Duras acusaciones a la administración de menores en Canarias por actuar contra las familias y el interés del menor

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SB-Noticias.- Acusan a la Administración de ser oscurantista, secretista y no informar a las familias afectadas, de falta de colaboración y apoyo, de gran desconocimiento de la Ley y su aplicación por parte de muchos funcionarios y de abusar excesivamente de las medidas más drásticas de la Protección, como es el desamparo para «actuar con las manos libres»…

La Sala San Borondón acogió este martes una charla-coloquio sobre “El derecho de la infancia”, a cargo de miembros de la Asociación de defensa del Menor Deniper. Intervinieron su presidenta Elsa Baute, la abogada experta Margarita López Anadón, Juan Marcihal de la Asociación de Vecinos La Arboleda, así como tres afectados que contaron sus casos.

Denuncian el papel de la Administración y de la Justicia en los casos relacionados con menores, considerando que en muchas ocasiones la Administración se convierte en el peor enemigo de las familias o afectados, en lugar de cumplir con su deber de apoyar, informar y defender por encima de todo el derecho superior del menor.

Denuncian asimismo que la nueva ley del menor, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, sigue teniendo grandes vacíos y está “coja”.

La abogada Margarita López Anadón asegura que, respecto a las medidas de protección de los menores el vacío está en el proceso administrativo. Explica que en estos procesos de desamparo, no hay información a los padres, “las familias se encuentran con una declaración de desamparo sin saber donde acudir y que hacer, en unos plazos muy cortos que tienen para oponerse…”.

La jurista asegura que cuando se produce una declaración de desmaparo, la familia se encuentra en general asustada y desasistida, frente una administración que no le da información, más allá de lo estrictamente legal, que en muchos casos los afectados no lo entienden. «No existe la cordialidad y coordinación necesarias para que las familias estén informadas y que conozcan sus derechos con el fin de que puedan actuar en consecuencia».

Además destaca que en los Juzgados no hay una defensa adecuada de las partes. Hay mucho secretismo. Margarita López explica que se resisten a entregar la documentación requerida “No te dan el expediente administrativo que pides y cuando lo hacen pueden haber pasado hasta 6 meses y estar incompletos, hecho que justifican por la protección de datos, pero cuando el juzgado pide el mismo expediente sí lo obtiene completo”.

También se muestra la abogada crítica con la actuación del Ministerio fiscal, que califica como poco activa, incluso en los casos de desamparo se limita a firmar y dar el vistobueno, pero sin más intervención.

Por todo esto la abogada reclama la obligatoriedad de una asistencia jurídica letrada  en los procedimientos administrativos relacionados con menores, “así -asegura- se podrían evitar muchas declaraciones de desamparo”.

Respecto a las medidas de protección, Margarita López considera que la Administración abusa excesivamente del desamparo, que es la medida más drástica y que está prevista para casos extremos como drogadicción, prostitución…. En muchos casos asegura que se tramitan procedimientos de desamparo cuando realmente deberían ser de riesgo o de guarda voluntaria. ¿Por qué se produce esto? La abogada es taxativa: “la administración actúa así para tener ellos el campo libre y actuar sin obstáculos, pues en los casos de desamparo “tienen la sartén por el mango”.

Por último llama la atención sobre la poca formación de los técnicos. Muchos no están colegiados y emiten informes sin cumplir ese requisito. Además son muy rehacios a la presencia de un abogado acompañando y apoyando a la familia…

 

 

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