SB-Noticias.- El pleno del Cabildo aprobó este viernes por unanimidad la realización de 14 proyectos en siete municipios valorados en 2,64 millones de euros de los que la Corporación insular aportará 2,57 con cargo a la primera anualidad del Plan de Cooperación 2016-2019 y el resto lo aportarán dos ayuntamientos.
Se trata de la dotación de abastecimiento de Cuesta Arenas, en Arucas, por 117.000 euros; la reestructuración y mejora de la Biblioteca Central de Santa Lucía, donde también se han aprobado proyectos relacionados con su colector de saneamiento y la calle La Centrífuga, con un coste total de 1,08 millones, y de otras tres actuaciones en Teror valoradas en algo más de 315.000 euros: la mejora de los accesos al casco, la rehabilitación del albergue de Los Sequeros, en Los Llanos, y la rehabilitación de la Calle El Chorrito, en San Isidro.
Con cargo a esta primera anualidad del Plan de Cooperación, el Cabildo sufragará también la casi totalidad de dos proyectos en Tejeda: la renovación de distintos tramos de su red de saneamiento y la obra de la plaza pública y el local social de La Degollada, cuyos costes ascienden a 116.000 y 112.000 euros aproximadamente. En ambos casos, el Ayuntamiento solo tendrá que pagar 11.266,64 euros, al igual que en Mogán, donde la Corporación Insular asumirá 254.000 de los casi 300.000 euros que costará sustituir el césped artificial y el sistema de riego del campo de fútbol de Arguineguín. También en Mogán, el Cabildo costeará el cien por cien del asfaltado de la avenida El Castillete, al que destinará 86.000 euros.
Otros proyectos importantes aprobados este viernes por el pleno han sido el cruce de instalaciones en la GC-100 a su paso por El Cubillo, en Telde, en el que se invertirán 175.000 euros divididos en dos partidas, y la pavimentación asfáltica, por 337.000, de distintos puntos del municipio de Agüimes.
Salvo en los casos de Telde y Tejeda, el pleno acordó además autorizar a los ayuntamientos a iniciar la contratación y ejecución de sus respectivas actuaciones.
En total, los ayuntamientos han propuesto para 2016 la realización por 15 millones de 94 proyectos, de los que el Cabildo ha autorizado más de la mitad en sus últimos dos plenos. Las mancomunidades, por su parte, han planteado para este ejercicio otras 25 actuaciones valoradas en 3 millones, de las que tres, consistentes en la redacción de proyectos para mejorar la eficiencia energética de alumbrado y edificios públicos de la comarca Norte, fueron autorizadas en el pleno anterior.
A medida que consistorios y mancomunidades presenten la documentación correspondiente, las cifras se irán incrementando hasta alcanzar las 119 actuaciones previstas para este año, que supondrán una inversión final de 18 millones solo en 2016.
2016-2019
Al término del período en curso, en 2019, la Corporación insular habrá destinado al Plan de Cooperación 72 millones de euros. De ellos, 60 se invertirán en proyectos municipales y 12 en las tres mancomunidades, a razón de tres millones por comarca.
La mitad de esa cifra será para actuaciones que promuevan la dinamización económica, la creación de empleo y el cambio hacia un modelo económico sostenible, mientras que la otra mitad se destinará a infraestructuras y equipamientos básicos, para que todos los grancanarios disfruten de los mismos recursos con independencia de donde vivan.
Dado su buen funcionamiento, se mantienen los criterios de reparto establecidos hasta la fecha para los ayuntamientos, de forma que el 25 por ciento del presupuesto se distribuirá de forma igualitaria y el 75 por ciento restante en función de la población. Las mancomunidades, por su parte, recibirán un millón de euros al año para obras mancomunadas supramunicipales.
El carácter cuatrienal del plan permitirá por último una mejor planificación, algo fundamental teniendo en cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que todas las obras de inversión sean ejecutadas antes de acabar el año y a destinar a deuda pública el dinero no invertido.
Los planes de cooperación con los municipios se pusieron en marcha hace 20 años y en estas dos décadas se han invertido en Gran Canaria 400 millones de euros que han permitido ejecutar en torno a 4.000 obras.
