Rueda de Prensa
SB-Noticias.- El Sindicato CCOO Canarias informa que ha iniciado acciones penales contra los responsables del recorte del 20% de la jornada y el salario del sector del personal laboral de la Comunidad Autónoma, recientemente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Así lo indican los secretarios generales del Área Pública de CCOO Canarias (José Ramón Barroso, José Alonso Rodríguez Tapia y Pedro Moreno), además del secretario general de la Confederación Sindical de CCOO Canarias, Carmelo Jorge Delgado.
Recordemos que el pasado mes de abril, el TC anuló la norma del gobierno de Canarias, promovida por el ex consejero socialista Fracisco Hdez Spínola en 2013, que recortaba un 20 % el número de horas y salario a aquellos empleados públicos de la Comunidad Autónoma en condiciones más débiles: unos 5.000 interinos, temporales, indefinidos y a trabajadores a tiempo parcial, en particular vigilantes de comedores escolares que percibían cantidades inferiores a 500 € al mes.
Francisco Hernández Spínola es el actual candidato socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al Congreso en las próximas elecciones del 26 de junio.
Santiago Pérez, que en su momento asesoró a los trabajadores, recomendándoles que denunciaran a la Comunidad Autónoma por inconstitucionalidad, asegura que el Gobierno de Canarias actuó de forma repugnante, perpetrando un recorte contra los trabajadores en peores condiciones laborales “el Gobierno podía haber rebajado un 1 % a todos los empleados públicos, sin embargo eligió a un grupo con unos salarios ínfimos para rebajarles nada menos que el 20 %”.
Por otra parte, denuncia Pérez que el Gobierno de Canarias (de CC-PSOE) en su proyecto Ley de Presupuestos no incluyó este recorte, sin embargo y el último día añadieron esta enmienda “para que los grupos parlamentarios no pudieran contra enmendar”.
Santiago Pérez destaca además lo malicioso de incluir esta norma en la la Ley de Presupuestos, pues una norma con rango de Ley no se puede recurrir (salvo un número reducido de diputados, senadores, el Parlamento o el propio Gobierno).
Pero lo más indigno que realizó el entonces Consejero de Presidencia fue dar marcha atrás, cuando la presión de los trabajadores y sindicatos fue a mayores, revocando la reducción salarial con la condición de que retirasen la denuncia a la Comunidad Autónoma.
Y ciertamente muchos empleados lo hicieron, sobre todo por las circunstancias económicas, pero otros siguieron adelante con la denuncia y ahora reciben la compensación por parte del Tribunal Constitucional.
Ya en su momento el Gobierno de Canarias reconoció que había forzado la Ley para aplicar la medida y retiró la medida en parte también temiendo que los recursos ante los tribunales de los empleados y sindicatos dejasen a la Comunidad Autónoma «en un serio aprieto», como finalmente ha ocurrido.