SB-Noticias.– Los grupos políticos que conforman la Corporación municipal respaldan una declaración institucional que insta a los responsables del ejecutivo canario a aumentar el consenso antes de aprobar la Ley de Suelo.
Todos los grupos políticos que forman parte de la corporación municipal, respaldaron en el pleno del pasado viernes, una declaración institucional que insta al Gobierno Autonómico a reabrir el período de información pública del anteproyecto de la Ley del Suelo durante un plazo de seis meses. El documento aprobado sugiere que se amplíe el período de consulta para que las instituciones públicas del archipiélago como los Cabildos y los Ayuntamientos, así como los agentes implicados y la ciudadanía puedan desarrollar un análisis más sosegado, riguroso y participativo con quien promueve la nueva ley, que permita dotar de seguridad jurídica la futura gestión de nuestro territorio, elemento esencial para el desarrollo económico y social de Canarias.
La declaración institucional aprobada solicita al ejecutivo canario que planifique un calendario en el que las instituciones, agentes sociales implicados, partidos políticos y ciudadanos, sean partícipes del contenido normativo, así como el resultado generado. El documento también recoge la solicitud por parte del Ayuntamiento al Gobierno regional para que articule los mecanismos necesarios para que la ciudadanía conozca el contenido del anteproyecto de ley, así como los medios que permitan a los ciudadanos poder aportar sus posicionamientos y valoraciones.
El texto, por último, también plantea que se garantice que la norma resultante respete los principios de desarrollo sostenible, la subordinación al interés político, la coherencia de la ordenación urbanística, así como la participación ciudadana y la información pública.
El Gobierno de Canarias ha desarrollado durante más de veinte años una legislación territorial ampliamente consensuada, culminando ese proceso con las directrices de ordenación del territorio en el año 2003. Teniendo en cuenta que la legislación en una materia tan importante, se ha llevado a cabo tratando de satisfacer los principios de vertebración territorial, sumado al hecho de la riqueza de nuestro territorio, con una superficie protegida de más del 40 por ciento, sea uno de nuestros reclamos fundamentales para la principal actividad económica, son motivos según se desprende de la declaración más que suficientes para reflexionar y profundizar acerca de los aciertos y deficiencias que se puedan encontrar en la ley que se va a aprobar y que marcará el futuro territorial del archipiélago.
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El Ayuntamiento insta al gobierno estatal y autonómico a mejorar las políticas para luchar contra la Violencia machista
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado por unanimidad, una declaración institucional en la que se insta a los gobiernos estatal y autonómico a reponer y dotar las partidas presupuestarias que se han recortado en los últimos años destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. La declaración recoge la importancia de asumir como una auténtica cuestión de estado la lucha contra la violencia contra las mujeres, sobre todo después de conocer los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan al Archipiélago canario a la cabeza en datos de violencia de género. Según los datos del CGPJ, Canarias registra una ratio de 22 casos por cada 10.000 mujeres, una cifra muy por encima de la media nacional que es de 13 casos de violencia por cada 10.000 mujeres.
El documento aprobado recoge la solicitud de varias medidas, por un lado, insta al gobierno autonómico a activar la composición de la Unidad de Coordinación contra la violencia de género, a seguir avanzando en el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Por otro lado, también se solicita al gobierno estatal de la reactivación del Plan Nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, incorporar ya al currículo la formación específica en Igualdad, Educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género en todas las etapas educativas, así como reclamar la puesta en marcha de un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
La declaración también recoge la obligación de que los magistrados, abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en juzgados especializados de violencia de género, dispongan de la formación específica impartida por una institución acreditada, así como que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado completen cada dos años su formación en la materia. El texto también plantea por último, que se desarrolle e implemente el convenio de Estambul, concebido como el Tratado Internacional de mayor alcance para frenar la deleznable violación de los derechos humanos establecido y defendiendo una tolerancia cero con la violencia de género.
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Diana Mujica ha asegurado que “esta declaración supone que todos los grupos políticos que conforman este Ayuntamiento se pongan de acuerdo en exigir de una vez por todas que la lucha contra la violencia machista se tome en serio y sea una cuestión de estado, sobre todo después de volver a confirmar que desgraciadamente seguimos estando a la cabeza en todo el territorio nacional en casos de violencia machista”.
El trágico balance del primer semestre del año de la violencia contra las mujeres en España es de 23 mujeres y un bebé asesinados y doce niños huérfanos, datos de una lacra execrable que no deja de sumar víctimas. A estos datos, se podrían sumar otras cinco mujeres cuyas muertes se encuentran en investigación, y el caso de una niña asesinada a manos del hombre que en ese momento se encontraba con su madre. Ocho de esas mujeres asesinadas habían denunciado a sus agresores, y aunque cinco de ellas solicitaron medidas de protección, solo dos las tenían en vigor.