Declaraciones de amistad expresadas por Rafael Fernández Valverde en unas Jornadas celebradas el 30 de octubre de 2014, en el Parlamento de Canarias en el X Foro de la Justicia: El consumidor financiero en el contexto actual
El Parlamento de Canarias fue sede en octubre de 2014, de una Jornadas sobre la Justicia, promovidas por AUSBANC, con la presencia de destacadas figuras de la política y la justicia. Participaron Guillermo García-Panasco, fiscal jefe provincial de Las Palmas; Alfonso Cavallé, presidente del Órgano de Control de Cláusula Abusivas y Decano del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y Antonio Castro Cordobez (entonces Presidente del Parlamento de Canarias).
Llamativas declaraciones de amistad, tal como destaca xornaldegalicia.es, las que pronunció Fernández Valverde en dichas Jornadas: «Comenzó hablando con especial cariño sobre su paso por Canarias y agradeció a Ausbanc su invitación, organización a la que consideró como “una buena amiga”.
Estos días hemos conocido escandalizados, la noticia de que Jueces de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores cobraron de Ausbanc por impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organiza esta asociación desde 2010, según reconocen magistrados de estos órganos judiciales.
Las cantidades que percibieron oscilaban entre 800 y 1.500 euros en función de la importancia de cada seminario y el lugar de celebración. Algunos jueces rechazaron cobrar y ofrecieron el número de cuenta corriente de una ONG para que se derivara el pago a una causa solidaria. Los actos principales los presidía Luis Pineda Salido, presidente de Ausbanc, y en las ocasiones más solemnes se cerraban con una comida o un vino español. Un portavoz de Ausbanc niega que se haya pagado por estas charlas a ningún juez.
Según publica El País «Luis Pineda, encarcelado el pasado lunes por extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen, pagó a numerosos jueces por asistir a sus cursos. El presidente de Ausbanc pretendía, de esta forma, estrechar vínculos y relaciones con jueces y magistrados en cuyos órganos podrían recaer pleitos que interponía en nombre de sus consumidores. Además de estos foros, Ausbanc cuenta con revistas y publicaciones en las que colaboran miembros de la judicatura. De hecho, en algunas cartas enviadas a entidades financieras Pineda pedía publicidad con el argumento de que jueces que ”meten multas” escribían en sus publicaciones».
El abogado José Manuel Rivero reclama que se incoen expedientes disciplinarios, ante esta noticia alarmante y descriptiva de un estado mafia, por parte del Consejo General de Poder Judicial, suspendiendo cautelarmente a estos Jueces. Indica que «la apariencia de imparcialidad de éstos en entredicho y generador de más desconfianza en el Poder Judicial español. Depuración de responsabilidades inmediata».
Tal como publica el Editorial de El País -que reproducimos íntegramente a continuación- «Los jueces deberían cuidar quién les paga sus cursos y conferencias»:
«La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), integrada por siete personas, salió ayer en tromba contra una información de EL PAÍS. Este periódico daba cuenta de que jueces de diferentes instancias cobraban de Ausbanc, una organización dedicada presuntamente a la extorsión de empresas y particulares por el procedimiento de llevarles a los tribunales si estos no pagaban lo que aquella les pedía. Sin embargo, como las cantidades satisfechas por Ausbanc a los jueces lo eran a título de “conferencias”, la permanente del CGPJ se agarra a la letra de la ley para asegurar que esa actividad es totalmente compatible con el ejercicio de la función de juez.
Una vez más, se cumple el adagio “hecha la ley, hecha la trampa”. Si la ley dice que los jueces pueden dedicarse a “la docencia o investigación jurídica” y el gobierno de los jueces interpreta que eso es lo que hacen los magistrados cuando dan conferencias o cursos —les pague quien les pague—, habrá que convenir en que formalmente pueden tener razón.
Otra cosa es la duda razonable que deja el intento de utilización de jueces y fiscales como parte del entramado urdido por Ausbanc y Manos Limpias. Luis Pineda, presidente de Ausbanc, encarcelado por el juez Santiago Pedraz en el marco de la investigación llevada a cabo en la Audiencia Nacional, presumía de tener amigos en la Justicia cuando presionaba a los bancos para que pagaran los convenios publicitarios en sus revistas a cambio de seguridad jurídica. Podrá argumentarse que esas circunstancias no eran conocidas por los magistrados invitados a dar conferencias —aunque la imagen de Ausbanc acumula muchos años de deterioro—. Pero que el gobierno de los jueces trate de echar tierra sobre ese asunto solo con la afirmación de que nada hay de reprochable sí que llama la atención. No estará tan claro cuando varios de los invitados se negaron a participar o devolvieron sus emolumentos, mientras otros jueces están estupefactos ante las prácticas de ciertos compañeros.
El Consejo del Poder Judicial, presidido actualmente por Carlos Lesmes, lleva una vida complicada. Sus renovaciones periódicas se encuentran sometidas a fuertes tensiones, puesto que corresponde a los partidos políticos, en última instancia, designar a sus miembros. Cuando se conocieron los importantes gastos privados que su entonces presidente Carlos Dívar cargaba al erario, también hubo la tentación de mirar hacia otro lado o recurrir al argumento de prácticas vagamente generalizadas.
A partir de estas premisas no es difícil deducir la debilidad de fondo del órgano de gobierno de los jueces y la fragilidad de los magistrados, titulares de un poder cuya independencia está garantizada por la Constitución. Esa independencia puede quedar en entredicho cuando, en lugar de intranquilizarse ante la posibilidad de que haya sido inquietada desde una organización de presuntos extorsionadores, lo que preocupa al gobierno de los jueces es dejar claro que dar conferencias es legal. Como hacen los políticos, más o menos, cuando se les descubre en situaciones comprometidas».