento municipal en muchos de los municipios canarios, sobre todo en las áreas más urbanizadas y en las zonas turísticas, ha puesto de relieve la necesidad de la existencia de una instancia de supervisión y control que defienda los intereses comunes de la sociedad frente a los afanes especuladores y los intereses privados desmedidos; una instancia que defienda el planeamiento y sea capaz de regular el conflicto permanente entre los intereses privados y públicos.
No es casualidad que buena parte de las asociaciones cuya creación obedece a la necesidad de canalizar la protesta contra diversos PGOs gocen de buena salud y mantengan la vitalidad de sus comienzos, entre otras razone, al ver reforzados sus planteamientos con los criterios de control que ha ido imponiendo la COTMAC en la tramitación de los diversos planes municipales. Sin la intervención ciudadana y el control de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, (COTMAC), el reducido territorio canario sería víctima de la desregulación urbanística y de la confusión interesada entre beneficio privado e interés público. Hasta ahora, la tramitación de los Planes Generales de Ordenación culmina solamente cuando se aceptan las observaciones, prohibiciones o modificaciones de la COTMAC.
Ahora nos encontramos con un Anteproyecto de Ley del Suelo, un galimatías jurídico de 408 artículos, 15 disposiciones adicionales, 23 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 7 finales, cuyo objetivo principal es dejar de ser un instrumento de protección y ordenación del territorio, para convertirse exclusivamente en un documento flexible en función de criterios subjetivos. Se establece una ordenación a golpe de necesidad sobrevenida, que en la mayoría de los casos utiliza afirmaciones genéricas como: creación de riqueza, la lucha contra la crisis económica, la agilización de los trámites al inversor, el mantenimiento de los sectores turísticos y de la construcción, etc., para castigar a nuestro territorio. Se olvida de la perspectiva de la protección y defensa de los valores naturales, pues se trata de una ley expansiva, creada para consumir más suelo y más recursos, en lugar de favorecer la rehabilitación, la reconversión y el futuro de la sostenibilidad. Parece que el objetivo principal fuera favorecer exclusivamente los beneficios de los inversores y evitar el control que el actual sistema de planeamiento único, sostenible, moderno e inclusivo proporciona, al menos en el plano teórico, pues en la práctica las conculcaciones al ordenamiento son frecuentes, pero con más posibilidades de ser sancionadas, que es otra de las cosas que, a nuestro juicio, se pretende soslayar con la nueva ley.
Por otra parte, el alcance de la cesión de las competencias de la Comunidad Autónoma a ayuntamientos y cabildos “parece no haberse valorado lo suficiente”, según el juicio que hace del Anteproyecto de Ley una institución tan acreditada como la Fundación César Manrique, que dice (citamos textualmente):
“La municipalización de los procesos de aprobación de los instrumentos urbanísticos sienta las bases de preocupantes distorsiones a varios niveles, comenzando por la invitación a generar situaciones dispares a la hora de aplicar la ley (tantas cuantos municipios hay), continuando por las dificultades técnicas, sobrecargas de trabajo, aumento de las presiones y responsabilidades ante tribunales sobrevenidas a las oficinas técnicas locales, para concluir en la inseguridad jurídica que se va a derivar de esta nueva situación y los costes económicos para los ayuntamientos. La escasez de medios y la acumulación de trabajo a los que, por lo general, están sometidas las oficinas de urbanismo de los municipios provocará, sin duda, la externalización [todavía mayor, decimos nosotros] del planeamiento, creciendo la vulnerabilidad de los procedimientos por los intereses privados de los agentes más influyentes.
Pocas dudas caben de la extraordinaria puerta que queda abierta a la conflictividad judicial, cuyas eventuales consecuencias de responsabilidad patrimonial se derivarán hacia las Administraciones locales”.
En conclusión, el Anteproyecto de Ley debilita profundamente las garantías de respeto a la legalidad, ya que el control previo desaparece. Solo quedaría en pie el de las Secretarías y Servicios Técnicos Municipales, cuyos informes no son vinculantes.
Consideramos, por lo expuesto, completamente inadmisible que la COTMAC pierda su estructura, composición y funciones, quedando relegada a ser un órgano de asesoramiento. La práctica eliminación de la COTMAC supone un enorme paso atrás en la lucha contra la corrupción y los desmanes de los intereses particulares, dado que precisamente la COTMAC es el órgano que analiza los aspectos exclusivamente legales relacionados con los intereses y las competencias supramunicipales, insulares o de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, el control judicial solo podrá ejercerse a posteriori, previa denuncia, frente a las decisiones ejecutivas de la Administración, con respecto a hechos que pueden dar lugar a situaciones irreversibles.
Otro aspecto a considerar es que con la nueva ley, cualquier proyecto que contara con la previa declaración de “interés insular o autonómico” podría ser aprobado y llevarse a la práctica en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación o calificación urbanística, imponiéndose, incluso, al planeamiento existente en el lugar del que se trate. Se podría así, en función de intereses inmediatos, públicos o privados, anular planeamientos previos, poniendo en cuestión principios constitucionales, como la igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Todos los colectivos sociales y políticos, críticos con el Anteproyecto de Ley, consideramos que están en juego intereses esenciales, que afectan a toda la ciudadanía canaria, y es necesario que toda la población pueda tomar una posición argumentada en este debate. Por estos motivos resulta preciso que el texto sea sometido a información amplia, a debate público, durante el tiempo necesario, de tal manera que la ciudadanía esté suficientemente informada y tenga una posición propia, enriqueciendo el debate. Dado que los actuales dirigentes del Gobierno de Canario cuentan con multitud de recursos públicos para expresar la opinión favorable al contenido del anteproyecto, es preciso, para que el debate público se realice en plano de igualdad, que se fomenten los encuentros públicos entre las opciones favorables y contrarias a la propuesta de ley, utilizando para ello los medios de comunicación públicos de la CAC.
Por todo lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO
Instar al Gobierno de Canarias a que reabra el periodo de información pública del Anteproyecto de Ley del Suelo por un plazo de seis meses, tiempo que consideramos necesario para un debate amplio de todos los sectores interesados. Para ello deberá promoverse el conocimiento y difusión a través de los medios públicos, y en la misma proporción, de las posiciones contrarias y favorables al anteproyecto de ley.
En El Rosario a 14 de julio de 2016.
Concejala de Sí Se puede.
Fdo.: Beatriz Díaz Hernández