La Plataforma Salvar Canarias denuncia el Anteproyecto de Ley del Suelo, redactado a instancias del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y actualmente en fase de tramitación, es una iniciativa neoliberal y regresiva, que tendrá efectos devastadores para el futuro del territorio y los recursos naturales de las Islas. Responde básicamente a intereses empresariales y tiene una concepción históricamente desfasada del urbanismo, que nos conducirá –en caso de aprobarse– a una nueva burbuja inmobiliaria con mayores consecuencias de corrupción, desempleo y degradación del territorio que las que estamos soportando en la actualidad.
La Plataforma hace un llamamiento a los colectivos sociales, profesionales, vecinales y a la ciudadanía en general a movilizarse contra este anteproyecto de Ley, porque:
Potencia sin freno un modelo desarrollista, especulador y depredador de recursos y del territorio y supone una involución en el terreno de la planificación urbanística, retrotrayéndonos a la época en que no existía planificación a nivel de Canarias. Para facilitar esto, vacía de competencias al único órgano regulador y de control existente en el Archipiélago: la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).
Hace que la Comunidad Autónoma renuncie a sus competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, a favor de los 88 municipios y 7 cabildos insulares y deja en manos de los ayuntamientos hacer y deshacer en su territorio, sin responder ante ningún control superior. Así, el proceso urbanizador se iniciará y terminará en el ámbito municipal y los sectores sociales perjudicados sólo tendrán opción a la vía judicial para defender sus intereses.
El 40% de los ayuntamientos canarios (35 de los 88 existentes) se han encontrado o se encuentran afectados judicialmente por presuntos casos de corrupción urbanística, lo que sin duda se agravará con la nueva Ley, que además favorecerá la mercantilización del territorio, lo que pondrá en grave riesgo nuestros suelos agrarios y costas.
Se ha negociado a espaldas del pueblo y sus organizaciones (sindicatos, asociaciones ecologistas y vecinales, plataformas sociales, etc.), pero sí se han tenido en cuenta los intereses de las grandes patronales Canarias: CEOE de Tenerife y CCE de Las Palmas. La ciudadanía sólo ha tenido un exiguo período de información pública para hacer sus alegaciones, sin la más mínima garantía de que éstas sean acogidas.
En resumen, esta Ley no es para dar facilidades a los pequeños propietarios de suelo, sino para conceder mayores ventajas especulativas a los que siempre han gozado de ellas: caciques y grandes empresarios.