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El Cabildo acuerda instar al Gobierno de España a restablecer la universalidad de la Sanidad Pública
El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, con la abstención del PP, una iniciativa presentada por el grupo de gobierno en la que insta al Gobierno de España a restablecer la universalidad de la cobertura del sistema nacional de salud.
El acuerdo pide la derogación del decreto de reforma sanitaria del Gobierno, del que ahora se cumplen cuatro años, que entre otros recortes expulsaba de la cobertura pública sanitaria a la población extranjera sin permiso de residencia, y que “desde el primer día fue rechazado por profesionales sanitarios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales”.
Además, en estos cuatro años de exclusión de la población extranjera no se ha producido ningún ahorro para el sistema sanitario y en cambio ha provocado un agravamiento de la situación sanitaria de numerosas personas.
El Cabildo promoverá asimismo la reforma consensuada de la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad del sistema “con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización”.
El objetivo es reforzar la gestión pública del sistema y una mayor coordinación con las comunidades autónomas entre otras medidas que según recoge el acuerdo debe impulsar el gobierno y consensuar con todas las fuerzas políticas.
El pleno insta por unanimidad al Estado a dar cabida a los cabildos en la coordinación aeroportuaria
El pleno del Cabildo de Gran Canaria debatirá este viernes una moción para instar al Gobierno de España a modificar el decreto que regula los Comités de Coordinación Aeroportuaria y dé más participación a los cabildos, ya que están presentes los ayuntamientos afectados por las servidumbres, pero no el Gobierno de la Isla dada su visión integral del territorio.
A instancias del grupo de gobierno, la moción pide la modificación de los artículos 2 y 11 del Real Decreto 697/2013, de 20 de septiembre, que regula la organización y funcionamiento de los Comités y que obvia la participación de los cabildos en los órganos en los que se tratan tenas como la ampliación aeroportuaria o el desarrollo de los territorios anexos.
Por esa razón, solicita que el Gobierno estatal modifique el artículo 2, que regula la composición de los Comités, para permitir al menos la representación de las Islas cuyos aeropuertos registran mayor tráfico.
Con 10,6 millones de usuarios en 2015, el de Gran Canaria es el primer aeropuerto de Canarias y el quinto de España, tanto por tráfico de pasajeros como de mercancías y por número de operaciones.
El decreto recoge también la posibilidad de constituir una Comisión de Coordinación en los aeropuertos cuyo tráfico anual supere los 8 millones de pasajeros, de ahí que la moción pida también modificar su artículo 11, el que regula la composición y funcionamiento de las Comisiones, para que los cabildos se conviertan en miembros natos y se haga efectiva la constitución de la Comisión de Coordinación del Aeropuerto de Gran Canaria.
Todo ello porque “resulta obvia la absoluta dependencia de Canarias de sus infraestructuras aeroportuarias, hasta el punto que la paralización de sus operaciones supondría el colapso de nuestra economía”, que depende en más de un 30 por ciento del turismo y, por tanto, de la operatividad de los aeropuertos.
Según el “Estudio del impacto social y económico de los aeropuertos en Europa”, elaborado para el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), el Aeropuerto de Gran Canaria genera 600 empleos directos por millón de pasajeros, es decir, de 6.360 puestos de trabajo directos y unos 81.593 indirectos en 2015.
La moción se sustenta además en tres normas fundamentales, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de Cabildos, que otorgan un peso específico a los Gobiernos insulares con competencia en materias que pretenden coordinar los comités: la ordenación del territorio, la accesibilidad, la intermodalidad y el medio ambiente.
“Resulta cuanto menos asombroso que el legislador estatal desconozca la norma básica del ordenamiento jurídico español, es decir, la Constitución Española de 1978, que en su artículo 141.4 determina que, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos”, subraya el texto.
El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 23.3, establece por su parte que “los cabildos constituyen los órganos de gobierno, administración y representación de cada Isla”, mientras que el artículo 2, de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares subraya que éstos son ”instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias”, concluye la moción.