Entre los denunciados figuran Javier Armas, actual Director General de Tesorería del Gobierno de Canarias y Glaribel González Ortega, Secretaria del Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias.
El Juez de Valverde ha pedido la apertura de juicio oral, tras diez años de investigación aportando un sumario de dieciocho tomos, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación medioambiental, delito contra la ordenación del territorio, con aplicación por afección de un espacio natural protegido en algunos de los casos y desobediencia.
El Informe del Ministerio Fiscal denuncia a los altos cargos del Cabildo Insular de El Hierro en materia de residuos durante el periodo 2003 a 2011, en los que se encuentra el actual Director General de Tesorería del Gobierno de Canarias y la Secretaria del Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Javier Armas González y Glaribel González Ortega respectivamente, así como la funcionaria y técnica de residuos del Cabildo Insular de El Hierro y el actual Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y ex-representante de la Federación ecologista Benmagec en la isla de El Hierro, Fernando Gutiérrez, como propietario de un desguace ilegal.
Tal como desprende de un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), integrado en el sumario y emitido en el año 2010, se constatan vertidos en la zona de La Dehesa (en el Municipio de Frontera). Concurren además que se encuentra dentro de los límites del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera, obrando antecedentes por apertura de zanjas, vertidos de toda clase de residuos, quema y enterramiento, desde el año 2005, incumplimientos del plan rector y del decreto legislativo 1/2000 por afección a zona de uso moderado.
Ante la gravedad de los hechos, en el caso de las áreas integradas en de la Red Natura 2000, protegidas por las tres directivas europeas, con clara incompatibilidad parcial con la Zona Especial de Conservación con hábitats naturales de interés comunitario, y Zona Especial de Protección de las Aves, el Juez de instrucción dictó un Auto en 2011, como medida cautelar de suspensión de la actividad por el sistema de excavación de zanja. Este vertedero también está denunciado por el Tribunal Europeo.
Por lo que se refiere a la actividad de desguace de vehículos el Juez de instrucción describe que, respecto de la actividad de almacenamiento y gestión de vehículos fuera de uso que hay en la zona de la Hondura-El Majano, en el municipio de Valverde, se emitió informe por la APMUN, que describe unos 14.000 metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización, bidones con aceite que vierten directamente al suelo, además de carecer de todo tipo de permisos, licencias y autorizaciones y de clasificación territorial. El suelo está clasificado de suelo rústico de protección paisajística, valorando de significativo el daño ambiental producido. A pesar de que se emitieron dos resoluciones municipales que decretaban la suspensión de la actividad de desguace y la apertura de dos expedientes sancionadores por parte de la APMUN, la actividad continuó hasta la orden de clausura como medida cautelar por parte del Juez.
Otro de los vertederos denunciados por el Ministerio Fiscal, es el de La Cumbrecita, en el municipio de Valverde. De los informes recabados del SEPRONA y la APMUN se desprende que, desde el año 2007, se realizó por el Cabildo Insular una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización. El suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, habiéndose analizado la incidencia que tal actividad ha podido producir sobre los recursos naturales, e informándose que en el caso del suelo el daño es ya irreversible.
La asociación ecologista Ossinisa, denunciante y personada en este caso, pide las penas máximas para los imputados y la restauración de los vertederos a cargo de los responsables, así mismo, emplaza a las instituciones insulares a estar permanentemente vigilantes en la defensa y el cuidado del patrimonio natural.
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